¿Por qué es tan apetecido ser Defensor Público? Hasta vínculos con Norero salpicaron el concurso
Quien sea designado como Defensor Público tendrá en sus manos el nombramiento de uno de los nuevos vocales de la Judicatura, en 2025. El más opcionado, por ahora, es un exfuncionario del correísmo y el lassismo.
El Consejo de Participación Ciudadana, en sesión este 5 de junio de 2024.
CPCCS
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El proceso de designación del nuevo Defensor Público lleva más de tres años en trámite y, por ahora, no hay una salida fácil y rápida. Aunque el concurso de méritos y oposición llegó ya a su última etapa, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana se ha visto en la necesidad de intervenir y descalificar participantes, por la información que se va haciendo pública sobre ellos.
La Defensoría Pública es una institución poco conocida y su máxima autoridad es generalmente un funcionario con bajo perfil. El Defensor Público no actúa en juicios o procesos, y los abogados de dicha institución actúan como patrocinadores de quienes no pueden pagar un abogado, es decir que se mantienen lejos de los procesos más conocidos.
Sin embargo, la Defensoría Pública como institución tiene un rol importante: es quien designa a uno de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura. Por ello, ahora, hay sectores políticos que intentan llegar a esa dignidad.
El Consejo de la Judicatura deberá renovarse en enero 2025, cuando se cumplan seis años de la posesión de sus miembros. De momento, los cinco vocales de esa institución son suplentes que han sido principalizados, entre renuncias, juicios y pugnas internas.
La designación de los cinco vocales de la Judicatura se hace por ternas (no es un concurso), enviadas por la Corte Nacional, la Fiscalía General, el Defensor Público, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo.
Por ahora, Ricardo Morales Vela -ex subsecrtario de Justicia del Gobierno de Rafael Correa y quien integró la cuestionada Comisión de Pacificación de las Cárceles de Guillermo Lasso- encabeza la lista de los mejores puntuados para convertirse en el nuevo Defensor Público.
Un concurso retrasado
El concurso para la designación del Defensor Público comenzó en junio de 2021, con la convocatoria para la veeduría de ese proceso. El Consejo de Participación convocó a los participantes a inscribirse desde el 11 de noviembre de 2022.
Pero desde entonces, el Consejo también ha tenido una serie de problemas: juicios políticos, destituciones y pugnas internas. Por ello, el concurso ha sufrido múltiples retrasos, tal como pasa con la renovación del Consejo Nacional Electoral.
Aun así, el proceso ha ido avanzando. La etapa de méritos se cerró en enero de 2023, y la de oposición, en febrero de 2024. Quedaron nueve personas como las mejores puntuadas:
Entonces, el Consejo de Participación abrió la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana, que todavía no concluye.
Los descalificados
El 26 de marzo pasado, el Consejo de Participación abrió la fase de impugnación ciudadana en contra de los nueve postulantes mejor puntuados del concurso para Defensor Público. Cuatro postulantes recibieron impugnaciones, pero todas fueron desechadas.
Aun así, el listado de los mejores puntuados sufrió cambios. El 22 de mayo, Daniel Frías, quien encabezaba la lista, renunció a su postulación; lo hizo después de que se revelara que él era dueño de un vehículo blindado que aparece en el caso Metástasis, y que conducía Xavier Jordán, empresario señalado por su presunta vinculación en casos de corrupción y crimen organizado.
El segundo mejor puntuado, el exjuez nacional Byron Guillén, y el tercero, Jorge Ballesteros, fueron descalificados poco después. El argumento fue la "transgresión del principio de probidad".
Y días después, el Consejo de Participación decidió descalificar a los postulantes que ocupaban el cuarto y quinto puesto de la lista de los mejores puntuados: Martiza Romero y Wilson Ortega. El argumento fue el mismo: la falta de probidad.
Es así que, por ahora, el más opcionado para el cargo de Defensor Público es Ricardo Morales Vela, abogado experto en derechos humanos que ha trabajado en los gobiernos de Rafael Correa y Guillermo Lasso. Alguien que, según el exministro del Interior del correísmo, José Serrano, el Consejo busca la manera de descalificar.
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