La disputa indígenas vs. Gobierno pasa al plano judicial
Los líderes indígenas enfrentan cinco casos penales por el paro de octubre, uno impulsado por el Gobierno. Ellos ahora planean contraatacar con una denuncia por uso excesivo de la fuerza, crimen de lesa humanidad o asesinato.
Jaime Vargas y Leonidas Iza a la salida de la Fiscalía, luego de rendir versiones por el caso de instigación a raíz del paro de octubre.
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Luego de tres meses de las violentas manifestaciones que se suscitaron en el país, la disputa política no cesa entre los líderes indígenas y el Gobierno del presidente Lenín Moreno.
Si bien el fuego cruzado de declaraciones políticas había disminuido en las últimas semanas, el martes 14 de enero de 2020, la controversia se reactivó con la revelación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las protestas.
El organismo centra sus recomendaciones en el Gobierno, al que le pide, entre otras cosas, establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias.
La CIDH también toca algunos hechos acaecidos en octubre que apuntan a la dirigencia indígena. Por ejemplo, se pide garantizar que los periodistas y comunicadores no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en su trabajo durante las manifestaciones.
Uno de los cinco casos que los líderes indígenas enfrentan a ante la justicia, se refiere justamente a los incidentes en el Ágora de la Casa de la Cultura, donde retuvieron a policías y a periodistas.
Las indagaciones previas de estos casos pueden tomar hasta dos años. Solo de la Fiscalía depende si los casos pasan a instrucción fiscal y a un eventual juicio.
Cinco casos
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Secuestro
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Uno de los casos más graves que enfrentan los líderes indígenas es por presunto secuestro. La denuncia la interpuso el Ministerio de Gobierno, por la retención de miembros policiales.
En el caso son indagados Jaime Vargas, Leonidas Iza, José Casiqueando, Carlos Sucuzhañay, Manuel Chugchilán, Luis Morales. Y el sindicalista Mesías Tatamuez.
Enfrentan una pena de entre cinco y siete años, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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Instigación
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El activista político quiteño Marcelo Hallo, en cambio, denunció a cinco dirigentes indígenas por la instigación a sabotaje, rebelión y terrorismo.
Son indagados Vargas, Iza , Rafael Pandam y Marlon Santi. La semana pasada, luego de dos llamados, los tres primeros rindieron su versión.
En este caso, los líderes indígenas se enfrentan a una pena de entre seis meses y dos años de prisión.
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Terrorismo
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La denuncia por este delito la presentó el exvicepresidente Alberto Dahik. Y apunta únicamente contra Jaime Vargas, como presidente de la Conaie.
El argumento del político es que, durante las protestas, el dirigente indígena dijo: "hemos dado en este momento, como amazónicos, la orden de cerrar todas las llaves del petróleo".
Según el COIP, Vargas podría enfrentar una pena de entre 10 y 13 años de prisión.
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Odio
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La cuarta denuncia apunta también a Jaime Vargas. El delito de odio presuntamente lo habría cometido contra las personas con discapacidad.
La denuncia la interpuso Carlos Coloma, presidente de la Corporación Internacional de Defensa de Derechos Ciudadanos, Veedurías y Mediación.
El dirigente, el 10 de octubre dijo: ¡Señores de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, únanse al pueblo, no cumplan esas órdenes de ese traidor, mentiroso, ladrón que se ha unido con Lasso y Nebot. A las Fuerzas Armadas, quítenle apoyo a ese patojo de mierda!"
La pena por el delito de odio va de uno a tres años.
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Grupos subversivos
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Finalmente, el 22 de octubre de 2019, en los días posteriores al paro, la Fiscalía decidió abrir una indagación previa de oficio a Jaime Vargas por el delito denominado grupos subversivos.
En una asamblea en Morona Santiago, el presidente de la Conaie aseguró que iban a organizar a sus excombatientes para tener su propio ejército.
El COIP establece penas de entre uno y tres años por este delito.
La respuesta de la Conaie
Luego de rendir declaración por el caso de instigación, Jaime Vargas, presidente de la Conaie, indicó que el movimiento indígena está recolectando información para presentar una demanda contra el Gobierno.
La organización todavía no ha definido a qué funcionario del Gobierno apuntará la demanda. Ni tampoco bajo qué figura tipificada en el Código Orgánico Integral Penal.
Pero, adelantaron que la causa podría incluir el empleo del uso excesivo de la fuerza, crímenes de lesa humanidad y asesinato.
El primero no aparece en la normativa como tipo penal. En el segundo caso, el Código plantea penas de 26 a 30 años de prisión. Y en el caso de asesinato las penas van de 22 a 26 años.
La denuncia del Gobierno no es la única que ha respondido el movimiento indígena. En noviembre, también planteó una denuncia por odio contra Alberto Dahik.
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