El Ejecutivo plantea tres preguntas para consulta popular

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, entregó a la Corte Constitucional (CC), este 31 de octubre, las últimas preguntas que el Ejecutivo pretende llevar a las urnas, como consulta popular.

Las interrogantes serán:

• ¿Está usted de acuerdo con destinar los valores comisados de las infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia?
• ¿Está de acuerdo en tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada, para que se sancione con pena privativa de libertad de 7 a diez años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada?
• ¿Está de acuerdo con brindar una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto a la Renta para quienes emplean a personas de 45 años o más?

El primer mandatario, Guillermo Lasso, había adelantado en su cuenta de Twitter que las preguntas estarán enfocadas en "fortalecer la seguridad y fomentar el empleo".

El ministro informó, además, que el Gobierno no desistirá en la reforma sobre las Fuerzas Armadas, que deberá ir a la Asamblea Nacional. Por ello, Jiménez también entregó un expediente solicitando que inicie el trámite correspondiente.

El Ejecutivo quería enmendar, vía referendo, el artículo 158 de la Constitución, que habla sobre las atribuciones de las fuerzas del orden.

Ahora, los militares deben limitarse a "la defensa de la soberanía y la integridad territorial". Y la propuesta era incluir el siguiente texto:

“Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada“.

Pero, la Corte Constitucional consideró que el trámite apropiado para esa reforma pasa por la Asamblea. Es decir, tomará un año entre los dos debates y el texto aprobado será el que pase a ser ratificado o negado en las urnas.

El trámite

Los tres nuevos textos para consulta popular se sumarán a los ocho temas que ya recibieron el primer visto bueno de la Corte. Inicialmente, fueron aprobadas seis preguntas para referendo y después otras dos.

El primer bloque de preguntas implicará enmiendas a la Constitución. Es decir, serán tramitadas a través de un referendo. Mientras, este último bloque se refiere a cambios en normativas secundarias y políticas públicas.

Pero todos deberán superar el último filtro de la Corte: la revisión de los textos que se llevarán a votación. Los magistrados deben analizar los considerandos y las preguntas, para que no influyan sobre los electores y cumplan con los requisitos legales.

Una vez que la propuesta sea conocida por la Corte, los magistrados tendrán 20 días para pronunciarse al respecto.

El ministro Jiménez dijo que el presidente Lasso esperará a conocer el dictamen final de la Corte sobre todas las preguntas y, solo ahí, emitirá el decreto ejecutivo que convoque a la votación, con las preguntas definitivas.

Entonces, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entrará en escena y tendrá 15 días para convocar a las elecciones y otros 60 para ejecutarlas. El Gobierno confía en que el referendo y la consulta se realicen, a más tardar, a la par de las elecciones seccionales.

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