Los cinco posibles desenlaces del juicio político al presidente Lasso

Una vez que se lleve a cabo el enjuiciamiento, todo dependerá de los votos en el Pleno. Virgilio Saquicela, titular del Legislativo, convocará a una sesión en un plazo de cinco días después de finalizado el debate. En caso de que los proponentes logren sumar -al menos- 92 votos de respaldo, el presidente Guillermo Lasso sería censurado y destituido. Además de ser destituido, no podría ejercer otros cargos públicos durante dos años. En ese caso, el vicepresidente Alfredo Borrero asumirá el cargo por lo que resta del periodo presidencial, hasta mayo de 2025.

Este proceso de enjuiciamiento político ha tenido problemas y por ello el Ejecutivo sostiene que lo actuado por la Asamblea, no tendría validez legal. En la Comisión de Fiscalización no hubo votos para aprobar el informe jurídico que recomendaba no enjuiciar al Presidente. Y, en el caso de un juicio presidencial, la Ley de la Función Legislativa no habla de la posibilidad de presentar un informe de minoría. Pese a ello, la decisión de llevar al Mandatario ante el pleno se tomó a través de una resolución. Es decir, técnicamente, no hay un informe aprobado para que Saquicela pueda difundir entre los asambleístas, para convocar al juicio político. En medio de estas actuaciones y vacíos legales, el escenario podría repetirse. Es probable que no haya los votos suficientes para la destitución. La Ley no contempla esa posibilidad, ni el camino a seguir en caso de que suceda.

Casi no se ha mencionado, habría la posibilidad de que la Corte Constitucional intervenga frente a las decisiones de la Asamblea. Aunque no hay claridad sobre si podría hacerlo de oficio o requeriría de una demanda. Esto porque los magistrados admitieron a trámite el proceso sólo por el señalamiento por peculado, al cual consideraron como “mínimamente verosímil”. En el Legislativo no hay ningún informe que señale la responsabilidad política del presidente Guillermo Lasso por ese cargo. Es por eso que una censura y destitución podrían ser declaradas inconstitucionales al no haber cumplido con los requisitos que exige la Ley. Este es uno de los argumentos que sostiene también el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. El legislador, cercano al gobierno, abandonó la sesión plenaria donde se aprobó la resolución para enjuiciar al Presidente por considerarla ilegal. Agregó que la Corte podría destituir al presidente del Legislativo y a los asambleístas que votaron a favor de la medida, que no se contempla como una posibilidad dentro del proceso reglamentado para destituir a un Jefe de Estado.

Una opción que no se ha contemplado es la renuncia voluntaria del presidente Lasso. El Ejecutivo sostiene que no hay argumentos para su destitución y planea defenderse hasta el final. Si esto llegase a suceder, el sucesor sería el vicepresidente Alfredo Borrero.

En cualquier escenario que involucre al Legislativo, el presidente Lasso puede adelantarse y disolver la Asamblea. En este caso, podrían ser dos de las tres causales que establece la Constitución:

• Si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
• Por grave crisis política y conmoción interna.