No importa cuál de las funciones del Estado diga tener la razón, la pugna por el despacho de la Superintendencia de Bancos quedará en manos de la Corte Constitucional al final del camino jurídico.
El camino legal para resolver el lío jurídico y político de la Superintendencia de Bancos es bastante sencillo, aunque podría tomar entre uno y dos años. Y la última palabra la tendrá la Corte Constitucional (CC).
La constitucionalista Ximena Ron explica que el primer paso, para cualquier acción o decisión consiguiente, es que se resuelva la apelación a la sentencia de primera instancia.
Es decir, que el tribunal de segunda instancia decida si la anulación de la designación de Raúl González, como Superintendente de Bancos, se mantiene, al igual que el nuevo proceso de selección, o se revoca para que él pueda acceder al cargo.
El embrollo político
El proceso de selección del Superintendente de Bancos genera sorpresas cada día. El último turno fue del Ejecutivo. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, puso sobre la mesa la discusión de una posible destitución de 70 legisladores.
Se trata de aquellos asambleístas que apoyaron la posesión de Raúl González como Superintendente, en contra de la sentencia judicial que anulaba su designación y prohibía que tome el cargo.
En la mañana del 16 de agosto, el funcionario contó que el Gobierno estaba analizando la actuación del Legislativo, porque esa votación implicaría una causal para su destitución, por posesionar a una persona que no ha sido designada.
Jiménez afirmó que el presidente Guillermo Lasso y su equipo tomarían una decisión al respecto, "debidamente meditada", ya que había "una serie de connotaciones jurídicas, institucionales y constitucionales".
Horas después, el Primer Mandatario lo contradijo y sostuvo que no está en discusión apoyar o impulsar una posible destitución.
Por su lado, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), Hernán Ulloa, habló de una supuesta arrogación de funciones de la Asamblea porque solo el Consejo puede designar autoridades de control.
Su argumento es que el Cpccs recibió una nueva terna para iniciar otro proceso de selección, después de que la designación de González quedara anulada. Por ende, sostuvo, el Legislativo debió designarlo para poder posesionarlo.
Mientras que la Asamblea decidió que no acatarían "cualquier decisión judicial que interfiera en las decisiones de la Función Legislativa respecto de sus atribuciones". Por lo que ordenaron la posesión de González, considerando que su designación fue notificada al Parlamento previo a su anulación.
Además, el Pleno exhortó al Consejo de la Judicatura a que analice la actuación de los jueces que interfieren en las atribuciones de otras funciones del Estado.
Posible destitución de los asambleístas
Una posible destitución de los legisladores que posesionaron a González, pese a la sentencia que lo impedía, no es una tarea fácil.
"El Presidente o el Gobierno no pueden generar una destitución directamente, ni establecer causales", advierte Ron. Tampoco podrían presentar una acción de incumplimiento, por el desacato a la sentencia.
Esa decisión está solamente en manos de los implicados en el proceso, la demandante Michelle Guerra, o los accionados, los vocales del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).
Pero ellos también deberán esperar la decisión de segunda instancia. Y, en caso de llevarla ante la Corte Constitucional, el proceso de análisis puede tomar alrededor de un año. Lo cual, según Ron, es un tiempo corto en comparación a los otros procesos que lleva adelante el organismo.
Además, el hecho de interponer la acción no implica que esta termine en una destitución, ya que esta es la sanción más grave. La Corte puede tomar otro tipo de medidas, como llamados de atención o sanciones pecuniarias.
"La Corte también va a analizar que es una sanción muy grave y va a generar desinstitucionalización".
Ximena Ron
La jurista pone sobre el tablero también el desacato del mismo Gobierno que apeló la sentencia que ordenaba la liberación del exvicepresidente Jorge Glas. Por lo que llamar la atención sobre el incumplimiento de la Asamblea, sería un riesgo pedir una destitución.
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