Caso Las Torres: Procuraduría del Estado presenta acusación particular

Política

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

3 Ago 2021 - 18:43

Íñigo Salvador, procurador del Estado, compareció en la Asamblea Nacional. 30 de junio de 2021. - Foto: Twitter @PGEcuador

Caso Las Torres: Procuraduría del Estado presenta acusación particular

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Redacción Primicias

Actualizada:

3 Ago 2021 - 18:44

La Procuraduría dice que la estructura delictiva se consolidó en Petroecuador en 2018 y funcionó de manera permanente hasta 2020.

La Procuraduría General del Estado presentó la acusación particular en contra de 13 personas que son investigadas por su presunta participación en una red de corrupción que, según la tesis de la Fiscalía, habría operado en la Contraloría, Petroecuador y la presidencia de la República.

En un comunicado, la oficina del abogado del Estado detalló que acusó a las siguientes personas:

  • Luis Agusto Briones, hermanos del fallecido José Agusto Briones, exfuncionario público.
  • Martha Barrezueta, esposa de Roberto Barrera, sentenciado en Estados Unidos por lavado de activos.
  • Roy Calero, empresario
  • Natalia Cárdenas, exfuncionaria de Senplades y Petroecuador.
  • José Celi, hermano del excontralor Pablo Celi.
  • Pablo Celi, excontralor general del Estado.
  • Álvaro De Guzmán, empresario
  • Pablo Flores, exgerente de Petroecuador.
  • Marco Flores, padre de Pablo Antonio Flores Cueva.
  • Giomara López, empresaria
  • Daniel Orellana, exgerente de Refinación de Petroecuador.
  • Ángelo Rodríguez, empresario
  • Pedro Saona, empresario

Según un comunicado de la Procuraduría, estas personas habrían participado en una supuesta organización delictiva.

La estructura, dice la entidad, presuntamente se consolidó en agosto de 2018 con la designación de Flores como gerente de Petroecuador; Cárdenas como asesora y posteriormente subgerente junto con Orellana como gerente de refinación y los servidores Marco Flores, Calero y Barrezueta”.

Las actividades presuntamente ilegales llegaron a la Presidencia en noviembre de ese mismo año, explicó la entidad.

Y, según la Procuraduría, la organización funcionó de manera permanente hasta 2020 y se habría beneficiado de los pagos realizados por Petroecuador a sus proveedores “para lo cual sus miembros ordenaban o gestionaban el desvanecimiento de glosas para facilitar pagos y/o cobraban o recaudaban porcentajes de esos pagos o contratos“.

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