Antes de la Constitución de 2008, la Fiscalía dirigía su propio equipo de policías. Con la nueva norma, depende de la Policía y del Gobierno.
El traslado de 37 agentes policiales, que estaban asignados a la Fiscalía, complicó más la ya desgastada relación entre el Gobierno y el Ministerio Público.
En las últimas semanas, ambas entidades han tenido acciones y discursos encontrados. Todo empezó el 20 de enero de 2023.
Ese día la Fiscalía hizo ocho allanamientos en Guayaquil y uno en Quito que eran parte de una investigación previa por una supuesta trama de corrupción en las empresas públicas. El Ministerio Público bautizó el proceso como caso Encuentro.
Hasta ese día, ese era el eslogan del Gobierno de Guillermo Lasso. Pero a raíz del caso, el Ejecutivo dejó de usarlo. Días después, el Primer Mandatario dijo que denominar el caso así fue un despropósito y tenía una clara intención de dañar su imagen.
El siguiente 'round' empezó el 10 de febrero de 2023. La Fiscalía allanó las oficinas de la Presidencia de la República. Inicialmente, informó que esa acción también correspondía al caso Encuentro. Aunque, después, el Ministerio Público aclaró que era otro caso relacionado con Petroecuador.
Al día siguiente, la Policía Nacional notificó el traslado de los 37 agentes asignados a la Fiscalía. Incluyendo al equipo de seguridad de la fiscal Diana Salazar.
La Fiscalía calificó esta acción como una "intromisión en la justicia". E instó a Juan Zapata, ministro del Interior, a dejarla sin efecto.
Inicialmente, a través de un comunicado de la Policía, el Gobierno respondió que se trataba de un traslado de rutina. Sin embargo, el 13 de febrero, durante una comparecencia en la Asamblea, Zapata dijo que consideraría la petición de la Fiscalía.
Pero, no fue necesaria esa reconsideración. La Fiscalía, como otros actores políticos en los últimos meses, recurrió a una medida cautelar para frenar la decisión.
Cerca de las 18:00 del 13 de febrero de 2023, se conoció que la jueza Sara Jiménez concedió una medida cautelar a la Fiscalía y suspendió el efecto de los traslados. La suspensión regirá hasta que los cambios se hagan de manera coordinada entre la Fiscalía y el Gobierno, dijo la jueza.
¿Traslado ilegal?
Según el Código de Entidades de Seguridad (Coescop), los traslados de policías deben ser motivados y deben guardar relación con la experiencia y especialización de los agentes.
La Fiscalía denunció que en este caso no se respetó esta norma porque la mayoría de los nuevos agentes no tiene experiencia en el área penal. Los uniformados provienen del eje de Policía Comunitaria.
El Coescop no establece ninguna regla sobre el tiempo que durará un agente en cada traslado. Solo cuando el cambio es a una localidad diferente a la de su domicilio, tiene un plazo de dos años, que puede ser prorrogado por dos años más.
PRIMICIAS consultó tanto a la Fiscalía como a la Policía con que periodicidad se han realizado estos traslados. Sin embargo, ninguna de las dos entidades respondió.
Investigaciones en riesgo
La jueza Sara Jiménez, quien concedió una medida cautelar a la Fiscalía, también consideró que el traslado ponía en riesgo la continuidad de las investigaciones que realiza la Fiscalía.
Eso ya había sido observado por el propio Ministerio Público. Así como por partes procesales de algunos casos.
Por ejemplo, Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, mostró su preocupación por este traslado en medio de la investigación del caso Dhruv. Según la mujer, el equipo policial asignado a ese proceso ha hecho hallazgos importantes sobre el asesinato de su esposo.
Asimismo, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, consideró que el cambio de agentes podría significar una traba en el avance del caso del femicidio ocurrido en la Escuela de Policía. Justamente, el 14 de febrero la Fiscalía presentará su acusación en ese caso.
Antes de que la jueza Jiménez suspenda todos los traslados, el ministro Zapata envió un oficio a Salazar y justificó los traslados. Pero aseguró que, para evitar la politización de una medida administrativa, dispuso mantener a los equipos que trabajan en los casos Encuentro, Dhruv y María Belén Bernal.
Sin embargo, esa decisión ya no tendrá efecto por la vigencia de la medida cautelar.
Candado constitucional para la Fiscalía
La dependencia de la Fiscalía con el Gobierno, para conformar su equipo de investigadores, tiene su origen en la Constitución que se aprobó en 2008.
En la Carta Magna que estuvo vigente entre 1998 y 2008, el Ministerio Público era considerado una entidad independiente y tenía la facultad de "organizar y dirigir un cuerpo policial especializado y un departamento médico-legal".
Sin embargo, en la norma de 2008, se convirtió a la Fiscalía en un órgano autónomo, ya no independiente. Depende administrativamente de la Judicatura y operacionalmente de la Policía y del Gobierno.
Si bien la Fiscalía dirige el sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluye a los investigadores, la asignación de los agentes depende de la Policía y, por ende, del Ejecutivo.
Washington Pesántez, fue fiscal General entre 2007 y 2011. Recuerda que antes del cambio constitucional, la Fiscalía manejaba directamente a 5.700 uniformados que pertenecían a la Policía Judicial.
Estos agentes, explica Pesántez, eran seleccionados por el Ministerio Público. Y si bien dependían jerárquicamente del alto mando policial, administrativamente estaban a disposición de la Fiscalía.
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