Entre 2004 y 2022, en Ecuador ha habido 10 cambios en altas cortes de justicia ordinaria, constitucional y electoral. Todos operados desde el poder político.
Como “fenómeno recurrente“, así calificaron los jueces constitucionales Daniela Salazar y Alí Lozada Prado, la destitución de jueces de altas cortes en Ecuador.
Según los magistrados, “resulta excepcional que un integrante de una alta corte termine su período preestablecido en el ordenamiento jurídico”. Salazar y Lozada aseguran que esto sucede cada vez que hay un cambio en el control político del Estado.
La reflexión fue incluida por los magistrados en su voto concurrente de la sentencia 37-19-IN/21, de diciembre de 2021.
Con ese fallo, la Corte Constitucional (CC) declaró inconstitucional la evaluación y el cese de 26 magistrados de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en 2019.
Dos años más tarde de la evaluación y meses después de la sentencia, este documento es la principal prueba en el juicio político contra Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, y de los vocales Juan José Morillo y Ruth Barreno.
Así como de la expresidenta del Consejo de Judicatura, María del Carmen Maldonado.
El miércoles 31 de agosto de 2022, la Asamblea Nacional empezará la sustanciación del juicio. Si el correísmo, que es la bancada proponente, logra conseguir 91 votos, los tres integrantes del Consejo de la Judicatura serán destituidos.
10 cambios
Pero esto no es nuevo. Entre 2004 y 2022 ha habido 10 cambios en altas cortes de justicia ordinaria, constitucional y electoral. Todos operados desde el poder político de turno.
Cuatro sucedieron durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez, tres en el de Lenín Moreno, dos en la administración de Rafael Correa y uno en el periodo de Alfredo Palacio.
Las destituciones y reemplazos fueron organizados, en su mayoría, desde la Función Legislativa. El extinto Congreso Nacional (hoy Asamblea Nacional) votó por siete de esos 10 cambios.
Otros dos se hicieron desde el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que presidió el desaparecido Julio César Trujillo.
Ese Consejo se formó y obtuvo funciones extraordinarias, como la destitución de jueces y funcionarios, gracias a una consulta popular impulsada por el Gobierno de Moreno.
Y un cambio más partió desde el Consejo de la Judicatura (CJ), en 2019. Ese cambio en la Corte Nacional de Justicia también fue parte de los mandatos de la transición de Moreno y Trujillo.
Cuatro de estas destituciones afectaron a la justicia constitucional, tres a la ordinaria y tres a la electoral.
Además de los cambios en las altas cortes, los jueces Salazar y Lozada mencionan otro hito importante para la justicia operado desde el poder político.
El 2011, se dio la denominada “metida de manos a la justicia” durante el régimen de Rafael Correa.
A través de un referendo fue modificada la Constitución y se reestructuró la justicia. Así, entre 2010 y marzo de 2020, el Consejo de la Judicatura destituyó a 1.055 jueces e inició otros 1.899 sumarios.
Millonaria factura
Las destituciones de jueces en Ecuador han traído efectos importantes para el Estado, no solo en términos institucionales, sino también económicos.
En términos institucionales, por ejemplo, la última evaluación y cese de 2019 en la Corte Nacional podría significar la destitución de tres de los cuatro integrantes del actual Consejo de la Judicatura.
Además, Ecuador ha recibido dos condenas a nivel interamericano que incluyen indemnizaciones:
- Caso Camba Campos, por la destitución de los vocales del Tribunal Constitucional en noviembre de 2004. El pago ordenado fue de USD 2,2 millones.
- Caso Quintana Coello, por la destitución de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2004. La indemnización fue de USD 12,1 millones.
El cese de los vocales del Tribunal Supremo Electoral en 2004 fue visto como una vulneración a la independencia judicial en el informe de fondo emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2018.
Y por la evaluación de 2019, la Corte Constitucional dispuso el pago de una indemnización a los cesados todavía no determinada. Los exjueces afectados también llevaron sus reclamos ante la justicia internacional.
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