En este periodo, la Judicatura ha destituido a 60 jueces y suspendido a otros 62. Esta última figura se utilizó para la jueza María Belén Domínguez en el caso de la acción de protección de Jorge Yunda.
En medio de las polémicas medidas cautelares concedidas al alcalde de Quito, Jorge Yunda, el Consejo de la Judicatura anunció acciones disciplinarias contra los funcionarios que participaron en los procesos irregulares en torno al caso, incluidos los jueces.
Ante la vista de los quiteños, el caos político y legal en el que está sumida la autoridad capitalina incluye un sorteo con denuncias de irregularidad, servidores judiciales suspendidos y la aceptación final de unas medidas cautelares que devolvieron al exalcalde su cargo, tras la remoción por parte del Concejo municipal.
Por esto la Judicatura pidió, además, al gobierno central los recursos necesarios para iniciar la evaluación de desempeño y productividad de los jueces de las cortes provinciales y tribunales contenciosos del país, que debe realizarse cada tres años.
Y, solo en lo que va de esta administración del Consejo, la entidad ha sancionado a 560 servidores judiciales, con distintos tipos de medidas.
Entre los funcionarios destituidos hay tres jueces, dos fiscales, tres defensores públicos y 13 otros que fueron sancionados por actos de corrupción.
Entre ellos por solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad; ejecutar en forma irregular el sorteo de causas; y revelar información sobre actos investigativos que puedan favorecer o perjudicar ilegítimamente a una de las partes.
La suspensión, que fue aplicada a los funcionarios judiciales involucrados en el sorteo irregular en el caso de las medidas cautelares de Jorge Yunda, es más común entre jueces que en cualquier otra categoría de servidor judicial.
La última figura de sanción y la más común es la amonestación y sucede más entre los abogados privados.
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