La mañana del jueves 2 de diciembre de 2021, los miembros de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitan Ecuador, llegaron hasta el CRS Cotopaxi, en Latacunga.
Esta es una de las prisiones que la CIDH eligió para evaluar la crisis carcelaria del país. En su agenda estaba pactada una entrevista con el exvicepresidente Glas, quien está detenido desde octubre de 2017 y cumple dos sentencias de seis y ocho años de cárcel por corrupción.
En medio de de un plantón a favor de Glas, y junto a un operativo policial y militar, Stuardo Ralón, relator sobre Derechos de las Personas Privadas de la Libertad; Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH; y María Claudia Pulido, secretaria para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos, llegaron a la referida cárcel.
Los medios de comunicación no pudieron acompañar a los delegados, al interior del centro de rehabilitación.
Tampoco lograron ingresar los asambleístas Patricia Núñez, José Vallejo y Xavier Jurado, integrantes de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, que elaboró un informe sobre la crisis carcelaria.
PRIMICIAS, además, consultó sobre la realización y resultados de la entrevista entre los comisionados y Glas, a sus abogados y al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), pero nadie pudo confirmar si el diálogo se desarrolló.
La entrevista fue solicitada por Reneaum al embajador Carlos Játiva, representante Permanente de Ecuador ante la OEA. El objetivo era dar seguimiento a la medida cautelar que la CIDH otorgó a favor de Glas a finales de 2019.
La medida cautelar
El 4 de diciembre de 2018, la CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares de parte de Fausto Jarrín y Natasha Suñé, en favor de Jorge Glas.
El documento instaba a la Comisión que requiera a Ecuador la adopción de medidas necesarias para proteger los derechos de Glas, argumentando que sufre padecimientos crónicos de salud que requieren tratamiento y atención médica.
Además, argumentaron que está expuesto a amenazas dentro del centro penitenciario.
Un año después el organismo solicitó a Ecuador que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Glas y que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes.
Glas solicitó el traslado a la Cárcel 4 de Quito y algunas comodidades como preso, teniendo en cuenta que estudia una maestría. Pidió una celda individual con baño privado y acceso a comunicación permanente, pues cursa sus estudios en la noche.
Entonces, el gobierno de Lenín Moreno, aseguró que la CIDH se extralimitó en sus atribuciones, pero que cumplirá con la medida cautelar.
Casi dos años después de concedida esa medida, Glas sigue en la Cárcel de Latacunga. Por eso, sus coidearios piden a la CIDH que se insista en su traslado a la Cárcel 4, así como en sus otras solicitudes.
La decisión la tienen los comisionados, que durante su visita no han considerado una agenda de prensa. Por lo que su decisión se conocerá en el informe final de la gira por Ecuador.
Multa para abogados de Glas
Mientras en Latacunga Glas insistía sobre su traslado, en Quito estaba prevista una audiencia sobre la tercera sentencia en contra del exvicepresidente.
Se trata del Caso Singue, en el que el exfuncionario recibió un fallo condenatorio a ocho años de cárcel por peculado, de primera instancia. Glas y otros sentenciados apelaron esa condena.
La audiencia para tramitar ese recurso debió instalarse a las 14:00 en Quito. Sin embargo, se difirió por la ausencia de los abogados de Glas.
Ibeth Loaiza, abogada del exvicepresidente, sufrió un quebranto de salud y presentó un certificado médico que avala un reposo absoluto de cuatro días, por lo que pidió el diferimiento.
Luego de una breve deliberación, los jueces Felipe Córdova, Daniella Camacho y Luis Rivera informaron del diferimiento, pero impusieron una multa de USD 800 a cada uno de los otros dos abogados que Glas tiene acreditados y que tampoco se presentaron.
Cuando empezaron los líos legales de Glas, el exvicepresidente fue representado por Eduardo Franco Loor. Sin embargo, él dejó de figurar públicamente en la defensa luego de la sentencia de seis años por el caso Odebrecht.
Luego, la defensa la asumieron los hermanos Harrison y Cornelia Salcedo, además de Christian Romero. Pero, luego del asesinato del primero en abril de 2021, los otros dos también dejaron los casos del exvicepresidente.
Actualmente, Glas tien tres abogados acreditados: Ibeth Loaiza, Israel Montenegro y, un tercer abogado que -según el juez Luis Rivera- tiene los mismos apellidos que el exvicepresidente: Glas Espinel. Ninguno se presentó a la diligencia del Caso Singue.
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