La Fiscalía insistirá en el pedido de enjuiciamiento a Abdalá y Jacobo Bucaram, pues audios y videos muestran la supuesta participación de ambos en un caso de delincuencia organizada.
El 4 de octubre de 2021, el juez Giovanny Freire resolvió que el expresidente Bucaram y su hijo Jacobo no sean juzgados en un caso por presunta delincuencia organizada. La misma decisión se dictó también a favor de otras dos personas, es decir se ratificó su inocencia.
El caso está relacionado con la compra y venta irregular de insumos médicos durante la pandemia. Además de los Bucaram, el caso involucró a dos ciudadanos israelíes y tres agentes de tránsito de Quito.
Ahora, la Fiscalía presentó una apelación a ese fallo. Esto ocurre mientras espera la resolución por escrito del juez Freire, ya que aún no se conoce el análisis jurídico del magistrado acerca de los elementos que presentó la Fiscalía para llevarlos a juicio.
Todo empezó el 3 de junio de 2020, los dos israelíes, identificados como ‘Tom’ y Tarzán’, fueron detenidos en Santa Elena en un control de rutina. Presentaron credenciales de la DEA y se les acusó de uso de documento falso.
De manera paralela, Bryan Pérez, un empresario capitalino y otro de los cuatro sobreseídos, los denunció debido a una supuesta estafa en la venta de pruebas de diagnóstico de Covid-19.
Un poco más de un mes después, la Fiscalía y la Policía allanaron la casa de Abdalá Bucaram Ortiz y encontraron las pruebas en mención junto a otros dispositivos e insumos médicos.
El juez Freire, en su resolución oral, dijo que los Bucaram fueron compradores de buena fe y que no participaron en el esquema de delincuencia organizada por el que serán juzgados el israelí Sheinman Oren (Tarzán), su pareja y un agente de tránsito.
La muerte de 'Tom' y Los Choneros
Uno de los elementos que la Fiscalía presentó -en su acusación en contra de los Bucaram- fueron las llamadas que ambos mantuvieron con Shy Dahan, el otro israelí involucrado. Estas llamadas ocurrieron mientras el extranjero estuvo detenido en la Penitenciaría del Litoral, y luego fue asesinado en agosto de 2020.
El Ministerio Público tiene en su poder una cooperación eficaz, proporcionada por un testigo protegido, en la que constan los audios, las pericias y las transcripciones de esas llamadas.
Al inicio del caso, varios de esos audios se hicieron públicos. En esas grabaciones se escucha que presuntamente Abdalá Bucaram le decía 'Tom' que le iba a contratar a un abogado y que cuando el caso llegara a un Tribunal lo sacaría de la cárcel.
Además, en la cooperación hay otros extractos a los que PRIMICIAS tuvo acceso.
Según la conversación, Abdalá Bucaram le entrega al israelí un código, y le explica que ese código debía entregárselo a unas personas que también estaban en la Penitenciaría y le iban a brindar seguridad al interior de la cárcel. El código era una palabra en otro idioma, que supuestamente nadie más sabía.
Días después, en otra conversación, Dahan le habría reclamado a Bucaram. "Tú me haces trampa, me mandaste a matar (sic)". Esto porque por esos días hubo una balacera en la prisión y el extranjero sentía que su vida corría peligro.
Bucaram le habría contestado que esos incidentes son comunes en las cárceles ecuatorianas. "Si te quisiera matar, ya estarías muerto", le dijo supuestamente el exmandatario al entonces procesado.
Lo que presuntamente ocurrió se desvela en otro audio, cuya transcripción es parte del expediente público del caso. En esa grabación, en cambio, los interlocutores son Jacobo Bucaram y 'Tom'.
En esa llamada, el israelí le reclamó a Jacobo Bucaram que el abogado nunca llegó y que las personas que sabían el código eran Los Choneros y que no le dieron seguridad, sino que le quisieron matar. "Estuvieron a 20 metros con un arma para matarme", dijo 'Tom'.
Días después, luego de que los israelís solicitaron cooperar con la Fiscalía y entregaron sus celulares, Dahan fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral.
Otros elementos de la Fiscalía
Además, la Fiscalía presentó otros elementos en contra de los Bucaram. Por ejemplo, se sabe que estos pagaron más de USD 300.000 por las pruebas que se encontraron en su casa, y que ese dinero fue hallado en poder de los israelís en Santa Elena.
También se conoce que ese monto no fue pagado a través de un banco, es decir, no consta en el sistema financiero ecuatoriano. Tampoco guarda relación con el dinero que los Bucaram declararon al fisco y durante el proceso no pudieron justificar su origen.
Por la compra, no existe ningún tipo de factura o comprobante de venta. Tampoco se pudo justificar por qué la entrega de las pruebas se hizo con seguridad oficial, debido al resguardo de los agentes de Tránsito. La Fiscalía tiene videos y fotografías del momento de la entrega, donde se observa a Jacobo Bucaram.
Mientras que los otros dos agentes involucrados aceptaron el cometimiento del delito, se sometieron a un procedimiento abreviado y fueron condenados a cinco años de cárcel.
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