Jueza de Samborondón anuló designación de Superintendente de Bancos
La jueza Larissa Ibarra aceptó la acción de protección interpuesta por Michelle Guerra y anuló la designación de Raúl González como Superintendente.
Raúl González en audiencia pública ante el Cpccs, mientras presentaba su plan de trabajo para la Superintendencia de Bancos, el 19 de julio de 2022.
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Raúl González no podrá asumir como nuevo Superintendente de Bancos, luego de que la jueza de Samborondón, Larissa Ibarra, aceptara, el 1 de agosto de 2022, la acción de protección interpuesta por la ciudadana Michelle Guerra.
En su providencia, Ibarra declaró "la nulidad radical del proceso de designación de Superintendente de Bancos que desarrolló el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) a partir de la sesión 28 del 19 de julio de 2022, incluida la resolución del 20 de julio de 2022".
Además conminó al Consejo de Participación a que solicite "de manera inmediata, al Presidente de la República el envío de una nueva terna para escoger al nuevo Superintendente de Bancos".
Para cumplir con la sentencia, el presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, envió de inmediato la carta al presidente Guillermo Lasso para que remita la terna.
Ibarra consideró que la designación de González vulneró "los derechos constitucionales del debido proceso, seguridad jurídica y participación de los que es titular la accionante".
La audiencia se realizó el 29 de julio en la Unidad Judicial Multicompetente de Samborodón, pero su suspendió luego de que la jueza Ibarra se retirara de la sala por las críticas a su gestión por parte de los legisladores Luis Almeida (PSC) y Ferdinan Álvarez (UNES).
La designación de González como Superintendente de Bancos tuvo varios cuestionamientos. El mismo presidente Ulloa lo señaló como socio de una empresa que mantiene contratos con el Estado.
La consejera Ibeth Estupiñán dijo que no confiaba en González porque se desempeñó como liquidador del Banco Territorial, por lo que habría un posible conflicto de intereses.
Por su parte, el abogado de González, Robert Friend, dijo el 1 de agosto que su cliente no tiene ningún impedimento del Ministerio de Trabajo para asumir el cargo y que tampoco habría conflicto de intereses.
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