Femicidio de Belén Bernal obliga a Lasso a replantear sus políticas de género

La lista de ofrecimientos para las mujeres ecuatorianas crece. El presidente Guillermo Lasso hizo, el 27 de septiembre de 2022, su tercer gran anuncio en materia de género, para enfrentar la violencia contra las mujeres.

Los detalles se desconocen aún, ya que el Presidente solo adelantó que se tratará de un 'paquete' de medidas y "una suerte de pacto fiscal" para obtener el presupuesto necesario. Todo esto se dará a conocer con la firma de un futuro decreto, sin fecha de expedición.

Esto sucede en medio de un escándalo que rodea a la Policía Nacional por el asesinato y desaparición de María Belén Bernal, ocurrido el 11 de septiembre en la Escuela Superior de Policía, en Quito.

Esta crisis generada, por las omisiones por parte de la Policía, y la búsqueda fallida del principal sospechoso, el teniente de policía Germán Cáceres, provocaron la salida del ministro del Interior, Patricio Carrillo.

Junto a esa muerte, otras 275 mujeres murieron de manera violenta en el país y solo en febrero se reportaron 11 femicidios. Sin embargo, ahí no hubo anuncios de políticas públicas al respecto.

Ofertas de campaña

Con su paso a segunda vuelta, el entonces candidato Guillermo Lasso firmó un compromiso "por las mujeres y niñas", el 16 de marzo de 2021, para sumar apoyos de los sectores progresistas en las urnas.

El documento tenía varios puntos para prevenir la violencia contra las mujeres. La mayoría de esos, ahora se han convertido en deudas del Ejecutivo:

• Actuar para prevenir, sancionar y reparar ante la forma más extrema de violencia a la mujer: el femicidio
• Garantizar recursos suficientes y oportunos para el Sistema Nacional Integral en la materia y para la Función Judicial.
• Generar una línea de acceso directo para reportar y solicitar asistencia en casos de violencia.
• Mejorar y aumentar los canales de alerta temprana de la Unidad de Policía Comunitaria e implementar botones de pánico en sectores estratégicos concurridos por mujeres.
• Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que tienen casas de acogida.
• Implementar protocolos de denuncia y comités para mejorar las prácticas y ambiente laboral en el Gobierno Central.

Dos anuncios sin resultados

Ya en el poder, el 27 de septiembre de 2021, el Presidente y sus entonces ministras de Gobierno y de Derechos Humanos, Alejandra Vela y Bernarda Ordóñez, anunciaron la implementación del Registro Único de Violencia (RUV) Contra las Mujeres.

La herramienta debe ser parte del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género, integrado por 22 instituciones públicas, incluyendo las de justicia y Policía.

Su "primera versión estará operable e interconectada dentro de un año", dijeron entonces las autoridades. Pero hasta septiembre de 2022, no se ha dado a conocer su implementación.

Después, el 25 de noviembre, el Ejecutivo lanzó la campaña comunicacional "de la indignación a la acción", liderada por la Secretaría de Derechos Humanos (SDH).

Ese mismo día salió el decreto 268, sobre la declaratoria de prioridad nacional de la promoción y defensa de la igualdad de género, para desarrollar los “Compromisos de Ecuador por las Mujeres”.

Tampoco se conoce esos resultados.

Sin embargo, este evento precedió a la crisis con las casas de acogida.

Estos centros, que el presidente Lasso prometió apoyar en campaña, no tenían el presupuesto público anual -que significa el 40% de sus ingresos- para funcionar. Después de una serie de contradicciones con la SDH se firmaron los convenios.

Aunque algunos centros tuvieron que cerrar en enero por falta de recursos.

La Secretaría de Derechos Humanos

La Secretaría de Derechos Humanos tiene entre sus competencias la erradicación de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. En el caso de los femicidios, las mujeres jóvenes son la mayoría de víctimas.

La entidad tiene a su cargo dos proyectos específicos en la materia: los centros violeta y el de prevención de las violencias y fortalecimiento de capacidades para el acceso al empleo a mujeres y grupos vulnerables.

El primero tiene un presupuesto previsto de USD 18,93 millones y el segundo, de USD 12 millones, ambos hasta 2025. Sin embargo, la ejecución presupuestaria de este año no llega al 17% y 4% respectivamente.

Pese a este contexto, el presidente Lasso encargó a la Secretaría de Derechos Humanos liderar esta nueva etapa, de la que no se han conocido detalles, pero que se enfocará en enfrentar la violencia contra las mujeres.

Y, según la nueva promesa presidencial, destinar los recursos necesarios para que esto sea posible.