El domingo se conocerá si Lenín Moreno debe cumplir arresto domiciliario

Tras la formulación de cargos, la Fiscalía pidió prisión preventiva para 37 procesados en el caso Sinohydro. La decisión judicial se conocerá el 5 de marzo.

Después de dos diferimientos, finalmente, se instaló la audiencia de formulación de cargos por el denominado caso Sinohydro.

La audiencia había sido convocada para las 08:00 del 2 de marzo de 2023. Sin embargo, las defensas jurídicas de varios de los 37 investigados solicitaron una postergación por la premura de la convocatoria y la extensión del expediente.

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Adrián Rojas, juez a cargo del caso, rechazó esas solicitudes. Sin embargo, concedió dos diferimientos. El primero para las 14:00 del mismo 2 de marzo y, posteriormente, para las 09:00 del siguiente día.

Según la Fiscalía, alrededor de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, Sinohydro habría pagado USD 76 millones en sobornos a cambio de la concesión del contrato. Los pagos se habrían hecho a través de transferencias, cheques y dádivas.

Estos son los 37 investigados en el caso, incluyendo al expresidente Lenín Moreno.

Para la presentación de su caso, la fiscal Diana Salazar demorará unas cuatro horas. Mientras que cada procesado podrá intervenir durante 10 minutos. Es decir, la audiencia demorará unas 10 horas.

Teoría de la Fiscalía

Para presentar su caso, la fiscal Diana Salazar mencionó que Ecuador cuenta con entornos naturales favorables para la implementación de proyectos sostenibles.

Por esta razón, continuó su relato, en los años 2000 se consideró la posibilidad de construir hidroeléctricas. Es así que el 31 de enero de 2008, el directorio de Conecel resolvió declarar de alta prioridad nacional al proyecto Coca-Codo Sinclair, en Napo.

Según Salazar, la magnitud económica y técnica de esta obra fue el escenario idóneo, para que un grupo de funcionarios, entre 2009 y 2018, reciban cuantiosas dádivas a cambio de contraprestaciones ilegales.

¿Cómo se gestó este entramado? La Fiscal mencionó que, el 25 de septiembre de 2008, se publicó la convocatoria de licitación, para la ingeniería, construcción, montaje y puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico.

Y el 13 de enero de 2009 se limitó la participación de varios oferentes, al condicionar la inclusión del financiamiento del proyecto: según las condiciones establecidas, el 85% del presupuesto lo asumiría el ofertante y el 15% restante sería responsabilidad de Ecuador. La obra estaba cifrada inicialmente en USD 1.679 millones.

De esta manera, Salazar asegura que solo dos empresas se mantuvieron en el proceso, y una de estas era Sinohydro:

"Siendo los amigos cercanos de Lenín Moreno, Conto Patiño y Xavier Macías, los que actuaban como representantes de esta última".

Esto permitió que la oferta presentada "por los amigos del exvicepresidente" sea aceptada y el 3 de octubre de 2009, la Junta General de Accionistas autorizara la firma del contrato a Ítalo Centanaro, que gerenciaba Coca Codo Sinclair en ese momento.

Una vez firmado el contrato, Sinohydro necesitaba el 85% del financiamiento. Pero, los términos del préstamo no eran aceptados por el Estado ecuatoriano, por lo que -según Salazar- el contrato era letra muerta y existía el riesgo de no ejecutarse.

En ese momento, Moreno, según la Fiscalía, intervino de manera decisiva para concretar el crédito y solucionar los malos entendidos con respecto al financiamiento.

Para esto, Moreno se habría reunido con Cai Runguo, entonces embajador de China en Ecuador. El resultado de esa cita fue una nueva propuesta de China para el financiamiento.

Con este nuevo ofrecimiento, Moreno habría acudido a Rafael Correa, quien era Presidente, para viabilizar la firma del préstamo y abogar por su concreción, aseguró Salazar.

Así se repartieron los sobornos

Para recibir los sobornos, explicó Salazar al juez Rojas, primero se identificó una empresa para hacerlo. Se eligió a una de las empresas de Conto Patiño: Comercial Recorsa.

Con el fin evidente de establecer fachada empresarial, dijo la investigadora, se perfiló la razón social de la empresa, de manera que su actividad vaya alineada a la construcción de la obra pública. Por lo que sus accionistas ampliaron la oferta comercial de la misma.

Al tiempo, Conto Patiño acudió al Banco Pichincha Panamá, y el 1 de julio de 2010 abrió una cuenta. En ese trámite, Patiño Informó que los fondos que iba a recibir en esa cuenta provendrían del 4% del proyecto de construcción de la hidroeléctrica.

Una vez abierta la cuenta, Recorsa habría recibido unos USD 76 millones de Sinohydro. Mientras que otros USD 400.000 llegaron en la cuenta de Recorsa, empresa espejo en Panamá.

Según la Fiscalía, así se habría repartido ese dinero:

Familia Moreno: Más de USD 655.000

Lenín Moreno y su esposa Rocío González: USD 220.000, a través de la compra de muebles y un departamento.

Irina Moreno, hija del expresidente, USD 50.000.

Guillermo Moreno, hermano del expresidente, USD 10.000.

Edwin Moreno, hermano del expresidente, USD 350.000.

Jaqueline Viteri, cuñada del expresidente, USD 10.000

Martha González, cuñada del expresidente, USD 15.0000

A través de la suegra de Lenín Moreno (fallecida), otros montos.

Familia Patiño: Más de USD 44 millones

- Conto Patiño, gerente de Recorsa y presunto representante de Sinohydro, USD 1,5 millones.

- María Auxiliadora Patiño, hija de Conto Patiño, USD 20 millones.

- Xavier Macias, esposo de María Auxiliadora Patiño, USD 3,5 millones.

- Manuel Patiño, hijo de Conto Patiño, USD 600.000.

- Juan Carlos Patiño, hijo de Conto Patiño, USD 700.000. Y a través de otras empresas USD 250.000 y USD 12.000.

- Patricia Patiño, hija de Conto Patiño, USD 100.000.

- Juan Manuel Durini, esposo de Patricia Patiño, USD 900.000.

- Francisco Chiriboga, parte del grupo familiar, USD 190.000.

- Mauricio Pérez de Anda, parte del grupo familiar, USD 190.000.

- Vitoria Patiño, nieta de Conto Patiño, USD 200.000

- Juan Cristóbal Simbaña, chofer de Recorsa, USD 6 millones.

- Antonio Simbaña, empleado de Recorsa, USD 250.000.

- Mercedes Cruz, empleada de Recorsa, USD 500.000

- Pablo Zatizabal, rol no identificado, USD 150.000

- Ximena Delgado, abogada, USD 400.000.

- Carlos Almeida, abogado, USD 1,4 millones de manera personal y USD 1,8 millones a través de una empresa.

- Eduardo Carmigniani, abogado, USD 2,6 millones.

- Pablo Avilés, rol no identificado, USD 250.000

- Francisco Espinoza, rol no identificado, USD 100.000.

- Mónica Ortega, rol no identificado, USD 400.000

Representantes chinos: Más de USD 1 millón

Cai Runguo, ex embajador de China en Ecuador y exrepresentante de Sinohydro, USD 40.400.

Yan Huijun, Song Dongsheng, Wu Yu y Liu Aisheg, exrepresentantes de Sinohydro, USD 1 millón.

Otros exfuncionarios públicos: Más de USD 585.000

- Luciano Cepeda, exgerente de Coca Codo, y su cónyuge, María Augusta Baquero, habrían recibido USD 310.000

- Henry Galarza, exgerente de Coca Codo, USD 220.000.

- Francisco Castello, miembro del directorio de la hidroeléctrica, USD 55.000.

Medidas cautelares

Para precautelar la comparecencia al proceso y garantizar una reparación integral, la fiscal Diana Salazar solicitó prisión preventiva para todos los procesados. Es decir, las 37 personas.

El pedido incluye al expresidente Lenín Moreno, quien salió del país meses después de dejar su cargo y se domicilió en Estados Unidos, hasta finales de 2021.

Posteriormente y hasta la actualidad, Moreno reside en Paraguay, donde se desempeña como comisionado en temas de discapacidad para la Organización de Estados Americanos (OEA). Ecuador mantiene vigente un tratado de extradición con ese país.

La fiscal Salazar dijo que los movimientos migratorios históricos de todos los procesados permiten suponer que podrían escapar.

Sin embargo, por pertenecer a la tercera edad, la Fiscal pidió sustituir esa prisión preventiva por arresto domiciliario para 14 procesados. Entre estos está el expresidente Lenín Moreno, su esposa, Conto Patiño, y Cai Runguo.

Durante cerca de siete horas, los abogados de los 37 procesados se opusieron al pedido de la Fiscalía. Anunciaron arraigos que contraponen la idea de una posible fuga. Por lo que pidieron medidas alternativas a la prisión preventiva.

A las 20:40 del 3 de marzo de 2023, la audiencia terminó. El juez Adrián Rojas convocó para las 16:00 del domingo 5 de marzo de 2023 para dar a conocer la decisión sobre las medidas cautelares.

Nota actualizada a las 20:48 del 3 de marzo de 2023 con la suspensión de la audiencia y la convocatoria para el 5 de marzo.