10 de las inusuales demandas de los indígenas durante el diálogo

El Ejecutivo acordó diseñar e implementar una política de comunicación permanente sobre los derechos colectivos. El trabajo conjunto con las organizaciones indígenas empezará a los 30 días de cerrado el diálogo. El presupuesto saldrá de las arcas estatales.

El Ejecutivo actualizará la resolución de la tarifa social para los servicios de telefonía móvil y de internet fijo. Y trabajarán en ampliar este beneficio, en 90 días, principalmente a la población vulnerable de áreas rurales y urbanas, adultos mayores y beneficiarios del bono de desarrollo humano y pensionistas del MIES.

El Gobierno descartó por completo la posibilidad de generar un fondo de reparación integral para las víctimas de los enfrentamientos con las fuerzas del orden, durante los paros de octubre de 2019 y junio de 2022. Pero sí acordó identificar a las personas afectadas que requieran una atención inmediata y definir el tipo de asistencia que requieren y puede otorgarles el Ejecutivo.

La Secretaría de Derechos Humanos presentará un informe de los programas en los que conste el enfoque y el modelo de gestión para la prevención y erradicación de la violencia de género. Algo por lo que el Ejecutivo ha sido duramente cuestionado, después del femicidio de María Belén Bernal en un regimiento policial. Adicionalmente, se conformará una mesa técnica que diseñará, ejecutará y evaluará una política focalizada para prevenir y erradicar la violencia de género y el femicidio.

Pese a la crisis carcelaria, e incluso la falta de personal y presupuesto necesario, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) se comprometió, hasta marzo del 2023, a implementar nuevos sistemas informáticos.

El SNAI actualizará el protocolo para el proceso de rehabilitación, reinserción social y desarrollo de actividades que permitan mejorar el estado de salud mental y emocional de las personas privadas de la libertad. Para ello trabajará con las familias de los privados de libertad, las organizaciones sociales y las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Otra de las demandas fue que el Consejo de Participación Ciudadana gestionará, con la correspondiente entidad estatal, el cumplimiento de la reparación de las familias de las víctimas de las masacres carcelarias. El argumento aceptado por el Gobierno fue la vulneración de sus derechos a la integridad psicológica, "al generar traumas irreparables en sus vidas, sobre todo a mujeres, niñas, niños y adolescentes".

Todas las acusaciones lanzadas por el mismo Primer Mandatario y el exministro del Interior, Patricio Carrillo, contra la guardia indígena y los supuestos intereses detrás de las movilizaciones de junio, quedaron en el aire. El Gobierno acordó respetar la guardia indígena, según lo dispone la Corte Constitucional y la normativa nacional e internacional vigente.

El Ministerio del Interior, sin su máxima autoridad presente, aceptó revisar y actualizar, junto con las organizaciones indígenas, el Instructivo para el acercamiento, coordinación, cooperación policial con las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador. El objetivo es crear "un enfoque intercultural y de derechos humanos sobre cosmovisión de los pueblos y nacionalidades, derechos colectivos y justicia indígena". Las partes acordaron la construcción conjunta de un proyecto técnico-jurídico respecto a lo establecido en la Constitución, para que permita definir los procesos para "la efectiva implementación de las decisiones de la justicia indígena con relación a la aplicación de acciones específicas".

La mención a un supuesto Plan Ecuador, que no trata de replicar el polémico Plan Colombia, sino de incrementar la cooperación con Estados Unidos en temas de seguridad, fue parte de la discusión en la mesa de seguridad.