Cuando se destapó el caso Purga el pasado 4 de marzo, se tenía previsto detener a la exfuncionaria de la Judicatura, Mercedes Villarreal, pero esto no fue posible, porque ella estaba fuera del país.
En la lista de detenciones por el caso Purga también se incluía el nombre de Mercedes Villarreal, exfuncionaria del Consejo de la Judicatura, señalada por archivar varios sumarios disciplinarios contra jueces y por 'cooperar' con Pablo Muentes, señalado como la cabeza de esta estructura de corrupción.
En la Judicatura de Guayas, Villarreal fungía como directora de Control Disciplinario de la institución, y si bien al momento no está procesada en el caso Purga, la fiscal general Diana Salazar adelantó sí podría ser vinculada a la causa en el futuro.
En este caso, la Fiscalía investiga una presunta red de delincuencia organizada que involucraría al sistema de justicia de Guayas y al poder legislativo, para favorecer al narcotráfico.
Cuando se destapó el escándalo el pasado 4 de marzo, Villarreal se encontraba en España, puesto que un día antes había salido rumbo a Europa, y al no estar procesada aún, no es posible pedir una alerta de Interpol.
Este 12 de marzo, el pleno del Consejo de la Judicatura aprobó el inicio de un sumario administrativo contra Villarreal, "por sus actuaciones como exdirectora provincial de Guayas, cuando conoció casos de negligencia y declaró la inocencia de los involucrados".
Dos vocales y el presidente de la Judicatura, Álvaro Román, votaron a favor de la investigación, y una vocal se pronunció en contra de la resolución.
El rol de Villarreal en el caso Purga
Uno de los temas que vincula a Mercedes Villarreal con el caso Purga es el archivo de varios sumarios administrativos de jueces en Guayas, y de la expresidenta de la Corte en la provincia, Fabiola Gallardo.
Según la teoría de la Fiscalía, esto se hacía para procurar que los miembros de la estructura criminal estén 'inmunes ante sanciones administrativas'.
El otro rol de Villarreal habría sido apoyar la campaña de Hugo Manuel González para la presidencia de la Corte de Guayas, por pedido del exlegislador del PSC, Pablo Muentes.
De acuerdo con las investigaciones iniciales de la Fiscalía, la exfuncionaria habría utilizado recursos de la Judicatura para solventar asuntos de la campaña de González, quien de pasó renunció al cargo el pasado viernes, y también está salpicado por el caso Purga.
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