El discurso bandera del gobierno es también su principal deuda: el diálogo

Durante los 11 días que duró el último paro nacional, el gobierno llamó al diálogo a quienes estaban en contra de las medidas económicas anunciadas el 1 de octubre, principalmente a la Conaie y a los sindicatos.

Finalmente ese fue el mecanismo que permitió derogar el Decreto Ejecutivo 883 y desactivar la movilización indígena, el colectivo que dio fuerza y visibilidad a las demás movilizaciones.

Ese llamado, sin embargo, no es nuevo. Es un anuncio que viene desde la campaña electoral y que marcó el inicio de la gestión de Moreno. Sin embargo, dos años después, sigue siendo una demanda de las organizaciones sociales y otros actores de la sociedad civil.

Una de las primeras iniciativas de Moreno tras ganar las elecciones fue la del llamado Diálogo Nacional. Invitó a los candidatos que no ganaron a conversar con él, y a todo tipo de sectores sociales a Carondelet. El slogan de “El gobierno de todos” se instaló y se habló de acuerdos y consensos.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) fue justamente una de los primeros invitados. Dos años y medio después, los indígenas volvieron a sentarse con el gobierno para poner fin al paro que duró 11 días y que dejó millonarias pérdidas en el sector productivo.

Jaime Vargas, presidente de la Conaie, criticó esta política del diálogo el 13 de octubre, precisamente durante la instalación del diálogo. “Sus ministros nunca contestan los celulares, pero hoy, cada minuto y cada segundo hemos tenido llamadas. Usted tiene ministros que no tienen la voluntad de dialogar”, le dijo a Moreno.

Al menos tres encuentros con el movimiento indígena se han llevado a cabo en Carondelet. El primero fue el 4 de julio de 2017, a poco más de un mes de su posesión como Presidente. En septiembre del mismo año y junio de 2018 también hubo encuentros, en los que se trató temas como la educación intercultural.

Con los movimientos sindicales, la situación es similar. Los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) han estado en al menos cuatro reuniones en Carondelet, con el presidente Moreno.

Sin embargo, antes de presentar las medidas económicas -el pasado 1 de octubre-, ninguno de los dos sectores había sido convocado a una reunión al respecto. Para esa fecha, los tiempos corrían en contra del gobierno pues ya debe entregar la proforma presupuestaria de 2020 a la Asamblea.

De hecho, la principal medida -la eliminación del subsidio a la gasolinas extra y al diésel- tomó por sorpresa a la mayoría de sectores.

La incertidumbre antes del anuncio de las reformas económicas y laborales se mantuvo hasta minutos antes de la cadena nacional en la que el presidente Moreno anunció el retiro de los subsidios a los combustibles. En los días previos se especuló sobre la posibilidad de incrementar el IVA.

Esa situación se había mantenido durante meses: la reforma se anunció desde inicios de año, y se esperaba que se presente el 24 de mayo de 2019, pero no llegó. 

El diálogo quedó en la agenda

El “Plan de Prosperidad”, que el gobierno presentó en marzo de 2019 y que recibió el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya hablaba de la eliminación del subsidio a los combustibles. Pero también hablaba de diálogo y consenso. 

El numeral 9 del plan señala: “Como gobierno, estableceremos una mesa de diálogo nacional para definir la mejor manera de focalizarlos (los subsidios a los combustibles) en consenso con todos los sectores del país”.

Desde entonces se hablaba de que estos subsidios debían enfocarse en “quien realmente lo necesita”.

Pero el consenso nunca llegó. Las medidas recibieron el respaldo de los sectores productivos, y el rechazo del movimiento indígena, el sector sindical y los transportistas. Este rechazo derivó en los 11 días de paro.

Los acercamientos comenzaron recién a los nueve días del paro. El gobierno y los indígenas están en reuniones, una semana sin llegar a acuerdos.

De momento, la derogatoria del acuerdo 883 es el único punto en común ya implementado, mientras ambas partes siguen en la búsqueda de consensos para un nuevo decreto. 

Pero los empresarios son quienes ahora se sienten excluidos. Después de la derogatoria del Decreto 883, creen que todos los sectores deberían estar en las negociaciones para garantizar el futuro de las medidas económicas.

Nuevas reuniones con gremios de trabajadores, gobiernos seccionales, productores, industriales y radiodifusores son encabezadas por el vicepresidente Otto Sonnenholzner. La proforma presupuestaria 2020 debe llegar hasta antes de fin de mes, para su aprobación en la Asamblea.