En 72 días, del 18 de marzo al 29 de mayo de 2020, los gobiernos autónomos descentralizados son el sector que más ha gastado por la emergencia del Covid-19.
En lo que va de emergencia sanitaria, según el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), el Estado ha contratado USD 146,6 millones para combatir al coronavirus.
Si bien a la pandemia se la enfrenta principalmente en el campo médico, no es la Red Pública de Salud la que más recursos ha utilizado durante la crisis.
El sector que más gastos ha hecho es el de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), que agrupa a municipios, prefecturas y gobiernos parroquiales.
Estas entidades suman USD 73,9 millones en contratos por la emergencia, lo que representa el 50,44% del monto total.
Pero, además del monto contratado directamente por los GAD, están las compras realizadas por las empresas públicas que dependen económica y administrativamente de los propios gobiernos autónomos.
Estas empresas públicas han comprado USD 5,3 millones. Es decir, en total, los gobiernos seccionales han gastado USD 70,2 millones, que representa el 54% del total de las compras del Estado.
¿Cuáles GAD compran más?
Ecuador tiene 1.067 gobiernos autónomos descentralizados.
- 23 Prefecturas.
- 221 Municipios o Alcaldías.
- 823 Gobiernos Parroquiales.
De este número, el 40% ha hecho contrataciones en lo que va de la emergencia. El 78% de las prefecturas, el 76% de los municipios y el 30% de los gobiernos parroquiales.
Cómo es de esperarse, los gobiernos autónomos que más contratan son los más grandes y los que más habitantes tienen: se trata de los municipios de Guayaquil y Quito.
En la lista de los que más gastan también aparecen la Prefectura del Guayas y el Municipio de Daule, que son de los territorios con más afectación por el Covid-19 en el país.
PRIMICIAS le presenta un gráfico con el monto que gastó cada GAD del país en lo que va de la emergencia:
Se delegó hasta la corrupción
A pesar de que según la Constitución y las leyes del país la salud es una responsabilidad del Gobierno central, la crisis por el coronavirus alteró el funcionamiento de esta lógica.
El temor por la propagación del virus y la delegación del Gobierno para que los órganos cantonales decidan sobre el sistema de semaforización de cada ciudad, entre otros factores, hicieron que los Municipios y las Prefecturas se involucren más en las tareas sanitarias.
Entre los contratos, resaltan grandes compras de pruebas rápidas y PCR para detectar el Covid-19, insumos médicos y de bioseguridad, entre otras cosas.
El manejo de más recursos en los gobiernos seccionales, tal parece, también sugirió una especie de delegación de los casos de corrupción.
Si bien al inicio de la emergencia, los primeros casos de mal uso de recursos públicos apuntaron a los hospitales y al Servicio de Gestión de Riesgos, ahora la mirada se vuelca hacia los GAD.
Hasta el 17 de mayo, según datos de la Fiscalía General del Estado había investigaciones por presunta corrupción relacionada con la emergencia en 19 de las 24 provincias del país y en 38 de los 221 cantones.
Además, el contralor Pablo Celi solicitó que todos los funcionarios públicos del país, incluyendo a los servidores de los GAD de los tres niveles, presenten una nueva declaración patrimonial.
Los dos casos más sonados apuntan al Municipio de Quito y a la Prefectura del Guayas.
El 27 de mayo de 2020, la Fiscalía y la Policía allanaron cuatro inmuebles en la capital por un supuesto sobreprecio en la compra de 100.000 pruebas de detección de Covid-19 en el Alcaldía de la capital.
El escándalo desembocó en la desvinculación de varios funcionarios de la Secretaría de Salud del Municipio, incluyendo a su titular, Lenín Mantilla.
Miembros de la Fiscalía y Policía allanaron el inmueble de un proveedor del Municipio de Quito, el 27 de mayo d 2020. Cortesía
Miembros de la Policía Nacional revisan documentación en la Prefectura del Guayas este 27 de mayo de 2020. Cortesía Fiscalía
Mientras tanto en Guayas, el mismo día, un equipo de policías y fiscales allanó las instalaciones de la Prefectura en busca de información por un supuesto sobreprecio en la compra de mascarillas y pruebas rápidas.
La Fiscalía investiga un presunto delito de peculado en la adquisición de insumos médicos por USD 585.000, según consta en el portal del Servicio de Contratación Pública (Sercop).
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