Indígenas y trabajadores se volvieron a unir para protestar contra el Gobierno

Los decretos ejecutivos sobre el precio del combustible desencadenan protestas. Sucedió cuando Lenín Moreno los liberó y sucede ahora con Guillermo Lasso, que decidió aumentarlos para acoger el pedido de congelarlos.

Sin embargo, en esta ocasión los mismos actores involucrados en el paro nacional de octubre de 2019 han reiterado que no quieren que esos eventos se repitan: no quieren muertos ni heridos, tampoco paralizaciones, sino una movilización nacional pacífica como ha advertido el movimiento indígena.

Pero, tampoco hay detalles sobre lo que sucederá exactamente este martes 26 de octubre en el país. Los líderes del denominado Colectivo de Dirección Nacional adelantaron que las manifestaciones serán diferentes en cada sector, desde plantones, marchas y mítines.

En Quito, 57 operadoras de transporte urbano suspenderán su jornada laboral entre las 05:00 y las 09:00 como una forma de pedir al Gobierno que busque soluciones.

Y los trabajadores se unirán a la manifestación a las 16:00, después de su jornada laboral, en la tradicional Caja del Seguro, en el centro norte. Todo esto pese al estado de excepción vigente, aunque el decreto no limita los derechos de reunión y libre tránsito y asociación.

Aunque no descartan "otro tipo de acciones más elevadas si el gobierno nacional no entiende que debe retroceder en su política", según Nelson Erazo, del Frente Popular, ni que las manifestaciones se extiendan indefinidamente, como advirtió Leonidas Iza.

Una diferencia clave es que, en esta ocasión, la Conaie y las centrales sindicales no son las únicas que saldrán a las calles. Esta vez la Fenocin y la Feine, que habían sido más cercanas con el gobierno desde el inicio, también se unirán a las acciones.

Esto sucedió, de manera similar en 2001, durante el gobierno de Gustavo Noboa. Entonces las dirigencias de las organizaciones indígenas del país firmaron un acuerdo con 15 puntos. Entre ellos la disminución del precio del gas en 40 centavos y el congelamiento del precio de los combustibles por un año.

Y se repitió en enero de 2012, cuando estas tres mayores organizaciones indígenas nacionales establecieron una agenda común para la aprobación de tres leyes de interés para el sector: Aguas, Comunicación y Reforma Agraria.

Esto implica un retroceso en los planes del Ejecutivo de mantener sus mesas de diálogo paralelas con los diferentes sectores sociales, incluidas mesas técnicas para tratar la misma focalización de los subsidios.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Frente Popular ratificaron que no han sido invitados por el gobierno para tratar las reformas laborales, menos aún otros temas como los combustibles.

Mientras que los frentes indígenas y campesinos, como la Feine, la Fenocin y la Conaie, que sí establecieron temáticas para las mesas e, incluso, algunos llegaron a sentarse en ellas, decidieron suspender todos los diálogos.

Desde la Feine, Samuel Lema, dijo que el gobierno no "ha dado oídos ni a la Feine, ni a la Fenocin, ni a ninguno de los sectores que ha tratado de reunirse con el gobierno". Por eso llamarán a la movilización a las 2.500 iglesias que conforman sus bases.

Desde la Fenocin, Gary Espinoza se quejó porque en las mesas técnicas no hay presencia de las máximas autoridades de los ministerios, sino de funcionarios medios. "Si hubiese sido una reunión con las cámaras de la producción, ahí estarían todos los ministros", dijo. Por lo que afirmó que todas sus organizaciones de base también participarán.

Todas estas organizaciones llegaron a un consenso, que fue compartido con el gobierno del presidente Lasso: un congelamiento de la gasolina a USD 2 y del diesel USD a 1,5, máximo. Pero el Mandatario optó por USD 1,90 y USD 2,55, respectivamente.

No queremos que la presencia de militares en nuestros territorios genere violencia, como muchas veces han utilizado el estado de excepción para instalar la violencia.

Leonidas Iza, presidente de la Conaie

La respuesta gubernamental

El Primer Mandatario dijo haber escuchado a los ciudadanos y también a los actores políticos para tomar esa decisión. Pero las organizaciones sociales se sienten burladas por lo ordenado con los decretos 230 y 231, que alzan del precio del galón de gasolina.

Y, una vez ratificadas las manifestaciones, el presidente Lasso advirtió que las fuerzas públicas desplegarán un operativo para evitar el cierre de vías y harán presencia como Estado.

El objetivo es que "impere la ley, porque el cierre de vías y el obstáculo al libre tránsito está prohibido en la ley. Con la fuerza pública, con la policía, vamos a imponer el orden".

Pese a que las organizaciones sociales insisten en que las manifestaciones serán pacíficas y que lo que suceda durante la jornada dependerá de la actitud del gobierno y los uniformados, el Mandatario insistió en acusarlos de "mantenerse en esa lógica de la violencia y de la agresión".

El Estado se expresa cuando es necesario a través de la fuerza ppública, dentro del marco de la ley, dentro del respeto a los derechos humanos, tenemos la obligación de proteger a todos los ciudadanos libres y honestos.

Guillermo Lasso, presidente de la República