Consultas de iniciativa popular enfrentan un complicado camino

La consulta popular de Yasunidos se encamina a las elecciones de 2023. Aunque falta un pronunciamiento de la Corte Constitucional, esta podría ser la oportunidad para que la iniciativa del colectivo llegue a las urnas tras nueve años de trámite.

De ser así, la iniciativa de Yasunidos será la primera propuesta de consulta popular de ámbito nacional que prospere. Once años después de la aprobación de la Constitución de Montecristi, ni una propuesta (de escala local) ha logrado superar todas las etapas y llegar a votación.

Todas las consultas populares en las que los ecuatorianos han votado desde 2008 han sido de iniciativa gubernamental. La mayoría han sido a escala nacional, y propuestas por los presidentes de turno. Y la última, desarrollada en Azuay en las elecciones de 2021, surgió como iniciativa del Concejo Cantonal de Cuenca.

En contraste, las iniciativas ciudadanas de consulta popular se topan con una serie de trabas y problemas que no dejan que prosperen. De momento, Yasunidos tiene esperanza de llegar a las urnas en 2023. Y otra propuesta en Quito trabaja en la recolección de firmas.

Un trámite enredado

Proponer una consulta popular desde la ciudadanía no es tarea fácil. La Constitución dispone que, para hacerlo, es necesario presentar el apoyo del 5% del padrón electoral de la jurisdicción en la que quiera aplicarse la propuesta. Con los actuales datos, esto significaría unas 672.500 firmas a escala nacional.

Para consultas de carácter local, se requiere el 10% del padrón.

Conseguir las firmas requiere dos cosas: voluntarios que recojan las firmas y una organización para reunirlas y entregarlas al Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto requiere dinero, o como evidenció la experiencia de Yasunidos, mucha voluntad.

Pero también es preciso tiempo y asesoría legal, para proponer escritos, recursos y acciones en el caso de que la propuesta no fluya.

Además de las firmas, la Corte Constitucional debe hacer una revisión de la pregunta planteada.

En el caso de Yasunidos, la llamada "Corte Cervecera" dispuso que primero había que recoger las firmas y luego revisar la pregunta. Un dictamen que no tenía mucho sentido, pues las rúbricas se recogen con la pregunta como encabezado.

Ahora, la misma Corte determinó que primero debe revisar la constitucionalidad de la pregunta, y luego recoger las firmas.

Superados esos dos pasos, el CNE tiene 15 días para llamar a la consulta popular, que a su vez debe realizarse en los próximo 60 días.

Dos iniciativas en camino

Dos iniciativas ciudadanas aspiran a llegar a las urnas junto con las elecciones: las consultas populares de Yasunidos y la que busca prohibir la minería en el Chocó Andino.

Yasunidos tiene el trámite más avanzado. El CNE ya certificó que sí lograron las firmas suficientes para llamar a la consulta, y ahora la Corte Constitucional debe revisar la pregunta.

¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?

Pregunta del colectivo Yasunidos

La segunda consulta que podría llegar a las elecciones de 2023 es la iniciativa antiminera en Quito. Esta, en cambio, ya pasó el filtro de la Corte Constitucional, y trabaja en la recolección de firmas.

El CNE les entregó los formularios a inicios de mayo de 2022, por lo que tienen hasta inicios de noviembre para entregar más de 197.000 firmas. Luego, el CNE debería tomar 15 días en revisarlas. Y si superan el número, debería convocar a la consulta popular en 15 días más.

Esta consulta plantea cuatro preguntas, para prohibir la minería metálica a escala artesanal, a pequeña, mediana y gran escala:

¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?

Pregunta de Iniciativa Antiminera

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