El índice de riesgo político es una medición de los entornos institucional, social y económico de Ecuador y sus posibles impactos, especialmente, para los negocios. El indicador ha ido en aumento aunque, ahora, está estable. Pero, hay siete riesgos políticos de alto impacto que prevé Profitas para este año.
El Índice de Riesgo Político (IRP) de la consultora Prófitas de Ecuador mide los cambios en el entorno que tienen impacto en el sector empresarial, considerando 24 variables distribuidas en tres categorías: institucional, social y económica.
La escala de medición varía entre 0 y 10. Mientras más alto el valor es más elevado riesgoso. Sin embargo, tras el paro de octubre, el riesgo político se estabilizó en los dos últimos meses del año.
Prófitas identificó 13 riesgos políticos en sus previsiones para 2020 que podrían impactar el ambiente de negocio. Entre las más relevantes están:
- Recesión económica: El Gobierno requiere USD 6.500 millones en desembolsos para atender el déficit y el pago de amortizaciones, pero bajo el supuesto de que obtendrá otros USD 2.000 millones vía monetización de activos, “algo poco probable ante la dificultad para valorarlos, un alto riesgo país que hace poco atractivo invertir en el país, y la incertidumbre de negociar con una administración debilitada y en un año preelectoral”.
- Bloqueo político: Es evidente, dice la firma, que esto ha ido creciendo y que el Gobierno tiene, cada vez, mayores dificultades para implementar sus políticas públicas y aprobar las leyes que impulsa para su administración. No se espera que esta dinámica cambie este año.
- Shock externo: Las variables geopolíticas y económicas podrían modificar las proyecciones de los precios del petróleo. La inestabilidad en Medio Oriente ante protestas masivas en Irán e Irak, la guerra en Siria y la política estadounidense en la región agregan incertidumbre al mercado petrolero.
- Populismo electoral: Es altamente probable que los precandidatos abracen propuestas populistas para posicionarse ante un electorado crecientemente molesto con la situación del país, ante el estancamiento económico, el ajuste fiscal, la falta de empleo, la creciente inseguridad, y la mayor conflictividad social.
- Conflictividad social: La inconformidad ciudadana se mantendrá. Pero el Gobierno evitará avanzar acciones de política pública que puedan generar un rechazo generalizado de la población. Es posible, sin embargo, que decisiones que afecten a ciertos sectores específicos puedan generar tensiones y conflictos con actores puntuales.
- Acuerdo con el FMI: Las acciones de política pública que avance el Gobierno estarán a la sombra del acuerdo. Tras el fracaso del amplio paquete de reformas enviado en octubre, es probable que el Gobierno busque avanzar cambios específicos a ciertos cuerpos legales en proyectos independientes de acuerdo con cada temática.
- Cuestionamiento del rol empresarial: El escrutinio sobre el papel de las empresas y su responsabilidad social será una tendencia que se profundizará durante el año.
- Los otros seis son considerados de menor probabilidad e impacto: seguridad, crisis de gabinete, desestabilización del régimen, default, renegociación de contratos y monetización de activos.
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