La amistad entre los hermanos Bucaram y los hermanos Salcedo no pesó en la decisión judicial. Paúl Granda sí será juzgado.
En junio de 2020, en plena pandemia por Covid-19, Ecuador descubría la existencia de una presunta red de corrupción que operó en los hospitales Teodoro Maldonado, Sur y Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil.
A la cabeza de ese escándalo apareció la figura de Daniel Salcedo, un joven empresario guayaquileño que, meses más tarde, sufrió un accidente aéreo mientras trataba de escapar hacia Perú.
Según las primeras investigaciones, Salcedo -valiéndose de arreglos con autoridades del IESS y de los hospitales investigados- logró acumular millonarios contratos por la venta de medicamentos e insumos médicos.
La pregunta entonces fue cómo Salcedo logró a tener tal nivel de influencia en el Seguro Social. Y, las pistas parecían apuntaban hacia la familia Bucaram, con la que Salcedo tenía una relación cercana.
En junio de 2020, por ejemplo, Abdalá 'Dalo' Bucaram Pulley y su esposa Gabriela Pazmiño viajaron a Estados Unidos y se hospedaron en una casa de Salcedo. Luego, al ser procesados por el caso, no regresaron al país y se convirtieron en prófugos.
Pero, finalmente, el juez Ronald Guerrero dio la razón a los Bucaram y luego de escuchar los resultados de la investigación de la Fiscalía, ratificó la inocencia de 'Dalo' Bucaram, de Pazmiño y de Michel Abdalá Pulley.
La Fiscalía no demostró nada
En su fallo, que fue notificado a las partes el 31 de mayo de 2021, el juez Guerrero dijo que si bien en el proceso se evidenció que los Bucaram tenían una relación con Daniel Salcedo, eso no demuestra nada en términos legales.
"Las relaciones de amistad o negocios, se encuentran fuera del ámbito del derecho penal".
Ronald Guerrero, juez de garantías penales.
Además, el magistrado recordó que ni 'Dalo', Michel Bucaram o Gabriela Pazmiño han sido funcionarios del IESS o de alguno de los hospitales que están siendo investigados.
Tampoco se comprobó, dijo el juez, que hayan suscrito a título personal o como representantes legales de alguna compañía convenios de pago o contratos con el IESS o con alguno de los Hospitales.
La Fiscalía tampoco logró vincularlos con algún funcionario del IESS. Ni pudo rastrear que hayan recibido beneficios económicos producto de la delincuencia organizada que se investiga o cualquier otro beneficio de tipo material.
La fiscalía había vinculado a Pazmiño y a los Bucaram por su relación con Jorge Henriques, quien se desempeñó como miembro del departamento de compras públicas de uno de los hospitales y es parte de los llamados a juicio en este proceso.
Henriques fue asambleísta alterno de Pazmiño. Sin embargo, para el juez Guerrero eso fue insuficiente para demostrar una relación delictiva.
Jorge Henriques durante la sesión del Pleno 57 del 23 de noviembre de 2010. Cortesía Asamblea
Los Salcedo, Granda y Jacobo sí van a juicio
Con diferente suerte corrieron otros 12 procesados, quienes si afrontarán el juicio por delincuencia organizada.
En esa lista resalta Paúl Granda, expresidente del Consejo directivo del IESS. En su caso, el juez lo llamó a juicio porque la Fiscalía asegura que recibió la visita de Daniel Salcedo, mientras se encontraba vinculado al Consejo Directivo del IESS.
Granda criticó esta decisión. Dijo que se lo ha llamado a juicio "sin ningún fundamento, ni argumento, ni elementos reales". Aseguró que solo se reunió una vez con 'Dalo' Bucaram, por disposición del expresidente Lenín Moreno. Pero, por temas distintos a los investigados.
Entre los llamados a juicio también están los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla. El juez determinó que ellos fraguaron acuerdos ilegales con autoridades y funcionarios del IESS y los hospitales investigados.
Y que, a través de estos acuerdos, consiguieron beneficiarse de contratos y convenios de pago, saltándose los controles de compras públicas.
Sobre Jacobo Bucaram, el único de su familia del expresidente Abdalá Bucaram que sigue en el caso, la Fiscalía aseguró que visitó varias veces el lugar donde los integrantes de la estructura criminal concertaron sus acciones.
Además, se mencionó que Jacobo Bucaram es parte de otra investigación relacionada con insumos médicos y corrupción. En ese caso, un procesado aseguró que Jacobo Bucaram pidió comprar insumos médicos e hizo la entrega de pruebas rápidas de Covid-19 y mascarillas, de manera ilegal.
Nuevas investigaciones
Si bien el juez no encontró relación entre los Bucaram y el caso, sí identificó el presunto cometimiento de un delito.
El juez, en su fallo, expuso que durante la investigación surgieron nombres de personas naturales y jurídicas, que tienen que ser objeto de un profundo análisis por parte de la Fiscalía para determinar su posible participación en el delito investigado.
Por esta razón, el magistrado solicitó que el expediente del caso sea enviado a la Sala de Sorteos de la Fiscalía, para que se designe un fiscal que analice la posible participación en los hechos de siete empresas y de las siguientes personas naturales:
- Carlos Vladimir Z. C.
- María Fernanda O. C.
- Denisse Leonor E. G.
- Susana Sumay E. D.
- Karla C.
- Nury Michele P. C.
- María Auxiliadora M. V.
- Jorge Luis C.
- Iván U. C.
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