El presidente Guillermo Lasso ofreció una nueva reforma penal para frenar la violencia que vive el país. Aunque esa fórmula no funcionó en el pasado.
Para hoy, martes 25 de enero de 2022, está previsto que el presidente Guillermo Lasso envíe a la Asamblea Nacional la quinta iniciativa legislativa de su gestión. En esta ocasión, será un proyecto de ley orientado a reforzar la seguridad ciudadana.
Es una de las respuestas del Régimen a la ola de violencia que vive el país y que ha provocado más de 200 muertes violentas en lo que va del año. El inicio de año más violento desde 2010.
Según anticipó el Presidente, el proyecto regulará el uso progresivo de la fuerza y reformará varias leyes para fortalecer la seguridad ciudadana. En síntesis, la iniciativa tendrá siete objetivos:
- Autorizar el uso progresivo de la fuerza por parte de policías para repeler delincuentes.
- Reformar la Ley de Seguridad Pública y del Estado para mejorar la cooperación entre policías y militares sin necesidad de declarar estado de excepción, sino en tiempo regular.
- Los uniformados tendrán el patrocinio legal a cargo del Estado en procesos generados por actos relacionados con sus funciones.
- Reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para promover “investigaciones más diligentes”.
- Se creará el delito de terrorismo al interior de las prisiones.
- Eliminación de la obligatoriedad de que el juez notifique al procesado cuando se dicta una orden de prisión con fines investigativos, para reducir los riesgos de fuga.
- Reformas para combatir el hacinamiento en las cárceles y fortalecer la gestión en las prisiones.
Este no es el primer anuncio de Lasso en este sentido. En noviembre de 2021, luego de la cuarta masacre carcelaria, el Presidente anunció que el Gobierno diseñaría, junto con la Procuraduría, un proyecto de ley para reestructurar y coordinar el sistema de rehabilitación social.
Dentro de ese proyecto, además, habría una reforma penal que tiene como objetivo juzgar a los jefes de las bandas criminales por los crímenes que ordenen cometer.
Primero, Lasso habló de un nuevo delito de autoría por dominio de organización. Luego corrigió y dijo que se ampliará y aplicará la teoría de autoría, que ya está en el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal.
Ese proyecto aún no ha llegado a la Asamblea.
Una reforma más
Esta idea de reformar leyes, crear delitos y hacer nuevas normativas para fortalecer la seguridad ciudadana no es nueva.
En febrero de 2014, la Asamblea Nacional aprobó el COIP. Esta fue una propuesta del expresidente Rafael Correa para actualizar al Código Penal que había estado vigente en el país desde 1971.
El nuevo COIP entró en vigencia en agosto de 2014. Un mes después ya se aprobó su primera reforma, también propuesta por Correa.
Desde esa fecha, según el sistema de la Asamblea Nacional, se registran 69 reformas a ese cuerpo legal. La mayoría propuestas por Alianza PAIS, Creo y el correísmo y se hicieron, mayoritariamente, en 2017 y 2018.
Además, hay otros 67 proyectos de reformas están en trámite.
También, desde 2014 se han publicado cuatro reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana.
El abogado penalista, Pablo Encalada, califica como un “fetichismo legal” que el COIP haya sido reformado tantas veces.
Paulina Araujo, también especializada en derecho penal, complementa que esto genera “una inseguridad atroz”, ya que muchas veces la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad de al menos un artículo de cada reforma.
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