La mayoría de casos de corrupción involucra a mandos medios

La Constitución y el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano consideran dos tipos de fuero para el procesamiento penal: provincial y nacional.

Esta distinción se refiere a la jurisdicción en la que los funcionarios públicos serán juzgados, cuando cometen un presunto delito en el ámbito de sus funciones.

El Presidente y Vicepresidente de la República, los ministros de Estado y los asambleístas tienen fuero nacional. Es decir, serán juzgados directamente por la Corte Nacional, sin importar la instancia.

Los alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales, en cambio, gozan de fuero provincial. En su caso, son juzgados directamente por la Corte Provincial.

La emergencia por el coronavirus, en Ecuador, ha destapado una ola de casos de corrupción cometidos en instituciones públicas a distintos niveles de Gobierno.

Por ahora, de los 45 casos de alto impacto que investiga la Fiscalía, solo uno es de fuero nacional.

Es el proceso por presunto tráfico de influencias que se sigue en contra de Alexandra Ocles, exdirectora del Servicio de Gestión de Riesgos, por la compra con de kits alimenticios con supuesto sobreprecios.

Además, hay cuatro casos con fuero provincial. Es decir, contra autoridades de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Los nombres de los procesados no se conocen porque los procesos siguen siendo reservados.

Pero la mayoría de casos, los 40 restantes, corresponden a un fuero ordinario. Es decir, apuntan a funcionarios de cargos de nivel medio en la escala jerárquica.

En medio de las investigaciones, si la Fiscalía encuentra suficientes indicios, podría vincular a nuevos procesados a los casos. Y en caso de que sean autoridades nacionales o provinciales, el proceso adoptará el fuero correspondiente.

Una nueva instancia

Los datos y detalles de los 45 casos de supuesta casos de corrupción, que está investigando la Fiscalía, los entregó la fiscal Diana Salazar, el lunes 1 de junio de 2020.

En el auditorio de la entidad, la funcionaria presentó a la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, que se encargará de investigar todos los casos de corrupción relacionados con la emergencia sanitaria.

La idea surgió porque de los 45 casos de corrupción, solo dos habían avanzado a la etapa de instrucción penal. Y los 43 restantes continúan en indagación previa.

Así funcionará y se conformará la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria:

• Fiscal General.
• Tres fiscales y sus respectivos de apoyo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
• Cinco fiscales de la Unidad de Lavado de Activos.
• Cuatro fiscales provinciales: Manabí, Carchi, Guayas y Chimborazo.
• 24 fiscales de apoyo, uno por provincia.
• Un experto en contratación pública.
• Dos expertos en análisis financiero.
• Unidad especializada de la Policía Nacional, con perfiles de varias unidades de investigación.

El objetivo es que los fiscales que forman la Fuerza de Tarea, radicados en Quito, se encarguen de los casos de la emergencia sin importar su procedencia. Los expedientes será enviados a la capital.

Para las diligencias de último momento o para los que los fiscales de Quito no puedan trasladarse, en cada provincia habrá un investigador de apoyo.

Menos impunidad

Con la creación de la Fuerza de Tarea, según Diana Salazar, se reducirá la impunidad.

Recordó, por ejemplo, casos emblemáticos que tuvieron que archivarse. Por ejemplo, del escándalo de los Panama Papers se desprendieron varios procesos pero solo avanzaron algunos y en otros ni siquiera se pidieron diligencias.

Al actuar en todos los casos de manera paralela, a través de la Fuerza de Tarea, se los podrá afrontar con la misma visión y procedimiento, sin importar la jurisdicción y el nombre de los procesados.

La Fiscal General indicó que por el momento el trabajo se ha enfocado en los allanamientos, porque ese es el procedimiento establecido en la ley.

La Fuerza de Tarea estará vigente hasta que se desarrollen todas las audiencias de juzgamiento de los casos. Por esta razón, esta instancia investigará solo los procesos relacionados a la emergencia.

Por ejemplo, el reciente escándalo de corrupción en Manabí, que involucra al asesor del asambleísta oficialista Daniel Mendoza, no forma parte de estos casos. Esto porque la Fiscalía empezó a investigar el caso meses antes de la emergencia sanitaria.

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