A dos semanas de las elecciones del nuevo Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), los líderes políticos de la autodenominada 'izquierda progresista' regional se unen para desacreditar al actual secretario Luis Almagro, que busca la reelección.
Noticia originalmente publicada el 4 de marzo de 2020.
Y los 'progresistas' utilizan los informes del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), con base en Estados Unidos, para posicionar la tesis de que no hubo fraude electoral en Bolivia. Guillaume Long, el excanciller de Rafael Correa, es parte de ese centro.
El 20 de marzo la Organización de Estados Americanos (OEA) escogerá a su nuevo Secretario General. El uruguayo Luis Almagro buscará la reelección en contra de la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y el peruano Hugo de Zela.
En medio del cisma político en Latinoamérica, las distintas tendencias ideológicas buscan reagruparse y recuperar o mantener espacios.
Los líderes de la autodenominada 'izquierda progresista', que se juntaron con el chavismo y se alinearon dentro del Socialismo del Siglo XXI, se resisten a perder más espacios de poder.
Sin embargo, las candidaturas a la Secretaría General no quedan claras.
Almagro llegó al cargo en 2015, aupado por la izquierda de José Mujica y el apoyo de 33 de los 34 países miembros. Ahora esa misma izquierda lo considera un enemigo. Pero Almagro ha sumado respaldos en varios de los gobiernos electos en los últimos años.
Espinosa no tiene el apoyo del Gobierno ecuatoriano pero sí tiene la simpatía de los pequeños países Caribeños, siempre cercanos al chavismo, por sus necesidades petroleras.
Pero aunque en las dos ocasiones en que fue canciller Espinosa, con Correa y con Lenín Moreno, defendió a los países del ALBA y a Maduro, públicamente no tiene el apoyo de Correa, que la considera una traidora.
María Fernanda Espinosa terminó su gestión como presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas. Twitter / @mfespinosaEC
El peruano Zela, aunque articuló el Grupo de Lima, que respalda a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, no ha tenido protagonismo en la arena política regional. Pero se presenta como el candidato capaz de negociar en las crisis del continente.
Más allá de las elecciones presidenciales en cada país, el quiebre regional alcanzó su clímax con la crisis venezolana, que partió en dos al continente: quienes están con el heredero del chavismo y quienes no lo aprueban.
Esa pugna se verá en las elecciones de la OEA, pero se puede evidenciarse desde ya en la campaña previa que impulsa cada tendencia.
Y desde esa 'izquierda progresista' (que reúne a figuras como Rafael Correa, Alberto Fernández, Ernesto Samper, Evo Morales, Nicolás Maduro, Luiz Inácio Lula da Silva, Andrés López Obrador, entre otros) la última estrategia es viralizar un estudio del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR).
Long, el analista
El Centro de Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) publicó dos artículos que niegan un fraude electoral en Bolivia, contrario a lo que señaló la OEA en las 95 páginas de su informe, que sostiene que "ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas".
El primer artículo fue publicado en noviembre y uno de sus cuatro autores es Guillaume Long, excanciller de Rafael Correa. PRIMICIAS contactó al exministro pero este no contestó a la petición de una entrevista.
Nacido en Francia, pero con nacionalidad inglesa y adquirida ciudadanía ecuatoriana, Long es uno de los fervientes seguidores del exmandatario y de la 'izquierda progresista'. Y, según la página del CEPR, está entre sus expertos, con el rango de "senior policy analist".
Los otros tres autores del artículo, a favor del tres veces presidente de Bolivia, Evo Morales, son también parte del CERP: David Rosnick, Cavan Kharrazian y Kevin Cashman.
En su documento de 20 páginas, los investigadores concluyen que hubo una politización del proceso de observación electoral.
Según sus cálculos, la tendencia del conteo rápido de votos, que fue interrumpido por las mismas autoridades, favorecería con 10 puntos porcentuales al exmandatario boliviano, hoy asilado en México.
Después de esa publicación, en diciembre, el CEPR contrató además a dos analistas que son parte del Election Data and Science Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés).
El objetivo era que verifiquen "de forma independiente los resultados numéricos y estadísticos del estudio que CEPR realizó en noviembre de 2019". El resultado se publicó en un blog del Washington Post llamado The Monkey Cage, que es un foro de discusión política, no un espacio periodístico.
John Curiel y Jack Williams, los investigadores contratados, afirman que "no hay razón para sospechar un fraude" en Bolivia. Sin embargo, sí advierten que para su análisis no tomaron en cuenta las irregularidades recogidas por la misión electoral de la OEA.
Los analistas no incluyen en su estudio la posibilidad de "interferencia deliberada", "problemas de un sistema con fondos insuficientes" o "con funcionarios electorales mal capacitados". Se limitan en exclusiva a la evidencia estadística.
Y su conclusión es la misma, la tendencia de la votación, según el conteo rápido antes de la suspensión, daría a Morales una victoria con 10 puntos de diferencia. Por lo tanto, el CEPR y Long aprovecharon para difundir los hallazgos y hacerle promoción a los resultados.
Guerra en redes sociales
Detrás del artículo de Long y sus compañeros, así como del análisis pagado por el CEPR, los altavoces de la tendencia hicieron lo suyo.
Desde Morales, Correa y hasta Ernesto Samper usaron sus cuentas de Twitter para amplificar la tesis de que el fraude en Bolivia lo hizo supuestamente la misma OEA.
A ese tren se subieron también los miembros del Grupo de Puebla, que intenta revivir lo que queda de la Unasur en una versión más ligera.
En una declaración apoyaron la solicitud de la Misión Permanente de México ante la OEA de contrastar los antecedentes de su informe técnico con el análisis pagado del CEPR.
El Grupo de Puebla se reunió en Argentina el 9 y 10 de noviembre de 2019. EFE
El excanciller Guillaume Long fue el único ecuatoriano presente en la cita del Grupo de Puebla, el 9 de noviembre de 2019 en Argentina Grupo de Puebla.
Por su parte, el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts también respondió en una carta dirigida a la Cancillería de Bolivia y descartó cualquier vinculación con el análisis contratado por el CEPR. "Nosotros no endorsamos ni ofrecemos opiniones sobre los resultados".
Carta del 4 de marzo de 2020 del MIT a la Cancillería Boliviana sobre el estudio del CEPR sobre las elecciones en Bolivia.
Desde el otro lado, la OEA respondió al análisis publicado en The Monkey Cage. Y el argumento del organismo regional es que su observación electoral tiene dos aristas: los cambios de actas y la falsificación de firmas de los miembros de mesas y el redireccionamiento de datos a servidores ocultos.
La OEA cuestiona que la falta de cadena de custodia y las inconsistencias en las actas son hallazgos que "no deberían ser ignorados por ningún especialista en integridad electoral".
Otras voces simpatizantes del organismo y de Almagro, dentro y fuera de la OEA, también saltaron a defender el informe de la misión electoral en Bolivia. Uno de ellos el experto electoral mexicano, Gerardo Icaza.
El director de Transparencia Electoral para América Latina, Leandro Querido, también cuestionó los informes difundidos por el CEPR. Los calificó de una "farsa organizada" y como un ejemplo de cómo se construyen los "fake news desde las instituciones académicas".
Querido hace énfasis en su análisis sobre el hecho de que las elecciones del Secretario General de la OEA se acercan y que estos políticos, cercanos a la tendencia denominada del Socialismo del Siglo XXI, están en contra de la reelección de Almagro.
El amigo de Chávez
El CEPR es una organización sin fines de lucro con sede en Washington. Fue fundado en 1999 con el objetivo de "promover el debate democrático sobre los problemas económicos y sociales más importantes que afectan la vida de las personas".
Según Influence Watch, es un centro de estudios de política económica de centro izquierda. Fue cofundada por los economistas Dean Baker y Mark Weisbrot.
En la junta asesora del Centro están figuras reconocidas como los premios Nobel de economía Joseph Stiglitz y Robert Solow.
Y en el directorio hay figuras como Danny Glover, el reconocido actor que viajó a la Amazonia ecuatoriana para apoyar la campaña gubernamental de Correa "la mano sucia de Chevron".
Sin embargo, el personaje central en la relación entre el CEPR y la izquierda latinoamericana es Weisbrot. Estudió economía en la misma universidad que Correa en Chicago, aunque en diferentes épocas. Con quién sí coincidió mucho fue con Hugo Chávez.
Sus frecuentes viajes a Caracas y artículos académicos y de opinión a favor de la política y medidas económicas del régimen venezolano le ganaron la fama de uno de los asesores cercanos del chavismo, que incluso acompañaba al actor Sean Penn en sus visitas al "comandante eterno".
Además de Venezuela, Weisbrot y el CEPR también ha dedicado varios estudios para hablar de las economías de Argentina, Bolivia y Ecuador. La Cancillería ecuatoriana replicó uno de ellos, también lo hizo la venezolana en su momento.
Las publicaciones llegan a los medios de comunicación para su difusión como opiniones de "expertos" y la mayoría pueden encontrarse en la página web del Centro. Además, voceros como Weisbrot también llenan columnas de opinión o entrevistas con argumentos a favor o en contra de determinados gobiernos de la región.
Sin embargo, Weisbrot está también dentro de una larga lista de "contactos" o de personas que hacen lobby para el gobierno venezolano desde la época de Chávez. Así lo señala la investigación realizada por el activista y periodista Aleksander Boyd sobre la Oficina de Información Venezonala en Washington (VIO, por sus siglas en inglés).
Weisbrot está en esa lista de personalidades a las que el chavismo contactaba cuando necesitaba que repliquen o respondan a algún artículo u opinión desfavorable que era difundida por los medios. En esa lista hay otros activistas de la tendencia como Eva Golinger.
En su momento, entre 2004 y 2005, los contactos de la VIO rechazaron esta afirmación y dijeron que no hay evidencia de que el gobierno venezolano los influenciara. PRIMICIAS se contactó con el CEPR, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.
15 años después, los artículos del CEPR siguen causando las mismas reacciones en América Latina.
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