Los nueve jueces de la Corte Constitucional fueron escogidos en un proceso que se llevó los aplausos. Cuatro meses después de su posesión, el debate por el matrimonio igualitario divide a los jueces provocando que se incumplan los plazos legales. Una serie de causas polémicas reposan en esa Corte.
La actual Corte Constitucional, que comenzó a trabajar en febrero del 2019, tiene el reto de mejorar la imagen de la institución y de resolver la cantidad de causas acumuladas por años.
La expectativa desde su nombramiento fue alta, sin embargo, la Corte se enfrenta a su primera causa polémica: la decisión sobre el matrimonio igualitario.
Efraín Soria y Javier Benalzázar, una pareja homosexual, intentaron casarse en el Registro Civil en 2018, pero se les negó la posibilidad de hacerlo. Interpusieron una acción de protección, que les fue negada, y apelaron ante la Corte Provincial, que envió la consulta sobre la constitucionalidad de la norma a la Corte Constitucional.
La Constitución dice, en su artículo 428, que estas consultas deben resolverse en un plazo “no mayor a 45 días”. Pero los jueces enviaron la consulta en el período de vacancia constitucional, después de que el Consejo de Participación Transitorio cesara a los anteriores magistrados.
Los 45 días contaban, entonces, desde la audiencia, que se realizó el 29 de marzo del 2019. Ese plazo se cumplía a finales de mayo y aún no hay una resolución.
El caso es un primer entrampamiento para la Corte. En la sesión del Pleno de la Corte del 4 de junio pasado, los jueces no lograron ponerse de acuerdo sobre el matrimonio igualitario.
Cinco votos de los nueve jueces son necesarios para tomar una decisión. Pero no hubo los votos suficientes ni para el uno ni para el otro lado. Un mensaje en la cuenta de Twitter de la Corte trató de justificar lo sucedido.
La diferencia de posiciones de los jueces estaría en si la aprobación del matrimonio igualitario significa un cambio en la Constitución.
En ese sentido se pronunciaron los representantes del Registro Civil y la Procuraduría General del Estado durante la audiencia de la causa, que abogaron por un llamado a consulta popular.
La nueva sesión del Pleno de la Corte está prevista para este 12 de junio del 2019.
El matrimonio igualitario: cinco años de trámite
El matrimonio igualitario está en manos de la Corte Constitucional desde 2014.
Ese año, Pamela Troya y Gabriela Correa presentaron una acción extraordinaria de protección en contra de una decisión del Registro Civil, que les negó la oportunidad de casarse.
La Corte no resolvió la causa durante más de cuatro años, y este caso fue recogido en el Informe de Evaluación de la cesada Corte Constitucional.
Los magistrados tienen en sus manos ocho procesos relacionados con el matrimonio igualitario: dos consultas de norma y seis acciones extraordinarias de protección (solo una, la de Pamela Troya y Gabriela Correa fue admitida a trámite).
Christian Paula, de la fundación Pakta, espera que en esta nueva sesión del Pleno se resuelva no sólo por un caso, sino que la sentencia siente la base para todos los demás casos de matrimonio igualitario. De esta manera, se permitiría a las personas del mismo sexo casarse libremente. Una resolución en este sentido ayudaría a resolver las otras demandas.
De momento, Paula sabe que el matrimonio igualitario cuenta con los votos de cuatro jueces, de tendencia más progresista. Pero sabe que los votos de dos magistrados más conservadores serán difíciles de conseguir.
Más causas polémicas represadas
La nueva Corte Constitucional, a inicio de su gestión, tenía alrededor de 14.000 causas represadas, de acuerdo al Informe de Evaluación del Consejo Transitorio. Entre estos casos, se encontraban algunos de 2009, el año que se creó la Corte con la aprobación de la Constitución.
Entre las causas represadas sin resolución se encuentran casos polémicos como la acción por incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio.
Además de las demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto 16, la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley de Derechos Laborales, la Ley Orgánica de Salud, el Código de la Niñez y Adolescencia, entre otras mencionadas en el Informe del CPCCS.
En estos cuatro meses de funcionamiento, la Corte ya ha resuelto importantes causas. Por ejemplo, determinó el proceso de la consulta popular, para que se revise la constitucionalidad de las preguntas antes de la recolección de firmas. También resolvió la inconstitucionalidad de una frase del artículo 202 del Código Integral Penal, con lo que guardar, trasladar o vender bienes sin tener facturas ya no debe ser penado.
Hay casos en trámite que también son relevantes. Uno de los que más expectativa genera, de acuerdo con el mismo presidente Lenín Moreno, se refiere a las consultas populares sobre la minería. Además está pendiente la resolución sobre la necesidad de los informes de Contraloría para determinar el delito de peculado, o mal uso de recursos públicos.
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