De los cinco integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ) que fueron nombrados para el período 2019-2025, solo tres continúan en funciones.
La presidenta María del Carmen Maldonado y los vocales Ruth Barreno y Juan José Morillo son quienes mantienen sus cargos.
Junto a ellos, fueron designados en enero de 2019, Patricia Esquetini y Fausto Morillo. La primera renunció en junio de 2019, mientras que Morillo fue removido en abril de 2021, pero interpuso recursos para frenar esa decisión.
Al salir de la Judicatura Esquetini dijo que en el Consejo de la Judicatura “hay un liderazgo que no demuestra compromiso con cambios en la administración de justicia”.
Esquetini fue propuesta para el cargo por el presidente Lenín Moreno. En su reemplazo fue nombrado Jorge Moreno, quieren era el suplente.
Sin embargo, en noviembre de 2020, Moreno también renunció. El exfuncionario alegó motivos personales. Pero esa renuncia trajo el primer problema de conformación para la Judicatura.
Esta entidad, según la norma, se compone por delegados de las funciones Ejecutiva y Legislativa. Así como de la Fiscalía, de la Defensoría Pública y de la Corte Nacional de Justicia.
Esquetini como titular y Moreno como suplente eran los representantes del Ejecutivo y tras sus renuncias no hubo representante de ese poder. Elsi Cely, quien era la suplente por la Asamblea Nacional, solicitó ser titularizada.
Sin embargo el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), decidió hacer un nuevo concurso y solicitar una nueva terna al presidente Moreno. Es así como fueron designados Xavier Muñoz (titular) y Solanda Goyes (suplente).
El 29 de enero de 2019, se posesionaron los vocales titulares y suplentes del CJ para el período 2019-2015. Asamblea
El enredo de Murillo
Fausto Murillo fue designado en enero de 2019 como representante de la Asamblea Nacional ante el CJ. En el concurso y en sus primeros dos años de gestión no recibió ningún tipo de impugnación.
Sin embargo, el 21 de abril de 2021, el Ministerio de Trabajo solicitó al Cpccs su remoción del cargo.
Según la resolución de Trabajo, en 2012 Murillo se acogió a un denominado plan de desenrolamiento de la Función Judicial. Recibió una compensación de USD 30.000 y se dejó su cargo como juez.
Pero el cobro de esa compensación le impediría a Murillo desempeñar cargos de período fijo, como una vocalía en la Judicatura. Solo podría desempeñar funciones de libre remoción o nombramiento provisional.
Por esta razón, el Cpccs removió a Murillo de su cargo. Murillo respondió que la prohibición no aplica al cargo de vocal del CJ, ya que ese puesto no forma parte de la carrera judicial.
Además, considera que su destitución viola la sentencia de la Corte Constitucional (CC) que blindó todas las designaciones del Cpccs Transitorio.
‘Meter las manos a la justicia’
Más allá de su cargo, Murillo ha denunciado públicamente que detrás de su remoción hay un intento político para tomarse la justicia.
Según el exfuncionario, el objetivo de este movimiento es conformar una nueva mayoría en el CJ que impulse una renovación de jueces en la Corte Nacional, cuyo objetivo final sería -dice- que se revisen sentencias polémicas como la del caso Sobornos, en contra del expresidente Rafael Correa.
Murillo ha interpuesto varias medidas legales para revertir su remoción. El jueves 6 de mayo de 2021, se instaló en Quito la audiencia por una acción de protección. El juez escuchó los alegatos y convocó para el miércoles 12 de mayo a la reinstalación.
En esa audiencia se conocerá el fallo.
Mientras tanto, la Judicatura ya presentó al reemplazo de Murillo. Se trata de Elsi Cely, quien era la vocal suplente por la Asamblea Nacional. Su presentación se dio en el marco de una reunión entre las autoridades de la Judicatura y la Corte Nacional.
Los vocales del CJ garantizaron a los jueces independencia judicial y descartaron los rumores de una renovación en la Corte Nacional con el objetivo de revisar sentencias.
Los pendientes
En medio de la inestabilidad y la incertidumbre por la decisión de un juez sobre la remoción de Murillo, el Consejo de la Judicatura tiene varios pendientes que no se han concretado.
- Concurso de la CNJ: En febrero de 2021, la Judicatura posesionó a nueve jueces nacionales. Sin embargo, los candidatos fueron insuficientes y aún hay siete vacantes. El CJ ofreció un nuevo concurso que todavía no se ha concretado.
- Jueces anticorrupción: En diciembre de 2020, se aprobaron las reformas al Código de la Función Judicial. Entre otras cosas, se planteó la creación de unidades y jueces anticorrupción. La Judicatura ha anunciado varias reuniones para definir el perfil de los nuevos magistrados, pero tampoco se concreta.
- Otros concurso: Según la página web de la entidad, el Consejo de la Judicatura todavía tiene pendientes los concursos para la carrera judicial administrativa y carrera fiscal administrativa que se arrastran desde administraciones anteriores.
- Modernización del sistema judicial: En medio de la emergencia por Covid-19, gremios de abogados han solicitado mejorar el sistema tecnológico judicial de manera que la exposición y aglomeraciones en las dependencias judiciales sea mínima. Lo cual todavía no se logra.
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