Correístas se refugian en México de una acusación que no existe

El viaje de los legisladores correístas y sus parejas a México, con asilo político, es la evidencia de que son inocentes o culpables, dependiendo de si la versión sale del Gobierno o del correísmo.

Entre teorías de la conspiración y de persecuciones políticas, el Gobierno y el correísmo mantienen una intensa batalla discursiva ante la opinión pública. Pero ningún bando ha presentado las pruebas suficientes para corroborar sus afirmaciones.

El debate se mantiene con base en comunicados y declaraciones.

El correísmo celebró el jueves 9 de enero de 2020 una de sus últimas 'victorias', cuando siete de sus militantes, autocalificados "perseguidos políticos" abandonaron el país en un vuelo comercial hasta México.

• Gabriela Rivadeneira Burbano y su esposo Luis Flores Ruales
• Soledad Buendía Herdoiza y su esposo Edwin Jarrín Jarrín
• Carlos Viteri Gualinga y su esposa Tania Pauker Cueva
• Y el asambleísta alterno Luis Fernando Molina Onofa

Para el correísmo la salida de sus coidearios de la Embajada de México es prueba suficiente de que su agrupación no estuvo detrás de la escalada de violencia durante las manifestaciones de octubre pasado.

Ya que, según el movimiento Fuerza Compromiso Social, que abandera a los seguidores de Rafael Correa, el Gobierno demoró la entrega de los salvoconductos por tres meses "porque las autoridades estaban intentando comprobar un intento de golpe de Estado".

Esto pese a que ninguno de ellos está siendo investigado por las autoridades en los casos derivados del paro nacional y en los registros de la Fiscalía General no constan procesos en su contra. Como sí sucede con Paola Pabón y Virgilio Hernández.

Aunque sí fueron convocados para rendir una versión libre y voluntaria dentro de ese mismo caso por rebelión.

Solamente Rivadeneira tiene una denuncia por instigación, interpuesta el 14 de octubre por un ciudadano privado, Juan Carlos Machuca Arroba.

Pero, de los siete asilados, tampoco hay alguno que tenga una orden de prisión o medidas cautelares en su contra. Por lo tanto, tampoco tenían un impedimento para salir del país. Es decir, legalmente no requerían de un salvoconducto.

Sin embargo, esperaron 87 días encerrados en la Embajada de México en Quito hasta que se los otorguen. Y, según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, los documentos llegaron esta semana.

De todas formas ellos ya habían vendido sus cosas para poder irse del país, por lo menos así lo afirman sus coidearios.

Para el movimiento Fuerza Compromiso Social esto se trata de una "brutal" persecución del gobierno de Lenín Moreno, para impedir que participen en las próximas elecciones generales.

Aunque, por ejemplo, los tres asambleístas titulares que escaparon a México ya no pueden terciar en elecciones legislativas. Sus opciones de participación en 2021 serían solo dos: para el Parlamento Andino o la Presidencia.

Según la bancada de la Revolución Ciudadana, sus compañeros que huyeron del país fueron "víctimas de actos de persecución, seguimiento extrajudicial, hostigamiento, amenazas de muerte, intervenciones telefónicas, violación de derechos y linchamiento mediático".

Pero tampoco han presentado evidencias de lo que sostienen. Nuevamente, solo Rivadeneira, quien fue la primera en pedir asilo en la sede diplomática mexicana, había hecho denuncias públicas, aunque no oficiales, sobre un supuesto "acoso y amedrentamiento".

El Gobierno no se queda atrás

El Ejecutivo respondió también a través de un comunicado al viaje de los legisladores correístas y sus parejas. El canciller José Valencia fue el encargado de leer el documento ante la prensa, sin permitir ninguna pregunta o aclaración sobre lo sucedido.

El diplomático dijo que el Gobierno "está seguro de que la conspiración para atentar contra la democracia y los hechos violentos de octubre serán esclarecidos por la justicia".

Pero, sin pruebas que lo corroboren, también sostuvo que el asilo en México "evidencia que detrás del discurso de persecución política está el interés político de un sector que busca la impunidad ante los delitos por los que muchos son ahora procesados en órganos judiciales independientes".

Es el mismo discurso que el Ejecutivo sostiene desde que las protestas superaron las previsiones de las autoridades y que ha sostenido en tarimas internacionales: el Gobierno fue víctima de un intento de desestabilización política.