La Comisión de Fiscalización aprobó el informe, que acoge dos de las tres causales propuestas, con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención. El proceso pasará a análisis de los 137 asambleístas las próximas semanas. La Ministra de Gobierno es acusada de incumplimiento de funciones.
Nota actualizada a las 18:40 con las reacciones de la ministra Romo y el presidente Lenín Moreno.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó, este 5 de noviembre de 2020, el informe sobre el proceso de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Los legisladores recomiendan el enjuiciamiento político en el Pleno de la Asamblea.
El informe fue aprobado con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención. Creo, Revolución Ciudadana y el PSC apoyaron el informe.
La comisión hizo un análisis de las diferencias entre las responsabilidades jurídicas y políticas. Los legisladores concluyeron que la segunda se refiere a la “desconfianza que generan las actuaciones del funcionario público“, que calzaba para Romo.
Además, el informe respalda a la Policía y aclara que el proceso de juicio político contra Romo no es un cuestionamiento a los uniformados ni a su institución.
Roberto Gómez (ind.), Lourdes Cuesta (ind.) y Amapola Naranjo (RC) acusan a Romo de incumplimiento de funciones por sus actuaciones durante el paro nacional de octubre de 2019. El pedido de juicio político ingresó en enero de 2020 y estuvo represado durante meses.
Las conclusiones del informe
La comisión concluyó que hay una responsabilidad política de la ministra y que hubo incumplimiento de funciones en dos de las tres causales. Por esto, sugiere que Romo sea enjuiciada políticamente.
Los legisladores concluyeron que la Policía sí usó bombas lacrimógenas caducadas, que podrían ser “armas letales” por los efectos químicos y el paso del tiempo.
Sobre la afirmación de Romo de que el material caducado evitó que usen armas de fuego en el control de los disturbios en el paro, los legisladores cuestionan qué hubiera pasado si esas bombas lacrimógenas se hubieran dado de baja cuando debían.
Por tanto, el informe señala que Romo incumplió sus funciones en este punto, al violar dos artículos del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Estos hablan de los derechos de los servidores policiales, y de las faltas administrativas graves.
Sobre la segunda causal, el uso de bombas lacrimógenas en los alrededores de los albergues humanitarios, la comisión concluyó que “hay los indicios suficientes” para recomendar el juicio político ante el Pleno a la Ministra.
Los legisladores creen que Romo debe responder ante la Asamblea por “un atentado a la integridad y la vida” de grupos vulnerables.
Finalmente, sobre el Comité de Protección de Periodistas, el informe señala que esta no era su potestad sino de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Por tanto, esta causal no pasará al Pleno, aunque señalan que hay una “deuda” del Estado con los comunicadores.
Adicionalmente, el informe analiza el “uso excesivo de la fuerza”, y adelanta futuras protestas tras la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por ello, llaman al Gobierno a instaurar un diálogo y buscar consensos, para evitar nuevas “situaciones de indignación popular”.
Las respuestas desde el Gobierno
La ministra Romo respondió a la decisión de la Comisión de Fiscalización pocas horas después. Tras un evento en la Escuela Policial en Pusuquí, al norte de Quito, aseguró que la decisión fue “un triunfo a quienes esperaban que en octubre caiga la institucionalidad democrática”.
Señaló que el informe de la comisión “pone en duda la capacidad (de la Policía Nacional) para utilizar la fuerza“. Añadió que estará en el Pleno “para respaldar las decisiones operativas de la Policía”.
El presidente Lenín Moreno también reaccionó a través de su cuenta de Twitter y ratificó su apoyo a la Ministra.
Segundo intento de destitución
La ministra Romo ya enfrentó un proceso de juicio político que concluyó en diciembre de 2019, sin que pueda pasar al Pleno. En ese entonces, los mismos asambleístas interpelantes la acusaron de incumplimiento de funciones por los altos índices de inseguridad, la crisis carcelaria y el mal uso de bienes públicos, entre otros.
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