La fiscal Diana Salazar estuvo en la Asamblea y dijo que está consciente que le resulta 'incómoda' a la delincuencia. Aseguró que la entidad le sigue la pista a la mafia albanesa.
Como una radiografía de la corrupción en el país, calificó la fiscal del Estado, Diana Salazar, a las revelaciones y consecuencias del caso Metástasis en el que se investigan las relaciones de la justicia con el crimen organizado.
Salazar compareció este 25 de enero ante el pleno de la Asamblea Nacional para rendir cuentas de su gestión durante 2023. Metástasis fue el primer caso al que se refirió en su presentación, que duró más de una hora.
Ante los legisladores, contó que en la operación participaron más de 400 funcionarios judiciales y se detuvo a 31 personas. Denunció, sin embargo, que una filtración de información en las redes sociales permitió la fuga de siete personas.
Dijo esto con relación a la publicación en la red social X que hizo el expresidente Rafael Correa, horas antes del operativo, en el que alertaba que la Fiscalía haría un gran allanamiento a nivel nacional.
"Es precisamente sobre lo que se trata el caso Metástasis: de cómo actúan las estructuras criminales enquistadas en varios niveles del Estado y de poder, sea político, económico, e incluso a través de los medios. Alertan del trabajo de la justicia con el único fin de entorpecer nuestra acción".
Diana Salazar, fiscal general del Estado.
Varios pasajes de la intervención de Salazar fueron interrumpidos por los aplausos de bancadas como las de Construye, mientras los pocos legisladores del correísmo presentes se mantuvieron en silencio.
Precisamente, desde la Asamblea, el correísmo aspira a lograr un juicio político contra Salazar, por supuesto incumplimiento de funciones.
Ante las críticas a su gestión, la Fiscal dijo: "Estoy consciente de que les resulto incómoda a algunos grupos, a algunos sectores, a la delincuencia".
Cooperación contra el terrorismo
Además, la fiscal Salazar hizo un recorrido por otros casos investigados en 2023 como León de Troya que luego se fusionó con el denominado caso Encuentro.
Mencionó algo más de 10 procesos en contra de integrantes de grupos de delincuencia organizada, ahora catalogados como terroristas, por lo que dijo que la lucha de la Fiscalía en contra de esas estructuras no empezó recién en 2024.
Y ante el Pleno, les preguntó a los asambleístas: "¿Quién está financiando el terrorismo, quiénes están detrás de aquel coche bomba que fue puesto en las inmediaciones de la ciudad (Quito)?".
Por otra parte, la Fiscalía asegura que también ha sido parte de un sistema de "transmisión espontánea de información" con Colombia, España, Montenegro, Italia, Kosovo y Albania para detectar la forma de operar del crimen transnacional.
"El hecho de que estos casos no se encuentren en las redes sociales o en los medios no significa que la Fiscalía no se encuentra trabajando de manera estrecha con estos países: me refiero a Albania".
Diana Salazar, fiscal general.
Salazar hizo énfasis en la gestión de los fiscales, y dijo que hay un déficit de 546 agentes en el país, para atender la demanda de casos.
Con corte al 31 de diciembre de 2023 –a escala nacional– #FiscalíaEc atiende a la ciudadanía a través de 912 fiscalías: 306 multicompetentes y 538 especializadas, donde laboran 900 fiscales con sus respectivos equipos. Se registra un total de 3.796 servidores y funcionarios. pic.twitter.com/pUt62BvZPS
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 25, 2024
Un día de comparecencias
Salazar no fue la única que acudió al pleno del Legislativo. Este 25 de enero se presentaron los titulares de otras siete entidades estatales a presentar sus informes de rendición de cuentas.
Algunos de los funcionarios presentes en la Asamblea fueron los presidentes del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura, y de la Función de Transparencia y Control Social.
Además acudieron el titular de la Procuraduría General del Estado, de la Contraloría y la Defensoría Pública. Pero, sus intervenciones no captaron la atención de todos los legisladores.
Varias curules permanecieron vacías mientras hablaban los funcionarios. En otras, los asambleístas conversaban ajenos a las explicaciones de las autoridades y unos pocos prestaron atención a los funcionarios.
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