El Gobierno ‘se sube’ a un cuarto intento de lucha contra la corrupción

Política

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

14 Ene 2021 - 0:04

La Fiscalía investiga un supuesto caso de peculado por la compra de insumos médicos, en el Hospital General Guasmo Sur, de Guayaquil. - Foto: Cortesía Fiscalía.

El Gobierno ‘se sube’ a un cuarto intento de lucha contra la corrupción

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

14 Ene 2021 - 0:04

Un Frente, una Secretaría y una Comisión han sido las alternativas del Gobierno para lucha contra la corrupción. Ahora, aparece una nueva iniciativa del Consejo de la Judicatura.

A cuatro meses del término de su período, el Gobierno de Lenín Moreno sigue barajando alternativas para lidiar con uno de los mayores problemas que ha tenido y con el que todavía tiene una deuda pendiente: la corrupción.

Además de los casos registrados durante la administración correísta, que se destaparon y se están juzgando, la administración de Moreno protagonizó una de las peores crisis de corrupción en el sistema de salud público, que coincidió con la emergencia por el Covid-19.

Ante la cantidad de denuncias, la Fiscalía integró una Fuerza de Tarea Multidisciplinaria para tratar solo los procesos de relacionados con la pandemia. Hasta inicio de noviembre, los casos llegaban a 160.

La Contraloría, también desbordada de trabajo, emitió decenas de órdenes de trabajo a todas las contrataciones. Entre los primeros resultados, se encontraron 62 irregularidades en 19 hospitales durante la emergencia.

En resumen, la corrupción no ha podido ser contenida por la administración de Moreno. Esto pese a tres iniciativas propias para hacerle frente a este fenómeno, que no dejaron resultados plausibles.

En la recta final del Gobierno, a través de la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE) y del Ministerio de Gobierno, el 13 de enero de 2021 suscribió una nueva alternativa de este tipo.

Se trata de la Mesa de Lucha contra la Corrupción. Esta es una iniciativa del Consejo de la Judicatura (CJ). Su acuerdo de creación, además del CJ y del Gobierno, lo firmó la Defensoría Pública.

Su objetivo es identificar los nudos críticos y los problemas estructurales presentes en el ejercicio de la acción penal en los casos de corrupción. La Mesa dijo que se reunirá de manera regular una vez al mes y de manera extraordinaria, cuando la situación lo amerite.

Un nacimiento debilitado

A pesar de ser una instancia completamente nueva, la Mesa de Lucha Contra la Corrupción empezó su existencia debilitada.

En los planes iniciales de la Judicatura, también se contaba con la suscripción y adhesión de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Sin embargo, ningún delegado de la FGE acudió al evento de lanzamiento. Y a través de un comunicado oficial, la entidad explicó que prefiere no unirse a este espacio y pidió que -más bien- se fortalezcan las instancias ya creadas para la lucha contra la corrupción.

Esta no es la primera vez que la Fiscalía se opone a una nueva instancia con este fin. En mayo de 2020, en plena emergencia sanitaria, la fiscal Diana Salazar calificó como “inútil” gastar en la Secretaría Anticorrupción del Gobierno, cuando la entidad encargada de investigar estos hechos es la Fiscalía.

Por parte de la CNJ, en cambio, acudió al evento José Suing, presidente subrogante. Pero, aunque estuvo ahí y recibió una copia del acuerdo de creación no la firmó. La entidad explicó que existen espacios ya articulados para promover la transparencia.

José Suing (segundo desde la izquierda), presidente subrogante de la CNJ, no firmó el acuerdo de creación de la Mesa Anticorrupción.

José Suing (segundo desde la izquierda), presidente subrogante de la CNJ, no firmó el acuerdo de creación de la Mesa Anticorrupción. @CJudicaturaEc

¿La cuarta es la vencida?

Aunque esta vez no es de su iniciativa, esta es la cuarta alternativa -en menos de cuatro años- que el Gobierno dice promover para luchar contra la corrupción. Ninguna, hasta el momento ha cuajado.

A continuación, PRIMICIAS le presenta una síntesis de lo ocurrido con cada iniciativa:

  • Un Frente sin resultados

    En junio de 2017, apenas posesionado, el presidente Lenín Moreno creó el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

    Esa entidad, conformada por representantes de la sociedad civil y varios miembros del gabinete ministerial, tuvo como objetivo proponer normativas y reformas.

    En diciembre de ese año, el Frente entregó a Moreno un documento que planteaba, entre otras cosas, la creación de un sistema macro de control para combatir a la corrupción.

    La creación debió hacerse vía decreto ejecutivo. Pero, el documento nunca se firmó.

  • Una Secretaría fugaz

    El presidente Moreno creó en febrero de 2019 la Secretaría Anticorrupción, adscrita a la Presidencia. Y nombró como su titular a Iván Granda.

    Ocho meses después, el funcionario pasó a ser Ministro de Inclusión Económica y Social (MIES) y su puesto lo ocupó Dora Ordóñez, quien era su subsecretaria.

    Ordóñez renunció a finales de 2019, y el presidente nombró a su tercer Secretario Anticorrupción, José de la Gasca. 

    Pero, tras las críticas de la fiscal Salazar a la entidad, el 22 de mayo de 2020, Moreno firmó el decreto de supresión de esa instancia.

  • Una Comisión que nunca se inauguró

    El 13 de mayo de 2019, Lenín Moreno anunció la creación de una Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción en Ecuador (Ceicce), con la guía de Naciones Unidas.

    La agrupación tenía como objetivo asesorar y fortalecer las instituciones del Estado y establecer mecanismos más rápidos de prevención para impedir actos de corrupción.

    Sin embargo, en noviembre de ese año terminaron los 180 días de plazo para que el organismo alcanzara su viabilidad jurídica y diplomática para ejercer funciones. Y el Ejecutivo extendió el plazo otros 90 días, que terminaron en febrero de 2020.

    Aunque el entonces canciller José Valencia advirtió que no sería fácil crear legalmente el sustento para que el organismo funcione, ya que se requiere la aprobación de una ley específica por parte de la Asamblea y de la Corte Constitucional.

    Lo que nunca ocurrió, y la Comisión nunca funcionó.

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