Caso Amistad: Juez dicta prisión preventiva contra la abogada Bibian Hernández

El juez José Cornejo, de la Unidad Especializada en Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, al concluir la audiencia, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Bibian Hernández, por presunto lavado de activos, en calidad de autora, en el caso Amistad.

Según la Fiscalía, de 2016 a 2023 habría movido alrededor de USD 22,4 millones, de los cuales no habría justificado USD 18 millones. Además de solicitar prisión preventiva contra Hernández, la Fiscalía requirió la retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes.

Además, para Luis O. y Ericka C., procesados como presuntos colaboradores del hecho investigado, el juez nacional les dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

La instrucción fiscal durará 90 días.

El abogado Zambrano también criticó que en la investigación previa no se allanó la casa de Hernández, sino que la Fiscalía ingresó a la vivienda de su madre que es una mujer de la tercera edad y no encontró nada.

Además, señaló que en esa casa se encontró una fotografía de Bibian Hernández junto al periodista Carlos Vera y la fiscal Diana Salazar. En una entrevista previa, Zambrano señaló públicamente que Hernández y Salazar tenían una amistad y que mantuvieron una reunión reservada para hablar de un posible juicio politico en contra de Salazar y del caso de lavado de activos de Hernández.

Tras la divulgación de esa fotografía, Salazar negó la existencia de una amistad y de esa reunión. Mientras que Verá informó que es foto ocurrió en Canal 1, cuando entrevistó a Salazar y Hernández le pido de favor asistir para poder conocer y fotografiarse junto a la Fiscal General.

La foto a la que hace alusión la defensa técnica de una procesada, fue pedida después de esta entrevista en 2019. Que responda ante la justicia como corresponde, no con HISTORIAS.https://t.co/7HqkUlMHO7

— Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) March 20, 2024

Alfonso Zambrano, abogado de Bibian Hernández, dijo que es cierto que su defendida se graduó de abogada recién en 2021, pese que desde 2016 ya empezó a generar ingresos por asesorías relacionadas al derecho.

El abogado aclaró que ella nunca firmó un documento o un escrito como abogada antes de graduarse. Sino que entregaba el servicio de asesoría financiera, contable y legal.

Además, Zambrano señaló que la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE) no ha reportado ningún movimiento bancario o financiero, relacionado con Hernández, que suponga que está persona o sus compañías recibieron dinero ilícito y lo transformaron.

Agregó que tampoco el Servicio de Rentas Internas (SRI) ha mostrado información que pruebe o evidencia que Hernández y sus compañías hubiese incurridos en defraudación tributaria.

"Si el informe de la UAFE fuera suficiente, entonces no necesitaríamos un proceso. Sino, usted señor juez escucharía el informe e interpondría una sentencia de tantos años", señaló Zambrano, quien previamente defendió a Rafael Correa en el caso Sobornos 2012-2016

Según Zambrano, el informe de la UAFE no es una prueba por sí sola. Sino que es un documento con el que la Fiscalía debe trabajar e investigar. Y que, en este caso, el Ministerio Público así lo ha hecho.

Y que tras esas investigaciones y pedidos de información, lo único que se ha encontrado es los movimientos bancarios, financieros y migratorios de Hernández. Pero ningún indicio de un lavado de activos, ya que no hay evidencias del origen ilícito de los activos producto de su actividad economica.

Sobre el contrato con la FEF, por ejemplo, Zambrano indicó que el organismo deportivo pagó a Hernández por una asesoría, que ella le entregó en conjunto con un equipo de abogados. Y que de lo cobrado, si defendida facturó y tributó. Es decir, según el abogado, no hay ninguna irregularidad.

Tras exponer el resto de su teoría del caso, el fiscal del caso solicitó la prisión preventiva en contra de Bibian Hernández, ya que dijo que las otra medidas alternativas serían insuficientes para garantizar su presencia en un eventual juicio

Mientras que para Luis Ortiz y Ericka Carvajal, en calidad de colaboradores, solicitó la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante las autoridades judiciales de Guayaquil.

Ahora, los abogados de los procesados deberán argumentar acerca de estas propuestas de medidas. Aceptándolas o oponiéndose mostrando arraigos y justificaciones legales.

Y, finalmente, el juez Cornejo deberá decidir si acoge el pedido de la Fiscalía. Además, tras la formulación de cargos quedo abierta la etapa de instrucción fiscal que durará 90 días, es decir, hasta mediados de junio de 2024.

Durante el inicio de la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía indicó que, entre 2016 y 2023, Bibian Hernández y sus empresas movieron en el sistema financiero USD 22,4 millones. A pesar de que sus declaraciones en el SRI (de ella y sus empresas) reportan apenas USD 4,4 millones de ingresos.

Por lo tanto, el Ministerio Público presume un lavado de activos por USD 18 millones. Entre los indicios que constan dentro del expediente, que por ahora tiene 85 cuerpos, constan facturas inorgánicas, contratos sin objetivo y transacciones de grandes cantidades de dinero en efectivo.

Mientras tanto, Bibian Hernández llevaba una vida acomodada, con autos de lujo, un penthouse y dos villas en una exclusiva urbanización en Samborondón.

La investigación de la Fiscalía se centra en Bibian Hernández y, al menos, dos empresas en las que ella es accionista: Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV y Global Strategy Law BHV.

De acuerdo con el reporte de la UAFE presentado por la Fiscalía, tanto Hernández como sus dos empresas tienen relaciones con el mundo del fútbol: la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el Barcelona Sporting Club y Servisky, la empresa del Canal de Fútbol.

El reporte de la UAFE señala que la FEF es el cliente principal de Bibian Hernández. Entre 2017 y 2019, registró ingresos al SRI por USD 770.085 desde esa fuente. Mientras que en el sistema financiero se encontraron depósitos en efectivo por USD 462.739 y transferencias y cheques por USD 467.739.

Véliz, nuevo abogado de Carvajal, pidió que se declare nula la primera parte de la audiencia de formulación de cargos, ya que no están los mismos abogados que iniciaron la diligencia. Este pronunciamiento fue secundado por Karla Herrera, representante de la Defensoría Pública.

Pero, el juez Cornejo negó el pedido de nulidad, ya que no es el momento procesal oportuno para analizarlo.

Además, dijo que ya ha concedido varios pedidos de diferimientos por diversos motivos y que en el último intento advirtió que la audiencia se haría sin ningún pretexto y que ante la falta de algún defensor actuaría la Defensoría Pública.

Por esta razón, Cornejo pidió a la Secretaria que verifique la presencia de todos los sujetos procesales y/o de sus abogados y declaró reinstalada la audiencia de formulación de cargos.

El abogado Véliz se declaró en rebeldía y el juez ordenó a la Defensoría Pública que se encargue de la defensa de Ericka Carvajal.

Antes de la instalación, la Secretaria de la Sala Anticorrupción informó que había dos escritos ingresados un día antes relacionados con la investigada Ericka Carvajal.

Primero, la mujer anunció que cambiaba de abogado, ya que su primer defensor, Jorge García, no contestaba sus llamadas. Y, por esta razón, nombraba a Jaime Véliz como su nuevo abogado. El segundo escrito, en cambio, era de García, quién indicaba que no había llegado a un acuerdo económico con Carvajal y por eso se retiraba del caso.

El fiscal David Bermeo, que está a cargo del caso, dijo que esta situación provocaba la nulidad de la primera parte de la audiencia, en la que el Ministerio Público ya expuso su teoría del caso.

Esto porque al ser una reinstalación, la audiencia debería continuar con los mismos intervinientes de la primera parte. Y lo único que podía hacer el abogado Véliz es sumarse a la defensa de García, más no reemplazarlo. Por lo que pidió al juez una fuerte sanción en contra de García.

El juez José Cornejo pidió a la Secretaria una certificación de los tres diferimientos para la instalación y los dos diferimientos para la reinstalación de esta audiencia. También pidió recordar que en el anterior intento de reinstalación ya se pidió investigar los intentos de dilación del caso.

Tras estas certificaciones, Cornejo pidió que se notifique al Consejo de la Judicatura para que inicie un proceso disciplinario en contra del abogado Jorge García, por no haber comparecido a esta audiencia. Y que en adelante las notificaciones, respecto a Ericka Carvajal, se harán al abogado Véliz.

Desde su nacimiento, el proceso ha tenido varias dilaciones y problemas para avanzar. Inicialmente, la audiencia había sido convocada para 23 de febrero, 26 de febrero y el 4 de marzo de 2024. En las tres fechas, por pedidos de los abogados de los investigados, la diligencia no se instaló.

Finalmente, la audiencia se inició el 7 de marzo de 2024. Ese día la Fiscalía presentó su teoría del caso y formuló cargos contra las tres personas y las dos empresas involucradas. Pero, antes de la intervención de los defensores, la audiencia se suspendió por problemas de conexión de uno de ellos.

Y, nuevamente, hubo problemas para la reinstalación. El reinicio fue convocado para los días 11 y 15 de marzo de 2024. Otra vez los abogados lograron diferimientos. La última ocasión por el diagnóstico de Covid-19 de uno de ellos.

El juez de la causa pidió investigar a los abogados para demostrar si los pedidos de diferimientos han sido direccionados para una dilación intencional del proceso. Y convocó a la reinstalación para las 08:00 del 21 de marzo de 2024, de manera presencial.