El actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana reemplazó al sacerdote José Carlos Tuárez. Está en su puesto desde agosto de 2019, y su gestión se vio empañada por la presunta obtención irregular de su carné de discapacidad.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), Christian Cruz, deberá defenderse ante el Pleno de la Asamblea este martes 13 de octubre de 2020 en el proceso de juicio político en su contra.
Este es uno más de los problemas para el Cpccs, que enfrenta también su posible eliminación por dos vías: una enmiendas y una reforma constitucional. A esto se le suma la crisis interna que enfrenta el Pleno del organismo, que además no tiene mayor tarea en cuanto a la designación de autoridades.
En este contexto, la Comisión de Fiscalización emitió su informe sobre el proceso de juicio político contra Cruz, iniciado por el asambleísta socialcristiano Henry Kronfle. El documento recomienda al Pleno de la Asamblea el enjuiciamiento político y la censura y destitución de Cruz.
El argumento es el incumplimiento de funciones por tres causales:
- Presunta obtención fraudulenta de su carné de discapacidad, que demostraría su falta de probidad.
- Presentación de documentos falsos en 2009, en el concurso para ser miembro del Cpccs, que también demostraría su falta de probidad.
- Indebida arrogación de funciones, por la aprobación de reglamentos que debían ser aprobados por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana.
Un Consejo que nació con problemas
Christian Cruz asumió la presidencia del Cpccs en agosto de 2019, tras la destitución de José Tuárez y tres vocales de esa institución. Cruz y los dos consejeros que quedaron encabezaron los cuestionamientos al sacerdote, que finalmente fue censurado también en un juicio político en la Asamblea.
Durante los meses que Tuárez estuvo al frente de la institución, el Cpccs intentó rever la designación de la Corte Constitucional, designada por su predecesor, el Consejo Transitorio.
Justamente en cuanto a designación de autoridades, el Consejo Transitorio no les dejó mucho campo de acción al actual Cpccs. La única designación pendiente que quedó fue la del superintendente de Ordenamiento Territorial.
El tema, sin embargo, no presenta mayor avance en un año y medio. No avanzó en el tiempo de Tuárez, y con Cruz ha ido a paso lento. El Consejo devolvió la primera terna para esta autoridad al Ejecutivo. Y la segunda está en etapa de impugnación ciudadana.
Segundo juicio político a la misma autoridad
La Asamblea Nacional busca la destitución de Cruz poco más de un año después de destituir a Tuárez. Con los mismos argumentos del sacerdote, el actual presidente del Cpccs señala que sufre una “persecución política” por las investigaciones que lleva adelante.
Cruz defiende la obtención de su carné de discapacidad y señala que la Justicia ya deslegitimó las supuestas irregularidades en el concurso de 2009.
Aún así, la Comisión de Fiscalización insiste en la necesidad de que sea separado de su cargo. Lo acusan de incumplimiento de funciones por falta de probidad, uno de los requisitos para ejercer su cargo, y de arrogación de funciones.
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Falta de probidad
La Comisión centró su investigación principalmente en la obtención de su carné de discapacidad (del 81%, visual y auditiva) y en los usos que le dio.
Uno de los puntos principales de análisis fue la licencia tipo E que Cruz tiene, que le permite conducir vehículos pesados como buses o camiones.
En este punto, la Comisión señala que identificó la certificación de Aneta de su examen psicosensométrico previo a la emisión de su licencia. El documento de Aneta señala que, para el examen auditivo, no utilizó un dispositivo electrónico, aunque Cruz sostiene que sí lo hizo.
Adicionalmente, en el proceso de renovación de la licencia, “Cruz tenía el deber ético de presentar su carné de discapacidad, a fin de que se le otorgue la licencia Tipo F (para personas con discapacidad)”.
De la información remitida por el SRI, además se constata que Cruz ha utilizado el carné de discapacidad, para beneficiarse económicamente del mismo.
A esto se le suma que Cruz habría presentado documentos presuntamente manipulados para presentarse al concurso den 2009 para postular al Cpccs.
El presidente del Consejo de Participación “debería haber tenido la solvencia moral y ética, demostrando su probidad, de solicitar de manera voluntaria e inmediata la recalificación (de su discapacidad)”, concluye la Comisión de Fiscalización.
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Arrogación de funciones
Del análisis de la información y de las comparecencias por la Comisión, los legisladores establecen que Cruz expidió, el 10 de octubre de 2019, dos reglamentos:
- Reglamento para la administración, utilización, mantenimiento y control del parque automotor del Cpccs.
- Reglamento interno para autorización, cálculo, pago y liquidación de viáticos y movilizaciones de los servidores y trabajadores del Consejo de Participación designados a cumplir comisiones de servicios institucionales dentro del país.
El problema es que la Ley del Cpccs establece que los reglamentos deben ser emitidos por el Pleno del organismo, y no por la Presidencia. “Al emitir estos dos reglamentos, los mismos que estuvieron vigentes por 55 días, antes de ser derogados, (Cruz) incumplió con sus funciones”, concluye el informe.
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