Problemas, disputas y amenazas rodean al CNE

El CNE Transitorio, en su última sesión, aceptó una impugnación del sacerdote José Carlos Tuárez, gracias a esto fue inscrito como candidato al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). Tuárez ha estado rodeado de escándalos, entre ellos la supuesta falsificación de documentos para la inscripción de su candidatura.

Atamaint salió en defensa de las actuaciones del CNE Transitorio, del que fue vicepresidenta. Su principal argumento es que hubo una veeduría y no se presentaron impugnaciones en contra de la candidatura del cura.

Existió un periodo en el que la ciudadanía podía impugnar la candidatura de los postulantes al @CPCCS, y tenía la facultad de presentar los recursos electorales pertinentes en contra de las resoluciones emitidas por el CNE y @TCE_Ecuador, informó @DianaAtamaint. pic.twitter.com/UuRKhKdUKC

— CNE Ecuador (@cnegobec) July 1, 2019

Sin embargo, en la Asamblea se analiza un juicio político en contra de ambos CNE. El motivo principal es que Tuárez usó su condición de sacerdote en la campaña a pesar de que los representantes de cultos religiosos no podían ser candidatos al CPCCS.

El 3 de junio, Atamaint y Pita están invitados a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea para informar sobre este y otros casos.

Una serie de recursos legales ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) demoró un mes la entrega de credenciales a los consejeros electos del CPCCS. La proclamación de resultados en alcaldías y en la prefectura de Los Ríos también terminó con más de 30 días de retraso.

Aunque los plazos dependieron del TCE en el caso del CPCCS, en Los Ríos hubo demoras cuya responsabilidad recae sobre el CNE. En el caso de la prefectura de Los Ríos, el CNE tuvo que hacer un reconteo de votos en Quito.

La demora en esta provincia hizo que algunos servicios públicos se suspendieran.

En el caso del CPCCS, el Transitorio se prorrogó en funciones por un mes.

El escándalo de supuestas irregularidades en el financiamiento de las campañas electorales de Alianza PAIS alcanza hasta el actual CNE. Las autoridades se han enfocado en señalar que anteriores administraciones (a cargo de Domingo Paredes, Juan Pablo Pozo y Nubia Villacís) son las responsables.

Sin embargo, la investigación interna no ha tenido mayores avances. Según lo dijo Atamaint en la Asamblea Nacional, el CNE descubrió que aportantes a la campaña electoral de Alianza PAIS no pagaron impuesto a la renta.

El CNE creó una comisión para investigar el financiamiento en el caso Arroz Verde, el 8 de mayo de 2019. Además, solicitó un “análisis integral de la contabilidad” de Alianza PAIS. Hasta ahora no se han anunciado los resultados.

Un borrador de examen de Contraloría reveló irregularidades en la verificación de firmas para el otorgamiento de personería jurídica a cuatro organizaciones políticas. Después de esta noticia, Atamaint anunció que trabajarán en un diagnóstico del sistema electoral para hacer modificaciones prioritarias.

En realidad, son dos sistemas: uno que revisa y verifica las firmas de las organizaciones políticas para que puedan participar en las elecciones, y otro que cuenta los votos y otorga los resultados de los comicios.

A dos años de las elecciones presidenciales de febrero de 2021, el tiempo es corto para la implementación de cambios, sobre todo en el sistema de escrutinio. 

Enrique Pita, vicepresidente de la institución, admitió que asumieron a pocos meses de las elecciones seccionales de 2019, y que no le han dedicado tiempo a la revisión de estos temas. 

Los cambios que el CNE está impulsando al Código de la Democracia avanzan sin prisa, a pesar de que deberían estar aprobados hasta febrero de 2020. Las propuestas del organismo electoral encuentran el problema del trámite legislativo, que demora. Por tanto, están a la disposición de que asambleístas decidan incluir algunos puntos para el segundo debate.

Según el consejero Luis Verdesoto, hay que devolverle la proporcionalidad al sistema electoral a través de la eliminación de la ‘distritalización’ de las provincias más grandes.

Este cambio, sin embargo, no está incluido en el paquete de reformas que ya tiene la Asamblea. De esta manera, los cambios podrían quedar para las siguientes elecciones.

Dos bandos dividen al Pleno del CNE. De un lado, la presidenta Atamaint, Cabrera y Acero; y del otro el vicepresidente Pita y Verdesoto, cruzan acusaciones. Los vocales de minoría se han enfocado en una tarea -dicen- “fiscalizadora”, que no cala entre la mayoría.

La pugna incluye temas que van desde la cuenta de Twitter de la Vicepresidencia, hasta la última denuncia de irregularidades en las actas de recuento de las elecciones seccionales de 2019.

Atamaint señaló que Pita y Verdesoto hacen sus denuncias “sin pruebas”. Mientras que estos consejeros hablan de una ‘parcelización’ del trabajo en el Pleno del CNE, de la que han sido excluidos, por lo que se han dedicado a la fiscalización.