El Gobierno tiene por ahora solo tres leyes prioritarias, la primera -reforma tributaria- fue aprobada el martes. Las otras son la ley de pesca y la reforma monetaria.
A 20 días de que termine el año, el Ejecutivo celebra una victoria parcial: la aprobación de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. Esta era una de las tres prioridades legislativas que tiene el Gobierno.
Las otras dos son la Ley de Pesca y Acuicultura, presentada por el presidente Lenín Moreno en agosto, y las reformas monetarias y financieras, que fueron excluidas del debate económico urgente, tras el archivo del primer proyecto presentado por el Ejecutivo en octubre.
“Nuestras expectativas con el Legislativo son esas”, admitió el vicepresidente Otto Sonnenholzner a PRIMICIAS. “En la Asamblea se presenta leyes, muchas, unas se aprueban, otras están ahí”, dijo.
Las que “están ahí”, esperando trámite, representan el 55% de los proyectos presentados por el Ejecutivo.
Hay una especie de letargo a veces, con muchos proyectos de ley.
Otto Sonnenholzner, Vicepresidente de la República
El presidente Moreno tuvo incluso su primer archivo de una ley, el 17 de noviembre. Por lo que, para remitir un nuevo proyecto económico urgente no bastó con separar la parte monetaria y reducir su extensión, el Mandatario tuvo que llamar a los jefes de las bancadas legislativas a Carondelet, para convencerlos de la necesidad de las reformas económicas aprobadas este lunes.
El Legislativo no aprieta el paso
Pese a las necesidades del país, esta Asamblea no se caracteriza por su productividad. Sin contar que ha tenido ya tres titulares en lo que va del periodo y tuvo tres comisiones bloqueadas durante varios meses de este año. De ellas, la que sigue teniendo problemas es la de Gobiernos Autónomos.
Aunque el presidente del Parlamento, el oficialista César Litardo, llegó al cargo con un acuerdo legislativo entre cuatro bancadas (AP, PSC, BADI, BIN), que se comprometían para darle gobernabilidad a la institución, cumplir una agenda pragmática y fiscaliza. Nada de esto ha sucedido.
El 1 de agosto, Litardo presentó una agenda con 18 puntos prioritarios para lo que quedaba del año. Una programación ‘austera’ comparada con la lista de 48 leyes planteada por su antecesora, Elizabeth Cabezas. Sin embargo, de estos proyectos, solo el 17% han llegado a ser aprobados.
Entre esas prioridades estaban, por ejemplo, cuatro iniciativas del Ejecutivo:
- La denuncia del Tratado Constitutivo de la Unasur (aprobada).
- La reforma a la Ley de Comunicación (aprobada).
- Las reformas a la Ley de Movilidad Humana (primer debate)
- La Ley de Pesca y Acuicultura.
Sin embargo, ayer Litardo admitió que otros procesos en manos del Legislativo “se pueden entorpecer por los diferentes eventos que se dan por las fiestas de navidad y fin de año“.
Y, para evitarlo, por ejemplo, el juicio político en contra de Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), deberá esperar a enero para ser remitido a la Comisión de Fiscalización.
El Ejecutivo y sus proyectos pendientes
El vicepresidente Sonnenholzner explicó que la Ley de Pesca es una prioridad en la que él mismo está trabajando: la Unión Europea le sacó una tarjeta amarilla al país.
El funcionario espera que el Ecuador llegue a cumplir con los estándares internacionales en cuanto a la captura legal de especies: la comercialización de en esa área representa USD 1.500 millones anuales.
No podemos darnos el lujo de no cumplir con los estándares internacionales en pesca.
Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República
Si Ecuador no logra detener la pesca ilegal, corre el riesgo de recibir una tarjeta roja y quedar excluido del mercado europeo. Según la Cámara Nacional de Pesquería, el 62% de las exportaciones de atún tienen como destino la UE.
Además, el vicepresidente anunció que el Ejecutivo retomará el análisis y debate de las reformas monetarias desde el próximo enero.
Y, pese a las bajas expectativas con el Legislativo, el Gobierno tiene previsto remitir dos nuevos proyectos de ley que tienen que ver con su intención de luchar contra la corrupción: unas reformas al Código Integral Penal y una nueva Ley de Transparencia.
Tanto al Ejecutivo como al Legislativo les quedan alrededor de 17 meses en el poder, para cumplir o incumplir sus planes de trabajo y campaña.
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