El Ministerio de Justicia belga afirmó que, teniendo en cuenta que el expresidente ecuatoriano es un refugiado, Bélgica no aceptará ninguna petición de extradición de Ecuador.
El Gobierno de Bélgica confirmó al equipo de abogados del expresidente Rafael Correa que su estatus de "refugiado político" le protege frente a una hipotética extradición, después de que las autoridades ecuatorianas anunciaron el iniciado de los trámites.
Europa Press reportó este 6 de mayo de 2022 que el Ministerio de Justicia belga, a través de su dirección de Legislación, Libertades y Derechos Fundamentales, afirmó que Bélgica no aceptará ninguna petición de extradición de Ecuador.
Así lo informó también el grupo legal del exmandatario a través de un comunicado.
Bruselas garantiza también que no atenderá ninguna petición judicial de índole internacional si se entiende que hay "motivos políticos", como consta en la respuesta de la autoridad belga a un correo electrónico enviado por los abogados de Correa.
El abogado coordinador de la defensa internacional de Correa, Christophe Marchand, celebró esta repuesta y señaló que "cualquier autoridad independiente que examine lo que sucede en Ecuador se da cuenta de la manipulación de la justicia que tiene lugar con fines políticos".
Según Marchand, Bélgica ha reconocido que los procesos penales abiertos en su contra fueron “manifiestamente contrarios al derecho a un juicio justo”, por lo que "también se negará a cooperar con la justicia ecuatoriana en el marco de procesos políticos”.
Los juristas que asisten a Correa explicaron, además, que la Interpol se negó a través de la Comisión de Control de Expedientes a emitir las notificaciones rojas solicitadas por Ecuador por “la apariencia de flagrante denegación de justicia y del carácter político del caso”.
El trámite en Ecuador
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador inició el 21 de abril el proceso de solicitud de la extradición de Correa, condenado en 2020 a ocho años de cárcel por cohecho y prófugo de la Justicia en Bélgica.
En cambio, Bélgica había reconocido al expresidente como refugiado político el 15 de marzo “debido a los juicios políticos de los que es víctima en Ecuador”, explicó en un comunicado la firma de abogados Jus Cogens, que precisó que esa decisión es firme desde el 15 de abril.
Y la Cancillería ecuatoriana, en calidad de canal diplomático de traslado de la información judicial, no ha recibido todavía este expediente, como lo confirmó su titular, Juan Carlos Holguín, este 6 de mayo, por lo que no se ha iniciado el proceso como tal.
En días previos, el mismo Canciller sostuvo que no hay ninguna persecución política y que, por tanto, el Ejecutivo de Guillermo Lasso lo considera "un prófugo de la Justicia". Y que, por ende, su estatus de refugiado no debería afectar un proceso de extradición.
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