El sistema de compensación Sucre lleva 12 años en funcionamiento, y ha estado rodeado de críticas porque empresas fraudulentas lo han usado para lavar activos. La Cancillería también trabaja en la salida del llamado Banco del Sur.
El proceso de denuncia del tratado de constitución del sistema Sucre está en trámite desde 2018, y finalmente se concretaría en estos días.
El canciller Juan Carlos Holguín confirmó a PRIMICIAS que el análisis técnico fue enviado a la Presidencia y esta, a su vez, remitió el caso a la Corte Constitucional para su análisis, el pasado 18 de febrero de 2022. Esa institución deberá decidir si el proceso de denuncia debe o no por la Asamblea Nacional.
Con este paso, Ecuador oficialmente quedaría fuera del uso de este sistema de compensación, al que se integró en 2010. Este fue concebido en el seno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por los llamados gobiernos “progresistas”.
La salida del Sucre se concretará después de las críticas y denuncias sobre su funcionamiento, especialmente por el proceso judicial en Estados Unidos contra Álex Saab, señalado como el testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Empresas relacionadas con Saab usaron el Sucre en Ecuador para lavar millones de dólares en exportaciones fraudulentas.
El proceso ha tomado años, a pesar de que decenas de informes internos del Banco Central evidencian la caída en el uso del sistema y la opacidad en el manejo del dinero dentro del Comité Monetario del Sucre.
La pandemia y la falta de voluntad política han demorado el trámite, que comenzó durante el gobierno de Lenín Moreno.
En total, entre 2010 y 2017, Ecuador entregó USD 2,3 millones para el Consejo Monetario, y USD 2,4 millones para el Fondo de Reservas. Es decir que el aporte total del país para el sistema Sucre suma USD 4,7 millones.
Este dinero, con la denuncia del tratado, no se podrá recuperar.
Primeros pasos para la salida del Sucre
En 2018, la Cancillería inició los pasos para la denuncia del tratado constitutivo del Sucre. Para ese año, se había evidenciado ya varios problemas dentro de su funcionamiento, como la opacidad y las irregularidades en el manejo del Fondo de Reserva.
Como informó PRIMICIAS, este fondo se usó para hacer riesgosas inversiones en bonos venezolanos y de la estatal petrolera de ese país, PDVSA. Desde 2017, Ecuador no ha podido obtener mayor información sobre las inversiones.
Además, la Cancillería indicó a PRIMICIAS que hubo varias reuniones a finales 2018 para analizar el tema. A inicios de 2019, esa institución requirió un informe al Banco Central (BCE) sobre la situación del Sucre y las acciones de emprendidas sobre sus limitaciones.
En agosto de 2019, el BCE ratificó, en un informe, los problemas de operatividad del Sucre, pero no se hablaba aún de una denuncia del tratado. Frente a ello la Cancillería pidió una recomendación concreta sobre los futuros pasos que debían darse.
Las últimas gestiones
Ya en 2021, la Cancillería retomó el trámite y nuevamente solicitó un informe técnico al Banco Central.
En su respuesta, el actual presidente de la institución, Guillermo Avellán, le solicita al entonces canciller Mauricio Montalvo que “implemente las acciones que considere necesarias respecto de una posible denuncia del Tratado Constitutivo del Sucre”.
Con base en ese informe, la Cancillería comenzó oficialmente con el trámite de la denuncia del tratado. El informe técnico jurídico está en manos de la Secretaría Jurídica de la Presidencia para su análisis, y según el actual canciller Holguín, el instrumento de denuncia se firmaría esta semana.
El proceso entonces continuará con la notificación al gobierno de Nicolás Maduro, el depositario de ese tratado.
La salida del Banco del Sur
Un proceso similar emprende la Cancillería para la denuncia del tratado por el que Ecuador forma parte del Banco del Sur, también ratificado en 2010. Este banco se constituyó entre Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela, aunque Uruguay se retiró en 2020.
Ambos procesos van a la par, pues el informe técnico en este caso también está en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, y pasará a la Corte Constitucional.
Hasta 2013, el aporte de los países integrantes sumaba USD 7.000 millones.
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