Publio Vásquez, exasesor en la Asamblea Nacional y exfuncionario de Lenín Moreno, es uno de los 25 llamados a juicio por delincuencia organizada.
La Fiscalía lo ubica como uno de los líderes de la organización. Vásquez supuestamente manejaba la parte financiera y la planificación de esta estructura criminal.
Según la Fiscalía, un grupo de 25 personas adecuó su conducta para la irregular suscripción de contratos y para favorecer a directivos del Ministerio de Salud, a través de funcionarios, personal médico y proveedores.
La Fiscalía detectó que, entre el 1 de enero y el 16 de junio de 2020, se firmaron 140 contratos en ese hospital y varios de ellos fueron adjudicados en dos o más ocasiones a los presuntos integrantes de la red.
Años antes, en 2016, Vásquez ingresó a trabajar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Era planificador del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y ahí coincidió con Francisco Ceballos, quien luego fue gerente del Abel Gilbert y es otro de los líderes de la presunta organización.
Luego de su paso por el IESS, Vásquez fue contratado como asesor por el exlegislador Julio César Quiñónez, quien era vicepresidente de la Comisión de los Trabajadores. El exasambleísta dice que solo se ha enterado del caso por los medios de comunicación.
Quiñónez perteneció a la bancada de Alianza PAIS y luego del rompimiento con el correísmo siguió en las filas del bloque oficialista del expresidente Lenín Moreno.
Tras su paso por la Asamblea, Vásquez siguió vinculado al gobierno de Moreno. Fue designado gerente de la Unidad de Negocio de Termogas Machala, entidad adscrita a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).
En ese puesto estuvo hasta el 22 de febrero de 2018. Y tres meses después ingresó como analista de investigación al Hospital Abel Gilbert. Semanas antes, su amigo Francisco Ceballos había sido nombrado gerente de esa casa de salud.
El nexo de la organización
Según la teoría del caso de la Fiscalía, Publio Vásquez era el nexo entre las diferentes áreas de la estructura criminal.
Por un lado, era cercano a la gerencia del Hospital Abel Gilbert. Pero, por el otro, tenía una amplia trayectoria empresarial en la industria médica y conocía a los presuntos integrantes de la estructura criminal.
La Fiscalía, por ejemplo, identificó que Vásquez se comunicaba vía telefónica constantemente con los otros llamados a juicio.
Del lado de los proveedores, los investigadores triangularon llamadas con Carlo Camacho, Álex Cornejo, Luis Orrantía, Eduardo Salazar y Laura Ulici.
Y en el Hospital conversaba con el exgerente Cevallos y Daniel Petroche, quien era químico farmacéutico de ese centro.
En su versión, Vásquez aceptó que conoce desde muchos años a estos proveedores del Estado. Con Camacho, por ejemplo, dijo que tiene una academia de artes marciales a la que asisten sus hijos.
Y sobre Laura Ulici, señaló que la conoce desde 1998. Entonces él se dedicaba a la venta de insumos médicos y ella era una de sus principales competidoras.
Ulici es directiva de Zoldan Corporeishon, empresa que ha sido identificada por las autoridades como el punto central de la corrupción hospitalaria en el país. En agosto de 2020, PRIMICIAS reveló que esta red, a través de subastas inversas y negociaciones, acaparó, al menos, 300 contratos de salud pública, entre 2009 y 2020, por USD 119 millones.
Con estos indicios, la Fiscalía impone a Vásquez el rol de planificador de la estructura.
Su papel en la parte financiera tiene que ver con el movimiento de sus cuentas bancarias.
Según el acta de la audiencia preparatoria de juicio, Vásquez registra, al menos, cuatro cuentas en el sistema nacional con saldos desde USD 36.050 hasta USD 378.793. Varias de las transferencias se realizaron desde empresas proveedoras de insumos médicos.
En el registro de la Contraloría General del Estado, en la última declaración patrimonial, Vásquez reportó también cuatro cuentas corrientes. Sin embargo, en ese documento se identifica un saldo máximo de USD 8.375.
La red
Tras una denuncia de la Gobernación del Guayas, la Fiscalía investigó 140 contratos que el Abel Gilbert adjudicó a los integrantes de la red de corrupción esquivando los controles de contratación pública.
Sin embargo, lo que presuntamente ocurrió en ese Hospital es solamente la muestra de un caso más grande que operó en varias casas de salud del país, cuyo centro sería Zoldan Corporeishon.
Esta empresa es liderada por Érika Zoldan y Laura Ulici, quienes son dos de las llamadas a juicio en el caso del Abel Gilbert.
Los otros dos nombres en relación -entre el Abel Gilbert y la red Zoldan- son los de Javier Andrade y Karina Ayala. Ambos aparecen en la auditoría externa que Insightaud Audit Support hizo a Zoldan Corporeishon, en 2018.
Andrade, con USD 872.289, y Ayala, con USD 691.398, eran los principales deudores de Zoldan en esa época.
Pero, paradójicamente, Andrade era también el principal acreedor de la compañía. En la misma auditoría se detalla que Zoldan debía USD 1,1 millones a JRAL Medical, de su propiedad
Además, en la red hay relaciones filiales. La hermana y socia de Laura Ulici, Ángela Ulici, es también socia de Érika Zoldán, al compartir acciones con ambas en Z&U Med.
Y de ella se derivan seis conexiones más, como lo muestra PRIMICIAS en el siguiente mapa:
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