Desde las 08:30 del 3 de marzo de 2022, estaba prevista la audiencia de juzgamiento contra 11 personas por supuesta delincuencia organizada.
Pocas horas antes de la hora pactada para el comienzo del juicio por el denominado caso Las Torres, se completó el Tribunal que debía resolver el proceso. El sorteo de ley, realizado por la Presidencia de la CNJ, dispuso que el conjuez Javier de la Cadena sea el tercer juez.
Sin embargo, De la Cadena está actuando como encargado en el despacho de la jueza Mercedes Caicedo, quien está ausente por una licencia. Por esta razón, la causa recayó en Carlos Pazos, quien está reemplazando a De la Cadena.
Inicialmente, el Tribunal estaba integrado por los jueces Walter Macías, Iván Saquicela y Daniella Camacho. Saquicela se excusó por su condición de presidente de la Corte Nacional y su lugar fue asumido por el conjuez Adrián Rojas.
Rojas fue recusado por la defensa del excontralor Pablo Celi, pero esa demanda se rechazó.
Camacho, en cambio, se excusó argumentando una relación de amistad con Celi. Esa excusa -inicialmente- fue rechazada. Pero la Fiscalía recusó a la magistrada y, en la víspera del inicio, esa demanda se aceptó y Camacho quedó fuera del caso.
El nuevo problema es que la recusación de Camacho fue tramitada por el conjuez Pazos. Por esta razón, varios abogados de la defensa se opusieron a su participación en el juicio, ya que había resuelto una causa conexa.
Por estas consideraciones, cerca de las 10:30 del 3 de febrero de 2022, el juez Walter Macías comunicó la decisión de no instalar el juicio y solicitar a la Presidencia de la Corte un nuevo sorteo.
En este caso, 11 personas serán juzgadas. En la lista resaltan los nombres de:
- El excontralor Pablo Celi
- Pablo Flores, exgerente de Petroecuador.
- Esteban Celi, hermano del primero.
- Adolfo Agusto, hermano del exsecretario de la Presidencia (José Agusto), quien también formó parte del proceso, pero falleció en medio de la instrucción fiscal.
Según la Fiscalía, en la Contraloría, la Secretaría de la Presidencia y en Petroecuador funcionó una estructura de delincuencia organizada. Este grupo se dedicó a gestionar y cobrar sobornos a empresas proveedoras del Estado. A cambio agilizaban pagos atrasados y desvanecían glosas.
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