La fiscal Diana Salazar acudió este 27 de enero a la Comisión de Régimen Económico, para dar sus observaciones sobre la Ley de Extinción de Dominio, enviada por el Ejecutivo.
Un día después de dar su rendición de cuentas en el Pleno, la fiscal Diana Salazar acudió nuevamente a la Asamblea este 26 de enero, esta vez para comparecer en la Comisión de Régimen Económico, que trata el proyecto de ley de Extinción de Dominio.
En su intervención, Salazar dijo que en términos generales, la normativa enviada por el presidente Daniel Noboa es oportuna y necesaria, aunque también hizo algunas observaciones.
Pidió, por ejemplo, a los legisladores que retiren el requisito de sentencia penal ejecutoriada, para proceder con la extinción de dominio de bienes obtenidos gracias a actividades ilícitas.
Según Salazar, este requisito es una "suerte de camisa de fuerza que es aprovechada por delincuentes", que al saber que son investigados se dan a la fuga, no pueden ser juzgados en ausencia y los bienes permanecen con ellos.
Menciona que uno de los principales aspectos que ha impedido la plena aplicación de la Ley actual es el requisito de procedibilidad de una sentencia condenatoria ejecutoriada y considera que dicho requisito debe ser eliminado. pic.twitter.com/lAuV2YQ6qu
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 26, 2024
También, solicitó que el 'catálogo de delitos' sobre los que se pueda aplicar la extinción de dominio se amplíe o quede abierto. Es decir, que no se límite a ciertas conductas delictuales que actualmente establece la norma.
Para Salazar, muchos delincuentes migran de un delito a otro, sabiendo que puede perder su bienes, pero continuar generando recursos ilegales.
Acortar investigaciones
Además, ante los legisladores de la Comisión, Salazar pidió que se agilice el proceso de extinción de dominio, cuando el procesado reconoce que cometió el delito y que está dispuesto a entregar los bienes al Estado.
Actualmente, el camino es largo y requiere la intervención de varias instancias que pueden incluso entorpecer el trámite.
Por otra parte, la Fiscal cree que los tiempos para la investigaciones patrimoniales no se deben reducir, como propone el Ejecutivo.
En el proyecto, se habla de tres meses para realizar este tipo de investigaciones, pero Salazar señaló que en este tipo de investigacionees la ubicación de los bienes en el país demora hasta 12 meses.
Mientras que para localizar los bienes consignados en el exterior se requiere más tiempo, puesto que se necesita solicitar asistencias penales internacionales que pueden tardar años.
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