Entre los 15 llamados a juicio por delincuencia organizada en el Hospital Abel Gilbert, hay cuatro nombres que pertenecen a la denominada Red Zoldan.
Se trata de Érika Mónica Zoldan Marcovich, Javier Roberto Andrade Lara, Laura Simona Ulici Amalia y Karina Gabriela Ayala Tobar. Los cuatro serán juzgados por supuesta delincuencia organizada en las contrataciones de la casa de salud.
Según la Fiscalía, un grupo de 25 personas adecuó su conducta para la irregular suscripción de contratos y favorecer a directivos de esa institución (del Ministerio de Salud), a través de funcionarios, personal médico y proveedores.
Esta es la lista de los llamados a juicio:
Abel Gilbert, el primer eslabón
En este caso, tras una denuncia de la Gobernación del Guayas, la Fiscalía investigó 140 contratos que el Abel Gilbert adjudicó a los integrantes de la red de corrupción esquivando los controles de contratación pública.
Sin embargo, lo que presuntamente ocurrió en ese Hospital es solamente la muestra de un caso más grande que operó en varias casas de salud del país.
En agosto de 2020, PRIMICIAS reveló que esta red, a través de subastas inversas y negociaciones, acaparó, al menos, 300 contratos de salud pública, entre 2009 y 2020, por USD 119 millones.
Y que el centro de esta supuesta red es la empresa Zoldan Corporeishon, liderada por Érika Zoldan y Larua Ulici, quienes son dos de las llamadas a juicio en el caso del Abel Gilbert.
Los otros dos nombres en relación son los de Javier Andrade y Karina Ayala. Ambos aparecen en la auditoría externa que Insightaud Audit Support hizo a Zoldan Corporeishon, en 2018.
Andrade, con USD 872.289, y Ayala, con USD 691.398, eran los principales deudores de Zoldan en esa época.
Pero, paradójicamente, Andrade era también el principal acreedor de la compañía. En la misma auditoría se detalla que Zoldan debía USD 1,1 millones a JRAL Medical, de su propiedad.
Además, en la red hay relaciones filiales. La hermana y socia de Laura Ulici, Ángela Ulici, es también socia de Érika Zoldán, al compartir acciones con ambas en Z&U Med.
Y de ella se derivan seis conexiones más, como lo muestra PRIMICIAS en el siguiente mapa:
Haga clic en los iconos para ver la descripción.
Las investigaciones de este caso arrancaron en medio de la pandemia de Covid-19. El 18 de junio de 2020, la entidad de control hizo 48 allanamientos en Quito, Guayaquil, Durán y Samborondón.
La “pieza clave” de esa investigación que alcanza a varios hospitales públicos, según la exministra de Gobierno María Paula Romo, es justamente Zoldan Corporeishon.
El modus operandi
Los proveedores interconectados con Zoldan se han adjudicado contratos, sobre todo, a través de subastas inversas electrónicas. Este procedimiento está contemplado en la Ley de Contratación Pública para la adquisición de medicamentos e insumos médicos.
En este tipo de contratación, los proveedores deben presentarse para ser calificados si cumplen todos los requisitos. Las empresas o personas naturales que superan esta fase entran a una puja, que la gana quien que oferte el precio más bajo.
En estas subastas es dónde se puede ver el patrón de operación común las empresas y personas que investiga la Fiscalía. En 76 contratos de los 107 adjudicados entre 2019 y 2020 que PRIMICIAS revisó, dos personas del mismo círculo son siempre las calificadas para comenzar la puja. Esta fue la primera modalidad.
El segundo mecanismo que utilizaron para hacerse con los procesos opera también en las subastas inversas. La ley estipula que, cuando solo un proveedor presenta ofertas, o solo uno es calificado, la entidad pública tiene que negociar con él para bajar el precio de la oferta.
En estos casos, los oferentes que resultaban calificados también salían siempre de esta lista y negociaba directamente con los funcionarios públicos el valor del contrato.
En el siguiente video, PRIMICIAS explica estas dos modalidades con ejemplos reales:
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