Pese a los cuestionamientos contra la pregunta del referendo que plantea el uso de las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia, el Ejecutivo advierte que el crimen organizado ha rebasado a la Policía y que es "lógico" dar ese paso.
La primera pregunta de la propuesta de referendo constitucional, planteada por el presidente Guillermo Lasso, se refiere al uso complementario de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado.
Para esto, el Ejecutivo propone enmendar el artículo 158 de la Constitución, que habla sobre las atribuciones de las fuerzas del orden.
Ahora, los militares deben limitarse a "la defensa de la soberanía y la integridad territorial".
La propuesta es agregar el siguiente texto:
"Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada".
Para ello, el presidente Lasso plantea esta pregunta:
Antecedentes y matices
En 2015, durante el correísmo, la Asamblea aprobó una serie de enmiendas constitucionales. Una de ellas fue la "complementariedad" de las Fuerzas Armadas para que puedan colaborar con la Policía.
Sin embargo, la Corte Constitucional (CC) echó abajo esa enmienda en 2018, por inconstitucionalidad en la forma de su aprobación. Es decir, los magistrados no rechazaron el cambio en las competencias de los militares.
El problema estuvo en la votación en el Legislativo: en bloque, una sola para todas las enmiendas, cuando según la sentencia de la Corte debió haber sido artículo por artículo.
Y en parte de ese análisis, los jueces señalaron que la intención de que los militares apoyen a los policías no recae en las excepciones para tramitar una enmienda constitucional. Es decir, no modifica la estructura de la Constitución, ni la conformación del Estado y tampoco afecta derechos y garantías.
Sin embargo, por la naturaleza de las Fuerzas Armadas, la Corte también ha limitado en varias ocasiones la participación de los militares en los estados de excepción dictados por los presidentes.
Y los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han dejado en claro que debe limitarse su uso en disturbios internos, por el entrenamiento propio que reciben los militares, que no está relacionado con "la protección y control de civiles".
A esto se suma el problema de que el crimen organizado no tiene una definición específica, por la complejidad global del problema y los nuevos tipos de delitos que emergen, según la ONU.
Los argumentos de Lasso
El gobierno del presidente Lasso reconoce que en Ecuador la presencia de grupos criminales organizados no es excepcional, sino que "se ha convertido en parte de la vida cotidiana".
En los últimos cinco años la amenaza se ha tornado cada vez más grave debido a que "organizaciones criminales transnacionales, como carteles y grupos irregulares armados, han captado organizaciones criminales ecuatorianas, los que a la fecha libran enfrentamientos violentos entre sí por el control territorial", dice el Gobierno en el documento que entregó a la Corte Constitucional.
Entre el 1 de enero y el 3 de agosto de 2022, la Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial registró en la existencia de 25 grupos delictivos organizados en Ecuador, pertenecientes a diferentes organizaciones.
Por eso, el Ejecutivo no está de acuerdo con que la única forma de requerir el apoyo interno de las Fuerzas Armadas sea con la declaratoria de un estado de excepción, porque este régimen es de uso extraordinario, pues implica la suspensión de derechos ciudadanos.
Durante sus 16 meses de mandato, Lasso ha emitido 14 decretos de excepción, declaratorias y renovaciones, por un total de 270 días. Es decir, más de la mitad de todos sus días en el poder. Y sin éxito.
Por lo tanto, el estado de excepción "no puede ser utilizado como solución de problemas estructurales" como el del crimen organizado, que ya superó los roles tradicionales de la Policía y las Fuerzas Armadas, según el mismo Ejecutivo.
Y los delitos más numerosos en Ecuador son: tráfico de drogas, tenencia y porte de armas y el secuestro. En los últimos cinco años, las fuerzas del orden han decomisado USD 1.360 millones en drogas.
Foto de un operativo antinarcóticos en Guayaquil. Secom
Así, entre los argumentos del presidente Lasso a favor del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía están:
- El control territorial y de infraestructura del país por parte de la Policía ha sido rebasado por el crimen organizado.
- La ONU define a un grupo delictivo organizado como un grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente para cometer delitos graves o tipificados con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o material.
- La misma CIDH sostiene que los Estados deben cumplir con la obligación de protección y garantía de derechos, "con todos los recursos necesarios".
- Y agrega que la amenaza 'delincuencial' o 'terrorista' puede constituir "una razón legítima para que un Estado despliegue sus fuerzas de seguridad en casos concretos".
- El apoyo de las Fuerzas Armadas se daría bajo cuatro condiciones específicas, planteadas por la Corte IDH: extraordinaria, complementaria, regulada y fiscalizada.
- El apoyo será autorizado por el Primer Mandatario, únicamente, previa solicitud motivada de la Policía Nacional, que fundamente las "circunstancias extraordinarias".
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