En entrevista con EFE, el presidente Guillermo Lasso habló del último paro nacional y de los resultados de las mesas de diálogo posteriores.
El presidente Guillermo Lasso insistió en que el paro indígena de junio ocasionó pérdidas de USD 1.000 millones para el país, la mitad por una interrupción de la producción petrolera y la otra mitad por cese de la actividad privada.
Entrevistado por EFE horas antes de que comience el periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, dijo que las protestas elevaron el "riesgo país" de 800 puntos al doble, "lo que representa un daño muy alto a la sociedad".
La promesa del Gobierno de preparar una "ley de consultas previas" antes de emprender nuevas explotaciones mineras o petroleras pararon en gran medida aquellas protestas, pero abrieron otros nuevos interrogantes o preocupaciones.
Uno de ellos es la posibilidad de que el ejército intervenga en caso de disturbios, ante lo cual Lasso quiso ser tajante y, aclaró que las Fuerzas Armadas solo intervendrán en la lucha contra el narcotráfico:
"Aquí hablamos de las grandes amenazas transnacionales, tráfico ilegal de personas y armas, no tiene que ver con el orden público".
"La consulta popular -que no es vinculante- tiene que ver con esa lucha contra el crimen organizado, que debemos continuarla, pero de forma mucho más fortalecida como sociedad (...) El pueblo, consciente de estos riesgos, apoya esta consulta popular", aseveró.
¿Y qué sucederá si una consulta popular arroja un resultado negativo para el Gobierno y hay en juego un proyecto de alto valor petrolero?
"Mi espíritu democrático será el de respetar esa consulta", afirmó Lasso, quien dijo además que las consultas que promueva "serán democráticas, no como las del Gobierno de Correa", que llevaba piquetes militares horas antes de la votación para influir en el voto, aseguró.
Vínculos con Correa
El presidente Lasso, dijo que la alianza de su antecesor Rafael Correa con los grupos indígenas que protagonizaron un levantamiento y graves disturbios el pasado verano se explica únicamente porque el exgobernante "utiliza su imagen" con "un único objetivo: lograr la impunidad para él y sus compinches", pero advirtió que "no se puede negociar con la impunidad".
Lasso tuvo durísimas palabras con Correa, "un ciudadano sentenciado por corrupción que no vive en Ecuador porque tiene miedo de ir a la cárcel", "un personaje antidemocrático" que durante su Gobierno "tuvo al sector indígena maltratado y vilipendiado".
"Con Correa no se puede dialogar, él solo tiene un objetivo: la impunidad de él y sus compinches (pero) quienes han cometido actos de corrupción y son sancionados deben cumplir sus penas y el Gobierno no puede estar negociando con la Justicia", dijo, descartando de plano cualquier idea de un indulto.
Reconoció, sin embargo, que hay una tendencia social y política "correísta" que consideró "un sector importante" en el país -de hecho, tienen mayoría parlamentaria- y que "no es responsable de las actitudes que en el pasado llevó a cabo su líder", y a estas masas "hay que comprender cuáles son sus aspiraciones y tratar de responder a ellas".
La crisis carcelaria
Los motines carcelarios y la violencia dentro de las prisiones han cobrado más de 400 víctimas mortales desde 2020. Para Lasso, este fenómeno se explica por "el disgusto de las mafias, que se expresa con violencia" ante los récords de incautaciones de droga de su Gobierno (300 toneladas en el primer año, que ha hecho de Ecuador el tercer país con más incautaciones, según el último listado de la oficina de la ONU sobre drogas).
Pero no negó que existan otras razones estructurales a la grave situación carcelaria, que se traduce en tres problemas: falta de un censo de población carcelaria en toda la historia de la república, hacinamiento del 20 % en las prisiones y un déficit del 50 % de guardianes de prisiones.
Al respecto, Lasso prometió tener listo en diciembre el primer censo de los reclusos del país, con sus identidades y condenas, reclutar nuevos guardianes penitenciarios que ya están siendo instruidos por la Policía Nacional y comenzar con una política de rehabilitación que se ha traducido hasta el momento en mil indultos.
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