Orietta Marengo Pita, peruana de 25 años, fue detenida en su país el 10 de marzo. Se la señala por formar parte de una estructura delincuencial que comercializó pruebas de Covid-19 de manera irregular en el inicio de la pandemia.
Los reportes de la Policía de Perú indican que Orietta Marengo fue arrestada en la intersección de la avenida Los Fresnos con Jr. Portada del Sol, en el distrito de La Molina, en Lima.
Dos días antes, la Interpol emitió una notificación roja con el nombre de Marengo. La orden de búsqueda la había solicitado la Policía ecuatoriana tras un pedido de la justicia.
La mujer tiene un llamado a juicio por presunta delincuencia organizada en Ecuador, pues la Fiscalía la señala por supuestamente formar parte de una estructura delincuencial que comercializó pruebas de diagnóstico de Covid-19 de manera irregular.
En este caso también serán juzgados el israelí Oren Sheinman, Leandro Berrones, exagente Metropolitano de Tránsito; el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo.
Otro de los procesados fue el israelí, Shy Dahan, pero que fue asesinado en agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Dahan era pareja de Marengo y vivieron juntos en Quito, durante los momentos más críticos de la pandemia.
Tras conocer la detención de Marengo en Perú, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) empezó el trámite de extradición. El 11 de marzo, Iván Saquicela, presidente de la CNJ, solicitó el expediente al juez del caso.
Tres días después, el magistrado pidió a la Fiscalía que envíe los elementos de convicción que tiene en contra de Marengo. Cuando la información esté completa, Saquicela enviará el pedido formal a Perú.
Entre Ecuador y Perú hay un tratado de extradición vigente y el plazo para que se concrete este pedido es de 40 días y corren desde el día de la detención, es decir, desde el 10 de marzo.
El rol de Marengo
El 3 de junio, ‘Tom’ y Tarzán’, cómo se conocía a los israelíes, fueron detenidos en Santa Elena en un control de rutina. Presentaron credenciales falsas de la agencia norteamericana DEA y se les acusó de falsificación y uso de documento falso.
Los extranjeros se movilizaban en un vehículo BMW sin placa y con luces diplomáticas. En Quito, por donde andaban la mayoría del tiempo, no eran detenidos porque circulaban con agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), que pertenecían a la escolta presidencial.
Más adelante se conoció que ese no era el único delito que cometieron las extranjeros. Se los procesó por delincuencia organizada, puesto que en Quito montaron una estructura para comercializar mascarillas y pruebas de Covid-19 en el país.
Marengo, la peruana de 25 años, estaba a cargo de la logística. Ella alquiló el departamento 141 de un lujoso edificio en una de las zonas más exclusivas de Quito. Arregló el alquiler con un corredor de bienes raíces, que manejaba las propiedades de un exfutbolista profesional dueño del inmueble.
En ese mismo edificio, vivía el entonces vicepresidente Otto Sonnenholzner. Ahí conocieron a los agentes de tránsito que le daban custodia y los contrataron para que los acompañaran.
Marengo también compró un vehículo Ford Explorer azul en una concesionaria de autos de lujo, en el norte de la capital. El auto comprado era similar a los que utilizan los representantes diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en Ecuador, específicamente los agentes de la DEA (Oficina Antidrogas).
Este fue el primer paso para que los israelíes se pudieran mover con tranquilidad en Ecuador, durante la pandemia, pese a las restricciones propias de esa época.
El segundo paso, en cambio, fue la falsificación de las credenciales. Dos de los agentes de tránsito que colaboraban con la organización improvisaron un operativo en el norte de Quito y detuvieron a una Ford Explorer que transportaba agentes reales de la DEA.
Les solicitaron sus credenciales y, al descuido de los estadounidenses, las fotografiaron para posteriormente clonarlas.
El caso y los Bucaram
Tras la detención de los extranjeros en Santa Elena, Bryan Pérez, un empresario capitalino, los denunció debido a una supuesta estafa en la venta de pruebas de diagnóstico de Covid-19. Pérez también fue procesado en el caso, pero fue sobreseído.
Más de un mes después de esa denuncia, la Fiscalía y la Policía allanaron la casa de Abdalá Bucaram Ortiz y encontraron las pruebas junto a otros dispositivos e insumos médicos.
Entre abril y mayo de 2020, los israelíes y Pérez realizaron varios negocios, pero los extranjeros no le pagaron su parte al quiteño y por eso los denunció.
El 17 de mayo del mismo año, Pérez recibió la llamada de una mujer de apellido Parmieri, quien se identificó como el contacto de Shy Dahan y dijo que conocía a Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram. Ella mostró interés por las 21.000 pruebas.
La mujer nunca concretó el negocio y Pérez siguió en contacto con ‘Tom’, como se identificaba uno de los extranjeros. Entonces, acordaron vender las pruebas a Guayaquil.
El 18 de mayo partieron hacia el Puerto Principal, y Pérez viajó con su esposa y un amigo. Los extranjeros les convencieron de embarcar las pruebas en su vehículo porque ellos tenían carné diplomático y no tendrían problema en los controles.
Fueron en caravana hasta llegar a Santo Domingo de los Tsáchilas. Pero, en una gasolinera de esa localidad, Pérez perdió de vista a ‘Tom’ y ‘Tarzán’.
Intentaron comunicarse con ellos por teléfono, los citaron a las 14:00 del siguiente día, en un centro comercial de Guayaquil, pero, no llegaron.
Aproximadamente a las 16:00 del 19 de mayo, ‘Tom’ envió un mensaje a Pérez con la imagen de dinero y le dijo que ya tenía USD 90.000 y estaba esperando el resto del dinero.
Pérez, su esposa y su amigo decidieron volver a Quito. Al día siguiente, alias ‘Tom’ le dijo que ya tenía comprador y que le iban a pagar USD 250.000 en efectivo por todas las pruebas.
Según la versión judicial de uno de los israelíes, parte de las pruebas se vendió a Jacobo Bucaram en Guayaquil. “Llamé a Bryan (Pérez) y dijo que sí conocía (a Jacobo) que era hijo de un expresidente, que tengamos cuidado que nos vaya a estafar”.
La Fiscalía, para llevar a juicio a los Bucaram, presentó varios elementos en su contra. Por ejemplo, se sabe que estos pagaron más de USD 300.000 por las pruebas que se encontraron en su casa, y que ese dinero fue hallado en poder de los israelís en Santa Elena.
También se conoce que ese monto no fue pagado a través de un banco, es decir, no consta en el sistema financiero ecuatoriano. Tampoco guarda relación con el dinero que los Bucaram declararon al fisco y durante el proceso no pudieron justificar su origen.
Por la compra, no existe ningún tipo de factura o comprobante de venta. Además, no se pudo justificar por qué la entrega de las pruebas se hizo con seguridad oficial, debido al resguardo de los agentes de Tránsito. Pero, la Fiscalía tiene videos y fotografías del momento de la entrega, donde se observa a Jacobo Bucaram.
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