Pese al temor por un nuevo contagio de uno de los abogados que participan en el proceso, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) avanzó con la etapa de apelaciones del caso Sobornos 2012-2016.
Las alarmas se encendieron la noche del 29 de julio de 2020. A través de redes sociales, Paúl Ocaña, abogado del empresario Teodoro Calle, comunicó que había dado positivo para Covid-19.
La mañana del mismo 29 de julio, Ocaña había estado cinco horas en una de las salas de la CNJ durante el segundo día de la audiencia de apelación del caso Sobornos 2012-2016.
En la diligencia, Ocaña compartió mesa con otros abogados, con funcionarios judiciales e intervino para apelar la sentencia de ocho años que pesa en contra de Calle.
Él es uno de los 20 sentenciados del caso Sobornos, en el que se investiga una supuesta red de corrupción que operaba de forma paralela a la Presidencia de Rafael Correa, quien es otro de los sentenciados y apelantes.
Tras el diagnóstico y con la decisión del Tribunal de la CNJ de continuar con la audiencia, los abogados sintieron temor de haberse contagiado.
Si bien en los primeros días de audiencia asistieron presencialmente 10 de los 20 abogados apelantes. El 30 de junio, solo acudieron cinco y los demás se conectaron telemáticamente pese a los problemas tecnológicos.
Pablo Encalada, abogado del empresario Rafael Córdova, al conocer la noticia de su colega decidió seguir el resto de la audiencia virtualmente. Además, por lo cerca que estuvo de Ocaña decidió aislarse del resto de su familia.
Jorge Ortega, abogado del exministro Walter Solís, fue uno de lo que compartió mesa con Ocaña. Él consideró que la audiencia debió suspenderse y se debió armar un cerco epidemiológico.
La jueza Dilza Muñoz y algunos abogados asistieron al tercer día de audiencia del caso Sobornos de manera virtual, el 1 de julio de 2020. @JacquelineRodas
Incluso Dilza Muñoz, una de las juezas del caso, decidió participar en el tercer día de audiencia de manera telemática.
Ocaña se sumó a Fausto Jarrín, abogado del expresidente Correa; y Diego Chimbo, abogado del empresario Bolívar Sánchez, quienes se contagiaron con Covid-19 antes del inicio de la audiencia.
¿Acelerador a fondo?
La decisión de no suspender la audiencia, pese a los contagios de los abogados ha causado malestar en los procesados y sus defensores.
Sobre todo la crítica ha llegado desde el correísmo, que tiene a sus principales líderes entre los sentenciados. El expresidente Rafael Correa y sus abogados acusan a la Corte Nacional de estar influenciada políticamente.
Según la hipótesis correísta, el objetivo es que haya una sentencia definitiva antes de septiembre para que Correa no pueda inscribirse a las elecciones de 2021.
Esa fecha se mantendrá pues el 30 de junio de 2020, el Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó que las elecciones del próximo año no se aplazarían por la pandemia, por lo que las fechas de inscripción se mantienen.
La Corte, por su lado, justificó su decisión de continuar con la audiencia en el cumplimiento de “estrictos protocolos de bioseguridad“.
Los argumentos
Los 20 sentenciados del caso apelaron la pena impuesta por el Tribunal de juzgamiento. La mayoría solicitó la nulidad total del proceso debido a varias supuestas irregularidades.
La apelación llegó tanto de los 18 ciudadanos que fueron sentenciados a ocho años de cárcel, como de Pamela Martínez y Laura Terán, excolaboradoras de Correa, quienes fueron sentenciadas a 38 y 19 meses de cárcel, respectivamente, debido a su cooperación.
Sus argumentos fueron presentadas a los jueces bajo sigilo ya que forman parte del programa de protección de testigos.
Por la crisis sanitaria, las audiencias en la CNJ se están desarrollando de manera reservada. Sin embargo, la propia Corte informó cuáles fueron los principales argumentos de las apelaciones.
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