La firma para volver al Ciadi divide a la opinión pública y muestra, en parte, cómo se moverá la arena política frente a las decisiones gubernamentales, sobre todo, en el área económica.
La firma del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Ciadi), por parte de Ecuador, dividió a los actores políticos y dio una primera muestra de cómo serán recibidas las decisiones económicas del nuevo Gobierno.
La adhesión, firmada por la embajadora Ivonne Baki, en Washington, abre el camino para que el país vuelva a ser parte del marco institucional de este tribunal de arbitraje, que pertenece al Banco Mundial.
En Ecuador la noticia tomó por sorpresa a los sectores de oposición. Los primeros en marcar sus posiciones de rechazo, como era de esperarse, fueron los correístas (UNES) y Pachakutik.
Ambas tiendas políticas tienen los dos bloques legislativos más nutridos de la Asamblea Nacional.
La decisión del presidente Guillermo Lasso, de volver a ser parte del Ciadi, está ahora en manos de la Corte Constitucional (CC), que tiene hasta el 1 de julio de 2021 para pronunciarse si el tratado es parte de las temáticas mencionadas en el artículo 419 de la Constitución y requiere ratificación del Legislativo.
De ser así, los magistrados tienen un plazo de 30 días para emitir un segundo dictamen sobre la constitucionalidad del convenio.
Es decir, si cumple o no con lo dispuesto en el artículo 422 de la Carta Política, que establece que el instrumento no puede ceder jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.
En este escenario, el intento de regresar al Ciadi estaría finalmente en manos de la Asamblea, donde el oficialismo apenas cuenta con unos 25 votos seguros de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN).
Ya se manifestaron en contra los bloques de UNES, con 48 legisladores, y Pachakutik, con 25 curules.
Sin ellos quedan 64 asambleístas, lo que resulta insuficiente -aunque todos voten a favor- para obtener la mayoría absoluta de 70 votos que requeriría este trámite.
Los argumentos a favor
Las autoridades del Ejecutivo se esfuerzan en mostrar la necesidad de retomar un convenio que fue denunciado por Ecuador, en 2009, durante la administración de Rafael Correa, quien lo calificó como “yugo del capital transnacional”.
Sin embargo, el Gobierno ahora lo describe como “un órgano técnico, independiente y despolitizado”. Afirma que con esta adhesión busca robustecer la agenda de integración con otras naciones y organismos.
Según las autoridades, México condiciona la firma de un acuerdo comercial al regreso de Ecuador al Ciadi, sin el cual no se concretará el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Pero también lo exigen Canadá, Qatar, entre otros.
En el gobierno de Lenín Moreno ya hubo contradicciones en el tema. El entonces Presidente decía que el Ciadi generaba desconfianza porque “sus decisiones estaban completamente parcializadas”.
Mientras que su ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez admitía que la denuncia del convenio no ayudaba a la atracción de inversión extranjera, por lo que buscaban alternativas de arbitraje para los contratos internacionales.
Es por eso que ahora el sector empresarial felicitó la decisión del presidente Lasso de retomar, 11 años después, el convenio.
Entre estos sectores están la Cámara Nacional de Acuacultura, la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador, el Comité Empresarial Ecuatoriano, las cámaras de comercio de Quito y Guayaquil, la Cámara de Industrias y Producción, la Federación Ecuatoriana de Exportadores y otros.
Las alternativas al Ciadi
Cuando Ecuador abandonó el Ciadi, el gobierno planteó como alternativa la creación de un tribunal de arbitraje regional, como parte de la Unasur. Pero la iniciativa no prosperó y en octubre de 2019 Ecuador dejó de ser parte del bloque.
Por lo que el arreglo de disputas y controversias quedó, desde 2012, solo en el Uncitral o la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, con sede en Chile. Esto pese a que el gobierno correísta tampoco consideraba justo el modelo de la ONU y quería "democratizar" el sistema.
A esa instancia llegaron casos como Chevron I, Chevron III, Murphy III, Copper mesa, Zamora Gold, RSM, MERCK, GLP y Albacora.
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