Con las pruebas presentadas hasta ahora, la Fiscalía no ha podido demostrar el delito de cohecho por el que acusó a 21 personas en el caso Sobornos, dicen los abogados de los procesados. Ellos buscan posicionar la tesis de que no hubo contratos de por medio.
"Esperando que este día empiece con el mejor de los ánimos". Esa fue la frase que Iván León, juez que preside el juicio del caso Sobornos 2012-2016, lanzó para ceder la palabra a la fiscal general Diana Salazar, el miércoles 12 de febrero de 2020.
Salazar ha tenido varios disgustos en las primeras tres jornadas del juicio, que se inicio el lunes 10 de febrero.
La molestia de la Fiscal General ha sido provocada por la forma en que los defensores de los 21 procesados están litigando. Cada vez que la Fiscal comienza a exponer una prueba o a interrogar a un testigo, llueven las objeciones de parte de la defensa de los acusados.
Los abogados defensores, en cambio, alegan que la actitud de la fiscal Salazar se debe a que "tiene problemas para sustentar la acusación".
Cruce de facturas
El caso Sobornos 2012-2016 empezó con una investigación por un concierto real de infracciones, que incluía los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho.
Sin embargo, la fiscal Diana Salazar, decidió acusar únicamente por cohecho. Ella explicó que escogió este tipo penal porque puede ser juzgado en ausencia y no prescribe.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cohecho se configura cuando un funcionario público acepta beneficios económicos a cambio de agilizar, retardar o condicionar decisiones a su cargo, por ejemplo, otorgar un contrato con el Estado.
Del lado de los representantes de las empresas privadas, en cambio, el delito se configura cuando ofrecen dinero o beneficios económicos a un funcionario público para obtener una ventaja.
En los tres primeros días del juicio, la fiscal Salazar ha llamado al estrado a ocho testigos.
Cinco policías: dos de ellos participaron en las primeras diligencias del caso y tres actuaron como peritos para estudiar la evidencia. Estos testimonios sirvieron para presentar los hechos ya conocidos y para que queden en el registro oficial del juicio.
Por ejemplo, se ratificó la teoría de que el expresidente Rafael Corra lideró una estructura criminal que recibía sobornos de empresarios privados para financiar al movimiento político Alianza PAIS, a cambio de contratos con el Estado.
Esta teoría se basa en archivos encontrados en las computadoras de Pamela Martínez, exasesora de Correa; y Laura Terán, exasistente de Martínez. Así como en los testimonios de ambas.
El miércoles en la mañana, la fiscal Salazar llamó a su primeros dos testigos para comprobar el pago de sobornos. Se trató de Jean-Pierre Michelet y Mario Benavente, representantes de empresas dedicadas a la producción de audiovisuales.
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Octavo Arte
Jean-Pierre Michelet representa a Octavo Arte. En 2014, esta empresa hizo un comercial de televisión para el Gobierno de Rafael Correa por USD 19.000.
Sin embargo, Octavo Arte no tuvo contacto con ninguna institución estatal. El servicio fue solicitado por la agencia de publicidad Uma Creativa y pagado por la empresa Mercantil Técnico Córdova (Metco).
Según Michelet, Uma Creativa era la agencia que manejaba la propaganda del Gobierno.
Mientras que, de acuerdo con la acusación fiscal, Metco es una de las empresas que entregó sobornos a funcionarios públicos través de la modalidad conocida como cruce de facturas.
Su representante, Rafael Córdova, es uno de los 21 procesados en el juicio de Sobornos.
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McCann Erickson
Mario Benavente, como representante de la agencia de publicidad McCann Erickson, relató que en 2014, la firma hizo tres productos comunicacionales sobre la no explotación petrolera en el Yasuní.
Ese servicio fue solicitado por la extinta Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP), que en esa época era dirigida por Vinicio Alvarado, también procesado en el caso Sobornos.
Pero el pago no lo hizo el Gobierno. Por instrucciones de la SNAP, McCann Erickson cobró cerca de USD 240.000 a la constructora Equitesa a través de tres cheques del Banco Bolivariano.
El representante de Equitesa, Pedro Verduga, también está siendo procesado en el caso. Su abogada, Gabriela Moreira, reconoció en el inicio del juicio que Verduga entregó sobornos bajo presión de Pamela Martínez.
¿Y los contratos?
Con los testimonios de los representantes de estas empresas de publicidad, la Fiscalía comprobaría la existencia del pago de beneficios económicos a funcionarios a través de cruce de facturas.
Pero todavía no ha podido probar que, a cambio de estos pagos, el Gobierno de Rafael Correa adjudicó contratos con el Estado a estas empresas.
Los defensores de los acusados buscan que esta supuesta falta de evidencias quede en el registro del juicio, para que el Tribunal la tome en cuenta en su resolución final.
Por esta razón los defensores de los acusados insistieron en consultar a los peritos y a los testigos si en los allanamientos realizados por la Policía o en los archivos encontrados en las computadoras de Terán y Martínez se hallaron contratos firmados por los funcionarios y los empresarios involucrados.
Las respuestas han sido negativas.
Los abogados prefieren no hablar públicamente de este detalle del juicio, para no intervenir en el desarrollo del proceso y no revelar su estrategia individual.
Uno de ellos dijo a PRIMICIAS que, con las evidencias presentadas, si estás son consideradas ciertas por los jueces, la Fiscalía máximo podría demostrar un delito de concusión, es decir, la exigencia de dinero por parte de funcionarios públicos, abusando de sus cargos.
El penalista Gabriel Ponce explica que, de llegar a comprobarse un delito diferente del que la Fiscalía acusa a los procesados, el Tribunal podría fallar a favor de los 21 y declararlos inocentes.
Aunque, advierte Ponce, los jueces también podrían argumentar que aunque no se ha comprobado la acusación, sí hay indicios del cometimiento de otro ilícito contra la administración pública y sentenciar a los procesados por ello.
Juicio suspendido
El miércoles 12 de febrero, a las 12:00, los jueces que llevan el juicio: Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela fueron notificados de una recusación.
El expresidente Rafael Correa busca separarlos del caso, acusando parcialización e irregularidades en su designación.
Por esta razón, la diligencia quedó suspendida indefinidamente hasta que la recusación presentada por los abogados de Correa se ventile y se ratifique o revoque la competencia de los magistrados en el caso.
La audiencia de recusación se realizará el viernes 14 de febrero a las 10:30 y se conoció extraoficialmente que el juicio podría retomarse el lunes 17 de febrero.
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