La Corte Constitucional realizó una audiencia sobre la consulta popular de iniciativa de Yasunidos, que lleva más de nueve años en trámite. Petroecuador argumentó que terminar los contratos en el bloque 43 generaría problemas.
La Corte Constitucional realizó, este 18 de abril de 2023, una audiencia dentro de la causa de la consulta popular de Yasunidos. La Corte tiene en sus manos el análisis de la pregunta, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) certificara que el colectivo logró el número de firmas suficientes para convocar a una consulta popular.
La iniciativa de Yasunidos inició en 2013, y fue archivada durante el gobierno de Rafael Correa. Con ello, las actividades en el bloque 43 comenzaron, y la producción se inició en 2017.
Pero tras una serie de recursos legales, el caso logró revivir, y ahora ya pasó su primer filtro, en el CNE. El siguiente paso es el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que debe analizar la pregunta planteada, para determinar si procede o no la consulta popular.
¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?
Pregunta para la consulta popular de Yasunidos.
El problema es que la pregunta, de llegar a las urnas, ya no tendría los mismos efectos que cuando fue concebida, pues ya hay actividades en el bloque 43. Por ello, lo que podría generar es la suspensión de las actividades en la zona.
El Gobierno pide el archivo
La posición del Gobierno es a favor del archivo de la iniciativa de consulta popular. Los argumentos se centraron en la seguridad jurídica, es decir, los problemas que acarrearía suspender la actividad en el bloque 43.
Según Petroecuador, hay "vínculos contractuales" que, de ser terminados, "generarían controversias y hasta una responsabilidad del Estado ecuatoriano". La estatal petrolera no dio el detalle de los contratos, pero dijo que son para perforación, reacondicionamento, facilidades, líneas y cabezales, entre otros.
El bloque 43 es operado por Petroecuador. De acuerdo con los datos presentados en la audiencia, el bloque produce cerca de 55.000 barriles diarios. En 2022, esta producción significó cerca de USD 1.250 millones, con 18,47 millones de barriles.
El bloque 43 además tiene reservas de 136 millones de barriles, que significarían unos USD 7.600 millones. En este cálculo no se incluye la parte sur del campo Ishpingo, en donde aún no hay licencias ambientales.
Según la Presidencia, además, la ciudadanía ya se pronunció a través de la Asamblea Nacional que, en septiembre de 2013, declaró de interés nacional la explotación petrolera de los bloques 31 y 43.
Sobre los pueblos no contactados que habitan en la zona, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos aseguró que no hay registros de su presencia en el último tiempo.
Los argumentos de Yasunidos
El exjuez constitucional Ramiro Ávila actuó en representación del colectivo Yasunidos. El abogado argumentó que el aporte de la extracción petrolera del bloque 43 es mínimo, y que Ecuador debería más bien entrar en una etapa de transición energética.
Ávila sostuvo que ha habido 16 derrames de petróleo sólo en el bloque 43, lo que contrarresta la tesis oficial de que se está usando la mejor tecnología.
Además, cuestionó que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos hable de que no ha habido avistamientos de pueblos no contactados, cuando el monitoreo se hace cada seis meses.
Aseguró que los "caminos ecológicos de 4 metros" de los que habla el Ministerio de Ambiente son falsos, pues hay zonas en las que habría caminos de hasta 30 metros de ancho, según fotografías satelitales.
Varios de los amicus curiae presentados en la Corte estuvieron del lado de Yasunidos.
Alicia Cahuiya y Nemonte Nequimo, dirigentes huaoranis, pidieron que se respete sus territorios y cuestionaron que nunca haya habido una consulta previa en esta zona.
El resto del trámite
Tras la audiencia, la jueza de la causa, Carmen Corral, deberá preparar un proyecto de sentencia para conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional.
La Corte debe analizar y resolver si la pregunta no induce a las respuestas y está correctamente redactadas.
Si da paso a la consulta popular, el trámite pasará de nuevo al CNE para que la convoque.
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