La Contraloría revisó la aplicación de seis decretos de Estado de Excepción, emitidos entre 2013 y 2016. El informe final revela irregularidades que llevaron el caso a la Fiscalía para que se investigue un posible delito penal.
El informe con indicios de responsabilidad penal -que sirve de base para el inicio de una investigación- ya está en manos de la Fiscalía.
La Contraloría estableció un posible perjuicio al Estado por, al menos, USD 1.229.926 en contratos ejecutados por los ministerios de Agricultura, Vivienda, Turismo y Salud amparados en las declaratorias de emergencia, como publicó ayer PRIMICIAS.
Pero no fueron las únicas irregularidades. La auditoría de la entidad de control reveló, además, que el gobierno de Rafael Correa no cumplió con todos los procedimientos administrativos y técnicos a la hora de declara un estado de excepción.
¿Qué decretos revisó la Contraloría?
- No. 1399, del 4 de enero de 2013, por la insubordinación policial en las instalaciones de la Asamblea Nacional.
- No. 116, del 23 de octubre de 2013, para cesar el aprovechamiento forestal.
- No. 755, del 15 de agosto de 2015, por la erupción del volcán Cotopaxi.
- No. 833, del 18 de noviembre de 2015, por el fenónemo de El Niño.
- No. 1001, del 17 de abril de 2016, por el terremoto que afectó a Manabí y Esmeraldas.
- No. 1276, del 14 de diciembre de 2016, por agresiones a la policía y las Fuerzas Armadas.
¿Cuánto dinero se movilizó?
Uno de los primeros problemas con los decretos es, precisamente, que no existe una sola cifra sobre los recursos que el Gobierno destinó para atender las emergencias: los datos que maneja el ministerio de Finanzas no coinciden con los reportes de los ministerios ejecutores.
Según el reporte del Ministerio de Finanzas, para cuatro emergencia se usaron USD 1.408,8 millones:
- Terremoto: USD 1.365,6 millones
- Niño: USD 35,7 millones
- Cotopaxi: 1.5 millones
- Forestal: 5,9 millones
Las irregularidades en la declaratoria de emergencia
El entonces presidente tenía la obligación legal de notificar la declaratoria de emergencia a la Asamblea y a la Corte Constitucional en las 48 horas posteriores a la firma del decreto.
Rafael Correa no lo hizo siempre: tres se entregaron con retraso. El caso más grave fue el relativo a la insubordinación policial de 2013 que se notificó con 43 días de atraso. Eso “ocasionó que las entidades competentes no cuenten de forma oficial y oportuna
para su pronunciamiento”.
El expresidente, que tiene varias investigaciones abiertas en las Fiscalía, tampoco tenía los informe técnicos que soportaran las declaratorias de emergencia.
Le pasó, por ejemplo, con la emergencia para prohibir actividades de aprovechamiento forestal en el bosque nativo de Esmeraldas. Correa, en el decreto decía que si no se detenía el problema podría causarse una grave conmoción interna. La realidad era que, el informe técnico del ministerio del Ambiente, determinaba que la tala de bosques a escala nacional y en esa provincia venía decreciendo.
Tampoco lo hizo bien al declarar la emergencia para enfrentar el proceso eruptivo del Volcán Cotopaxi. El informe técnico decía que las provincias afectadas serían Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha, Manabí y Napo. Correa declaró la emergencia en todo el país.
Lo mismo pasó con el estado de excepción por el fenónemo del Niño: el informe preveía impacto en la Cuenca del Guayas y la emergencia fue nacional.
El problema más serio es que la emisión de los decretos de estados de excepción y sus ampliaciones permitieron que las diferentes carteras de estado realicen adquisiciones de bienes por USD 2 millones sin que las mismas hayan contribuido a la superación de las emergencias decretadas.
Además, eludieron los procedimientos de contratación pública.
Los casos más graves y que llevan el caso a la Fiscalía son:
- Bajo estas medidas se utilizaron recursos del Estado para que el Ministerio de Agricultura adquiera 188.750 fundas de leche en polvo por USD 528.000, pese a que el Ministerio de Salud solicitó detener las donaciones de este producto debido a la ausencia de agua limpia para la mezcla.
- Además, tampoco hubo una coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica para que los insumos lleguen a los damnificados, lo que ocasionó que Agricultura efectúe contrataciones que no aportaron a la emergencia.
- El Ministerio de Vivienda contrató consultorías geotécnicas para la evaluación de lotes en Manabí, que nunca fueron utilizadas. Esto a un costo de USD 384.325.
- El Ministerio de Turismo contrató una consultoría para desarrollar un modelo de gestión para dar soluciones de alojamiento temporal a los prestadores de servicios turísticos afectados por el terremoto. Los productos entregados no cumplieron con lo solicitado y no fueron tomados en cuenta. El perjuicio fue de USD 227.771.
- El MSP adquirió ayudas técnicas para tratamiento médico de emergencia y no consideró la oferta de menor valor, pagando USD 89.830 en exceso.
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