La Corte Nacional solicitó la ubicación de Rafael Correa y siete personas más. Pero ese es solo un paso previo para un largo proceso de extradición.
Extraditar a una persona sentenciada en Ecuador, y que está residiendo en otro país, es más complicado de lo que se parece. El proceso depende de varios pasos.
El primero de la justicia ecuatoriana, luego de la Interpol y de la Policía del país de residencia del prófugo. Finalmente, de las negociaciones diplomáticas entre ambos países.
La extradición es un proceso que puede llegar a durar años y no hay seguridad de que se llegue a concretar.
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) empezó a preparar el camino para extraditar a los ocho prófugos por el caso Sobornos 2012-2016. A la cabeza de esa lista está el expresidente Rafael Correa.
La CNJ solicitó a la oficina de la Interpol en Quito que determiné la ubicación de los sentenciados por cohecho.
Una vez que la Interpol los ubique y entregue esa información, respaldada en los movimientos migratorios, la Corte Nacional podrá solicitar que se emita una orden de difusión roja.
La difusión roja
La orden de difusión roja es un paso ineludible en el proceso de extradición. Si esta orden no existe, la Policía del país en el que residen los prófugos no podrá buscarlos y detenerlos.
Según los últimos antecedentes, la orden difusión roja es la parte más complicada del proceso.
La Interpol ya ha rechazado dos veces el pedido de la justicia ecuatoriana para girar una orden de este tipo, contra Rafael Correa. En ambas ocasiones fueron solicitadas por los casos Balda y Sobornos.
En esos procesos, la Interpol consideró que las solicitudes de Ecuador no estaban apegadas al ámbito de cooperación de las agencias policiales del mundo, sino más bien a fines de carácter político.
La diferencia ahora es que el caso Sobornos tiene sentencia de última instancia. Además de eso, la Corte Constitucional negó que Correa y el resto de sentenciados hayan sido víctimas de una vulneración de derechos constitucionales durante el proceso penal.
Otro factor a considerar es que la Interpol no tiene un plazo fijo para aceptar y emitir las órdenes de difusión roja.
La Interpol aclara que no se trata de una orden de detención de internacional. La notificación es una solicitud a las policías de 194 países, para localizar y detener provisionalmente a una persona hasta que se ejecute una extradición.
Este es el proceso:
La extradición
Una vez que el prófugo sea retenido en su país de residencia, podría empezar el trámite diplomático para su extradición.
Esto depende, en gran medida, de que Ecuador tenga un tratado vigente con el país donde se realizó la captura. Según el exvicecanciller Carlos Estarellas, Ecuador tiene tratados de este tipo con 19 países.
Uno de estos, y el más antiguo, es con Bélgica. En donde reside -normalmente- el expresidente Rafael Correa. Ecuador tiene acuerdos con países donde se presume que están otros cuatro de los ocho prófugos.
Pero no basta con que haya un acuerdo vigente, también se debe considerar el contenido de esos documentos internacionales. Este tipo de acuerdos estipulan los delitos por lo que se puede extraditar a una persona.
En el caso del acuerdo con Bélgica -por ejemplo- se tipifican tres delitos relacionados con la corrupción, aunque no menciona específicamente al cohecho que fue por el delito por el que Correa tiene sentencia.
Finalmente, entran en juego las relaciones políticas y diplomáticas entre los gobiernos. En este caso de Ecuador con el país de residencia del prófugo.
En algunos casos eso resultaría virtualmente imposible.
Por ejemplo, actualmente Correa está en Venezuela asesorando al gobierno de Nicolás Maduro y en ese país también vive Vinicio Alvarado, otro de los prófugos.
Sin embargo, ni el gobierno de Lenín Moreno ni el presidente electo, Guillermo Lasso, reconocen a Maduro como presidente de Venezuela, ni a sus representantes diplomáticos. En esas condiciones sería imposible tramitar una extradición.
También sería complicado en el caso de María de los Ángeles Duarte, quien reside en la Embajada de Argentina bajo la condición de “huésped, por razones humanitarias”. Ella alegó ser perseguida política.
Esa condición fue otorgada por el gobierno de Alberto Fernández, quien es cercano a Correa y a los demás líderes del autodenominado socialismo del siglo XXI.
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